Menos de un mes después de haber sido detenido por corrupción, en abril de 2010, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, intentó convertirse en gerente de una entidad pública dependiente del Gobierno vasco, en concreto Aiara Haraneko Industrialdea, que era el puesto que tenía antes de ser nombrado como diputado foral en el gabinete de Xabier Agirre. La plaza ya tenía un titular -Gentza Alamillo, con quien mantenía una relación de confianza- y, al quedar denegada la solicitud, se formalizó un despido improcedente que le generó una indemnización de 25.325,55 euros.
Hasta ahora, el relato más o menos oficial sobre aquellos hechos es que el político disponía de dos posibles salidas laborales tras haber sido denunciado por liderar una trama de cobro de comisiones ilegales y manipulación de contratos. Una era el Industrialdea, que cuelga de Sprilur, y otra la entidad IKT, actual Hazi. En ningún momento se había puesto el acento que De Miguel quiso regresar a su puesto de alta dirección, en el que tenía una nómina el doble de alta que la de IKT, concretamente de 54.594,46 euros.
La información enviada ahora al Parlamento Vasco por el área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de la que dependen todas estas sociedades, indica que fue “imposible” acceder a las pretensiones del entonces investigado en 2010. Así se acordó en una reunión a la que asistieron, además de Alamillo y de la letrada asesora Petra Arigita, los consejeros Mikel Oregi, Juan Carlos Asín, Itziar Gonzalo (del PNV, ahora diputada) y Pablo Isasi (alcalde de Amurrio en la época). Josu Estarrona de EH Bildu había solicitado estos datos.
Es eso lo que le obligó a tocar la puerta de Hazi, donde apenas había trabajado un año entre 2000 y 2001, cuando saltó a las Industrialdeak. Toda esta promoción laboral coincidió en el tiempo con su designación en 2000 como secretario del Araba Buru Batzar, el segundo puesto en el organigrama del partido.
Cerrada la vía de los Industrialdeak -el contexto era diferente ya que el PSE-EE controlaba entonces el Gobierno vasco- llegó a lo que luego sería Hazi con un salario de 27.000 euros, aproximadamente, y funciones de informático. Pero ha terminado su periplo con unos honorarios muy similares a los que habría tenido como gerente en la otra entidad. En concreto, el último dato conocido elevaba su salario a 57.407,45. Estaba habilitado a la máxima categoría interna (la A) y ejercía funciones de “coordinador” de un grupo pesquero llamado Itsas Garapen Elkartea, donde figuraba precisamente como “gerente” en algunos documentos.
Finalmente, en marzo de 2023, trece años menos un día después de su arresto, el Gobierno ha decretado su despido de la Administración tras haber recibido la notificación de la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el caso que lleva su apellido. Según prometió la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, esta salida no implicará una nueva indemnización.
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