El Ayuntamiento de Orduña va a ejercer la insumisión ante Kutxabank. Su alcalde Carlos Arranz (Bildu) ha anunciado que dejará de pagar parte de los créditos contraido con la entidad bancaria por su deuda de 5,4 millones de euros. El 90% de este dinero procede de Kutxabank. El mandatario dice que ha adoptado esta decisión “forzado” por esa elevada deuda que arrastra el Consistorio y ante la “falta de respuesta” por parte de la Diputación foral de Bizkaia.
“No es una reacción ni un acto precipitado, es una decisión consciente fruto de la reflexión al ver que no nos queda otra salida si queremos garantizar los salarios de los trabajadores, el mantenimiento de los servicios públicos y el pago a los proveedores”, ha señalado en conferencia de prensa en Bilbao el alcalde del municipio vizcaíno, Carlos Arranz, que ha comparecido acompañado por el juntero de Bildu, Joseba Gezuraga y la concejal de Cultura de Orduña, Naiara Merino.
Según ha detallado el regidor, la carga financiera que supone la deuda con Kutxabank asciende a 500.000 euros anuales, y que, dependiendo del Euribor, cerca de 200.000 euros corresponden a intereses. Además, el Consistorio ha optado por no renovar una línea de crédito suscrita con la entidad, y ha decidido “no pagar, de momento” una letra de un crédito hipotecario que vencía este mismo miércoles.
“Estas son las primeras medidas que vamos a tomar”, ha señalado Arranz, quien ha añadido que “si se empiezan a vislumbrar soluciones” se procederá a reanudar el pago de la deuda con la entidad financiera. En este sentido, ha solicitado la “implicación real” de la institución foral en el problema financiero de Orduña.
En cualquier caso, el Ayuntamiento ha anunciado que trabajará para que Kutxabank, una entidad “pública y con una función social”, no aplique la “letra pequeña” de los créditos para evitar “poner en jaque” a la institución municipal y los servicios que ofrece a sus vecinos.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende defender los principios expresados en el manifiesto aprobado el mes pasado por el Pleno municipal y suscrito por los trabajadores dependientes del Ayuntamiento, los alcaldes pedáneos, más de 30 asociaciones locales y la plataforma ciudadana “Urduñak merezi du”, y que, en la práctica, supone pasar de “incumplir” una Ley a “desobedecerla abiertamente”, al no priorizar el Ayuntamiento el pago a la deuda pública sobre el resto de obligaciones.
Cuestión de números
“Hemos intentado buscar alternativas a esta situación -ha señalado-, pero llega un momento en que pagas una cosa o pagas la otra”, ha insistido, para añadir que “es una cuestión de números” y “ahora ha llegado el momento, en junio de 2013”.
Pese a mantener durante dos años conversaciones con la entidad financiera, la cual ofrecía al Consistorio diferentes propuestas de renegociación de las condiciones de los créditos, Arranz ha señalado que todas estas propuestas “dejaban mal parado” al Ayuntamiento siempre que no hubiera una medida “que apoyase estas operaciones por la vía de la reducción de deuda”.
Cuestionado sobre si el Gobierno municipal teme que la Diputación proceda al bloqueo de las cuentas municipales o una hipotética intervención foral, Arranz ha matizado que la Ley “sí lo recoge”, aunque ha delegado en la institución foral esta posibilidad.
En este sentido, el juntero Gezuraga ha apuntado que “hasta el momento la Diputación siempre ha expresado que no era su voluntad intervenir en ninguno de los ayuntamientos”, si bien ha identificado una “responsabilidad histórica” en la institución territorial, la cual “ha consentido una gestión paralela que nos ha traído a esta situación”.
Sin respuesta foral
El alcalde de Orduña ha recordado el último plan de viabilidad presentado por el Consistorio, consistente en la firma de un convenio con la Diputación para buscar la financiación necesaria de cara a eliminar la mitad de la deuda municipal -2,3 millones de euros- con cargo a la posible venta del edificio de La Aduana, cuyo valor estimado según un informe municipal es de 7,9 millones de euros. “En 17 días no hemos recibido respuesta alguna por parte de la institución”, ha lamentado. Las únicas manifestaciones públicas realizadas por parte de la Diputación a este plan las realizó hace dos semanas el portavoz foral, Unai Rementeria, quién calificó la iniciativa municipal de “irreal”.
En este contexto, el máximo representante municipal ha considerado que el hecho de poner el edificio de La Aduana en venta “no soluciona nada si no existe comprador”, y que no es una decisión que deba tomarse “a la ligera”. A su juicio, lo “preocupante” es que ya han pasado dos años desde que el Ayuntamiento “llamó a la puerta” del ente foral
Tras manifestar que en esos ejercicios el Ayuntamiento ha llevado a cabo “ajustes” para reducir los gastos de funcionamiento municipal en un millón de euros, Arranz ha señalado, sin embargo, que “a día de hoy Orduña no puede hacer frente a sus obligaciones por sí sola”.
Ante esta situación, ha indicado, el Ayuntamiento “se ha visto forzado a elegir entre quién debe cobrar primero y a quién debemos aplazar los pagos”. “Nosotros lo tenemos muy claro”, ha asegurado, para añadir que el Consistorio “priorizará el pago a los trabajadores frente a los bancos”.
Por todo ello, han pedido la “implicación real” a la Diputación al entender que “dejar que corra el calendario” no es una opción “para nadie”. “Ahora es la Diputación quien debe responder”, ha subrayado el primer edil. Según ha explicado, con la medida anunciada de no pagar parte de los créditos bancarios vigentes con Kutxabank “se garantiza” el pago tanto a trabajadores como a proveedores de cara a lograr el mantenimiento de unos servicios públicos “a los que los vecinos tienen derecho y a los que no podemos renunciar”.