La nómina del condenado De Miguel en el Gobierno vasco: 57.400 euros, máxima categoría y funciones de “coordinador”

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha enviado al Parlamento Vasco, a instancias de los grupos de la oposición EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, información detallada sobre la situación laboral de Alfredo de Miguel en la fundación Hazi, una sociedad pública autonómica. El ex 'número dos' del PNV de Álava, para el que el Tribunal Supremo ha confirmado una pena más de doce años de cárcel por haber liderado una trama de corrupción, había logrado mientras estaba siendo investigado, juzgado e incluso condenado en primera instancia alcanzar 'de facto' la máxima categoría en ese organismo, la A, ejercer funciones de “coordinación” y representación en materia de Pesca y percibir un salario de 57.407,45 euros cuando el asignado a su nivel profesional real, el C, era de 35.000 euros en el convenio vigente cuando fue juzgado, en 2018. Otra lectura es que su salario ha subido en 5.000 euros desde 2019, alrededor de un 10%, a pesar de que ya pesaba sobre él una condena por delitos como malversación, cohecho, blanqueo o asociación ilícita.

De Miguel fue despojado de sus cargos públicos –era diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo)– y asimilados –vicepresidente de Caja Vital Kutxa– cuando en marzo de 2010 fue arrestado por orden judicial, el momento en el que se conoció el origen del que luego se acabaría convirtiendo en el mayor sumario de corrupción en Euskadi. Meses después, ya en 2011, fue suspendido también en el partido. Sin embargo, gozaba de dos excedencias en sendas entidades públicas que le sirvieron de colchón laboral. La primera era en la sociedad pública Sprilur, en concreto en Industrialdeak. Trabajó ahí antes de dar el salto a la Diputación. La segunda excedencia era en una entidad llamada IKT. Obtuvo la plaza cuando dejó de estar liberado en EGI, las juventudes del PNV, y fue nombrado 'número dos' del partido en Álava, allá por el año 2000. En diciembre de 2012 IKT y otras sociedades públicas se fusionaron y nació Hazi. Y De Miguel no solamente entró en Hazi, sino que cobró una indemnización de 22.000 euros públicos al liquidar su excedencia con Sprilur. 

Según los datos remitidos a la Cámara, el puesto de trabajo “consolidado” de De Miguel es de “categoría C”, la tercera de cinco posibles en Hazi. Ahora bien, “desde 2015 sustituye de manera temporal a una persona en excedencia forzosa” y, “como consecuencia de un concurso interno en concurrencia competitiva cuyo proceso fue avalado por el propio comité de trabajadores”, según recalca la consejera Arantxa Tapia, saltó en 2017 a la “categoría B”. Sin embargo, se da la circunstancia de que “de manera interina y mientras dure la excedencia forzosa indicada, ocupa un puesto de categoría B con un complemento de funciones hasta la categoría A”. ¿Cómo se traduce eso? Que a su “salario base” de 39.273,78 euros se le añade un “complemento de interinidad” de 11.221 euros, a los que se suman la antigüedad (5.787,04 euros) y un 2% en concepto de pago al plan de pensiones privado de los funcionarios vascos, Itzarri (1.125,63 euros). Los datos son del ejercicio fiscal 2022, un año en que, además, la cotización realizada a la Seguridad Social con cargo a la empresa ascendió a 15.696,72 euros.

Días antes de que el Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava en casi todos sus extremos y, en el caso de De Miguel, viera probados varios delitos de corrupción penados con doce años de prisión (nueve de cumplimiento efectivo), este periódico reveló que en los últimos meses el exdirigente 'jeltzale' había asumido funciones de “gerente” o “manager” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea, un grupo local del sector que cuelga de Hazi y en el que colaboran las cofradías. Las palabras “gerente” y “manager” son las que aparecían en documentos oficiales, pero el Gobierno de Iñigo Urkullu siempre ha negado que tenga funciones de responsabilidad. “Usted sabe que ninguna persona condenada en firme, tampoco el señor De Miguel, ha actuado como representante del Gobierno vasco. Sabe a ciencia cierta que no es verdad, pero lo sostienen”, le dijo este mismo viernes el lehendakari a PP+Cs en la sesión de control al Gobierno que celebró el Parlamento.

La documentación conocida ahora indica que “las labores propias del puesto” de De Miguel en Hazi son las de “liderar” la planificación y puesta en marcha de proyectos, “participar” en la “gestión” de ayudas económicas relacionadas con el medio rural y litoral (incluidos fondos europeos) o “liderar” programas “estratégicos”, entre otras. Ejerce, en suma, como “coordinador” de Itsas Garapen Elkartea, admite el Gobierno. Esta entidad tiene un presupuesto de “funcionamiento y animación” de 276.969 euros.

Desde este puesto, De Miguel ha realizado viajes oficiales, participado en reuniones interterritoriales con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso recogido premios a iniciativas innovadoras del mundo de la pesca en Euskadi, como está documentado en fotografías y vídeos oficiales. “El señor Alfredo de Miguel, cuando ha acudido a conferencias o cursos, siempre ha actuado en nombre de Itsas Garapen Elkartea y NO en el suyo propio”, explica el Gobierno poniendo la negación en mayúsculas.

Se da la circunstancia de que el convenio colectivo también aporta algunos datos sobre las funciones del personal de categoría A, como De Miguel. Refiere que “asume la responsabilidad máxima/última en todo aquello que atañe a su ámbito de conocimiento dentro del área en la que opera”, que “es el puesto referente (con autoridad reconocida) en temas/ámbitos relevantes, prioritarios, y/o estratégicos para Hazi”, que “posee la máxima capacidad de influencia en el desarrollo y mantenimiento de relaciones estratégicas/de alto nivel”, que “lidera el asesoramiento y acompañamiento en la planificación y en la puesta en marcha de las políticas y acciones estratégicas en la materia propia de su área” y que “colabora con la dirección de la fundación Hazi y con el correspondiente Departamento o Viceconsejería”. 

El Gobierno vasco tiene decidido ya el despido de De Miguel a la luz de la sentencia del Supremo que confirma que lideró una trama de empresas dedicadas al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos teledirigidos. El convenio vigente cuando se conoció la sentencia de primera instancia ya contemplaba un posible despido en casos de “condena por delito de robo, hurto o malversación, cometidos fuera de la empresa” siempre que fuese “de duración superior a seis años”. No se aludía a sentencia “firme”, como sí recogen otros convenios de modo expreso, pero un informe jurídico aconsejó al Ejecutivo a esperar a la respuesta a los recursos ante el alto tribunal. Desde entonces, la retribución ha pasado de 52.000 euros a los más de 57.000 actuales.

Ahora ya es pública la resolución definitiva, pero no es firme por la petición de nuevas aclaraciones realizada por otro de los condenados, el exedil del PNV en Leoia Iñaki San Juan. Temporalmente, Hazi mandó a teletrabajar desde su casa a De Miguel en previsión de que la notificación de la sentencia firme fuese cuestión de días, pero ese trámite se está alargando y, de momento, no hay fecha para ello.

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