Nueva imputación contra dos excargos de Medio Ambiente en Euskadi por las emisiones de Glefaran en Güeñes
Tras una segunda denuncia de la plataforma Güeñes Bizia, los socialistas Iván Pedreira y Elena Moreno, que ocupan otras responsabilidades en el Gobierno vasco, han declarado una vez más ante un juzgado y ahora se les investiga por un delito ecológico
Según fuentes judiciales, esta segunda imputación viene motivada por una comunicación realizada hace cuatro años, en 2018, por Güeñes Bizia. Se fundamenta en que Medio Ambiente habría admitido para Glefaran la misma autorización ambiental integrada (AAI) que tenía la empresa que se ubicaba con anterioridad en el mismo emplazamiento, Pastguren. “Es algo que no se puede heredar” de una papelera a una planta con otra actividad, como es la producción de energía, indican desde esta organización vecinal, muy activa en redes sociales o YouTube. Además, acusan al Ejecutivo de no haber cumplido con sus obligaciones de “control” de la actividad contaminante de los nuevos inquilinos.
Este periódico adelantó en septiembre la primera de las denuncias, si bien su registro es posterior en el tiempo a la que ahora se ha sustanciado. Güeñes Bizia, de hecho, se queja de la lentitud de la tramitación de todos los procedimientos abiertos. ¿En qué se fundamenta? Cuando en 2018 se sucedieron las denuncias vecinales después de que las calles se llenaron de cenizas, se llegó a temer que las partículas pudieran ser incluso “cancerígenas”. Pero Medio Ambiente incidió en que eran “molestas” pero no “tóxicas” esas emisiones y, de hecho, emitió un informe certificando la calidad del aire. Güeñes Bizia, en cambio, recalca que los informes favorables eran arbitrarios, sin base probatoria. Y añade que llegaron en una fecha clave, en vísperas de las elecciones municipales de 2019.
En su momento, fuentes del Ayuntamiento de Güeñes indicaron a elDiario.es/Euskadi que se realizaron durante meses mediciones de partículas con equipos de Medio Ambiente y admiten que en esos partes no constaban los resultados detallados sobre benzopirenos y metales pesados, que son contaminantes. Sin embargo, indicaron que esos datos sí se recogían puntualmente y que se enviaban a analizar a un laboratorio de Salud Pública capaz de interpretarlos. Ese trabajo se hizo y los resultados fueron favorables, siempre según estas fuentes. Además de Pedreira y Moreno, en este caso fue citado igualmente el que en aquel momento era alcalde de Güeñes por el PNV, Imanol Zuluaga.
La Comisión de Ética da el visto bueno a su continuidad en el Gobierno
Iván Pedreira es ahora director de Planificación de Transportes también con Arriola como consejero. Tras las elecciones y la crisis de Zaldibar, el PNV asumió esas competencias de Medio Ambiente en sustitución del PSE–EE, quien se quedó con las de Transportes. Dentro de las tres áreas dirigidas por los socialistas en el Gobierno de coalición, Elena Moreno pasó a ser directora de Comercio con el consejero Javier Hurtado. Con anterioridad, había sido igualmente directora de la academia de la Ertzaintza en Arkaute. Imanol Zuluaga, por su parte, es ahora jefe del gabinete de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.
Como es obligación en caso de imputación judicial, los tres altos cargos han ido comunicando su situación procesal a la Comisión de Ética del Gobierno vasco, un órgano presidido por la consejera Olatz Garamendi. En los últimos días, de hecho, ha hecho públicas dos resoluciones en las que avala por segunda vez la continuidad en el cargo de los socialistas Pedreira y Moreno a la luz de los nuevos acontecimientos. Mantiene su jurisprudencia previa y sostiene que solamente es recomendable el cese y de manera “cautelar” –reversible en caso de sentencia no condenatoria– en caso de que la investigación desemboque en la celebración de un juicio, algo que este órgano político se permite situar “lejos” en el tiempo. Recomendar ahora un cese o destitución sería tanto como extraer conclusiones sobre unos hechos que aún no han sido esclarecidos, suele emplear como línea argumental habitual la Comisión de Ética.
Cuando se produjeron las declaraciones judiciales de septiembre solamente Zuluaga había visto resuelto el trámite de tener el pronunciamiento sobre su situación por parte de la Comisión de Ética, que emitió su dictamen antes de la comparecencia. En el caso de Pedreira y Moreno, los dictámenes fueron muy posteriores, como ha ocurrido ahora. Fuentes del entorno del primero recalcan que pidió en enero el plácet de la Comisión de Ética y que ha recibido la respuesta en fechas muy recientes. La oposición y particularmente EH Bildu han cuestionado los retrasos y funcionamiento de este organismo en el Parlamento Vasco.
Glefaran, por su parte, ha cuestionado la “falta de rigor” de las denuncias públicas o judiciales de Güeñes Bizia. En 2019, por ejemplo, hizo público un comunicado según el cual se producción de energía eléctrica renovable evitó en 2018, el año de la polémica, la emisión a la atmósfera de 9.080 toneladas de CO2. “Equivale a evitar las emisiones de todos los turismos de Zalla y Güeñes durante 242 días, todos los de Bizkaia durante 3,4 días y todos los de la comunidad autónoma vasca durante 1,8 días”, adujeron. “Glefaran es un proyecto basado en la biomasa, la energía renovable y la bioeconomía”, enfatizaban en el momento de que se sustituyera la vieja papelera.
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