La nueva ley vasca de Memoria Histórica prevé sanciones administrativas de hasta 10.000 euros por blanquear el franquismo

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Memoria Histórica de Euskadi. Llega una semana después de la reforma presentada por el Ejecutivo central y en fechas próximas al 85 aniversario del golpe de Estado que desembocó en la Guerra Civil y en la dictadura franquista. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha solemnizado que sus objetivos son “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”. Entre las medidas contempladas se prevé un control administrativo -complementario al penal- de los mensajes de exaltación de la dictadura y de blanqueamiento del golpe de Estado y se prevén sanciones de hasta 10.000 euros y, en caso de “reincidencia”, de hasta 150.000 euros.

Esta norma ahora será remitida al Parlamento Vasco y, salvo sorpresa mayúscula, será aprobada con la mayoría absoluta de la que disponen PNV y PSE-EE. Se da la circunstancia de que en la pasada legislatura este prometido proyecto de ley no llegó a ser tramitado. Sí se hizo público un borrador, aunque aquel documento recibió aportaciones de algunas entidades sociales. Además, nacionalistas y socialistas bloquearon propuestas surgidas de la oposición e incluso se quedó en el camino una iniciativa legislativa popular (ILP). En total, fueron cuatro las propuestas que quedaron frustradas entre 2016 y 2020, una conjunta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, dos separadas de cada una de esas formaciones y la propia ILP.

Defiende el Gobierno de Iñigo Urkullu que el retraso -la primera ley estatal es de 2007- no supone que no se haya trabajado esta materia desde las instituciones vascas. Se puede leer en el proyecto de ley presentado este martes que “no inicia la actuación pública e institucional en esta materia en el vacío, sino que, más bien, supone un nuevo paso que consolida normativamente, promueve y amplía el volumen de actuaciones desarrolladas hasta el momento”. Y añade: “Ya en la década de los 80 se configuran las primeras actuaciones con una vocación claramente reparadora de algunas de las consecuencias personales y profesionales de la Guerra Civil y la represión posterior. […] Pero sería con el cambio de siglo cuando se intensificaron este tipo de políticas públicas, haciendo eco de las iniciativas que empezaron a promover las asociaciones memorialistas. A partir de este momento, las políticas públicas adquirieron mayor visibilidad social al tornarse la mirada a la recuperación de restos y apertura de fosas”.

“El camino de la recuperación de la memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo no empieza hoy con este anteproyecto. Desde finales de los años 70 y principios de los 80 han sido numerosas y significativas las iniciativas relacionadas en Euskadi con la memoria histórica”, ha apostillado la consejera Artolazabal. Ha destacado el papel central que se atribuye al Instituto de la Memoria (Gogora), fundado en 2014 y que también gestiona las políticas autonómicas relacionadas con el terrorismo (de ETA y de otros grupos como el GAL) y con las víctimas de violencia policial. Está dirigido por Aintzane Ezenarro y dispone de un consejo en el que están representados todos los grupos parlamentarios, incluido el de PP+Cs.

De hecho, la ley atribuye a Gogora la decisión sobre las multas de hasta 100.000 euros previstas en la ley, incluidas las sanciones administrativas por exaltación de la dictadura. Se tipifican así: [Es sancionable] “utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la dictadura franquista en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales, así como cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo, cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio; las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios y funcionarias de la administración de la comunidad autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la dictadura; la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial; [y] promover distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”.

Estas infracciones tienen la consideración de “graves” salvo si suponen “reincidencia”. Las “muy graves” son las siguientes: “La realización de excavaciones incumpliendo lo dispuesto en el artículo 17.1; la destrucción de fosas de víctimas en los terrenos incluidos en los mapas de localización a que se refiere el artículo 16 o en un lugar, espacio o itinerario de Memoria Histórica de Euskadi; [y] la destrucción u ocultación de documentación relevante para la investigación y conocimiento de la verdad”. También es sancionable no comunicar el hallazgo de restos humanos -hay que hacerlo a la Policía y ésta intervendrá previa comunicación a Gogora y de la Justicia- (falta grave) o dañar espacios memorialísticos (falta leve). El Consejo de Gobierno será el competente para las multas de más de 100.000 euros.

La ley prevé también el desarrollo del censo de víctimas de la dictadura y su reconocimiento oficial, si bien no generará derecho a compensaciones económicas. Para ellas habrá un día de recuerdo y la memoria histórica será reforzada dentro del currículum educativo. ¿Y quiénes son víctimas? El texto hace un ejercicio de desglose exhaustivo de los diferentes afectados por el golpe de Estado, la Guerra Civil y la posterior dictadura. En general, se indica que “se considera destinataria a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos”. En concreto, se precisa que son víctimas: los asesinados en bombardeos, “ejecuciones extrajudiciales o sumarísimas”, los fallecidos en prisión, los desaparecidos, los torturados, los deportados, los exiliados, los obligados a trabajos forzosos o internados en campos de concentración y exterminio -“dentro o fuera del País Vasco”-, los represaliados “económicos” con multas o incautaciones o los “depurados” por ser cargos de la II República -especialmente los maestros-. Se habla de partidos, organizaciones, sindicatos y hasta de logias masónicas. Se concreta que habrá perspectiva de género para sacar a la luz los padecimientos específicos de las mujeres, así como también de homosexuales y otras minorías.

Artolazabal ha explicado que se buscar dar cobertura legal al banco de ADN, que recoge muestras de los restos óseos hallados en fosas y de familiares de desaparecidos para tratar de cruzar datos. Se seguirá apostando por la localización de personas trasladadas al Valle de los Caídos. También habrá un “Centro Documental de la Memoria Histórica”, un catálogo de “lugares, itinerarios y espacios” memorialísticos y una nueva comisión asesora, con participación de las entidades sociales, entre otras propuestas. Se insiste también en la obligatoriedad de la retirada de simbología franquista y de los honores y menciones a cargos de la dictadura.

“La memoria, la vedad y el reconocimiento a las víctimas son y han de ser patrimonio de todos”, ha enfatizado Artolazabal, que ha destacado que “la base de datos sobre las víctimas” tiene “más de 20.000 registros personalizados”. La titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha remarcado también que “la memoria no puede ni debe ser instrumento de división y de confrontación”. “[Hay que] Fomentar principios y valores éticos y democráticos, la dignidad de todas las personas, los derechos humanos, la cultura de la paz, la convivencia, el pluralismo político y la igualdad de género, frente a los discursos de la exclusión, la intolerancia o la negación”, ha remachado.