Dos nuevas investigaciones judiciales por contaminación ambiental señalan a la incineradora de Gipuzkoa

La incineradora del denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, sito en Zubieta y gestionado por la entidad GHK (Consorcio de Residuos de Gipuzkoa por sus siglas en euskera) a través de la concesionaria Ekondakin y la operadora Ekobal, se enfrenta a nuevas investigaciones judiciales. Si ya estaban bajo la lupa vertidos a la regata Arkaitzerreka por la elevada mortandad de peces -la Guardia Civil alertó de la posible presencia de sustancias cancerígenas en las aguas-, ahora la Fiscalía ha elevado a un juzgado por posibles indicios de delito dos nuevas denuncias de la plataforma opositora GuraSOS. Una de ellas hace referencia a la existencia de un aliviadero “clandestino” que expulsa “residuos peligrosos” y “tóxicos”. La segunda es relativa a que, aparentemente, la instalación logró la autorización ambiental aunque GHK plasmó por escrito en su documentación presentada a Medio Ambiente del Gobierno vasco que carecía de un sistema automatizado que impida la quema de residuos cuando se superen determinados valores ambientales.

Los primeros hechos fueron publicados en 'Berria' y GuraSOS los llevó a la Fiscalía. En menos de un mes de preinvestigación, el ministerio público ha hallado base para analizar si esa conducción “clandestina” comporta un delito de “prevaricación ambiental”, que implica de seis a tres años de cárcel. El plazo ordinario para estos procesos es de seis meses. “Es muy evidente a simple vista”, ha dicho GuraSOS en una rueda de prensa este jueves. Señalan, además, que “necesariamente” tuvo que ser “advertida en las inspecciones”. Remarca esta organización, cuyo abogado es Joseba Belaustegi, que el inspector del área de Medio Ambiente del Gobierno autonómico es Hipólito Bilbao y que “se da la circunstancia de que es el mismo técnico que elaboró las actas de inspección del vertedero de Zaldibar antes de su colapso”. Sostiene GuraSOS que la actividad de la incineradora -defendida siempre por la Diputación de Gipuzkoa, que recalca que solamente es una de las patas de un complejo mayor- está ya suscitando “preocupación” ciudadana en Zubieta y “localidades aledañas” al complejo. “Desde sus propios comienzos, lo que ocurre en la incineradora es de juzgado de guardia”, entiende GuraSOS, que aventura nuevos “capítulos” de irregularidades en torno al proyecto.

En la documentación que obra ya en poder del juzgado, se indica que “es evidente que el agua del fondo de la conducción de gases que se está drenando lleva estas cenizas o partículas tóxicas circulantes en suspensión, que además contiene dioxinas y furanos”. Sobre los furanos, se hicieron objeto de comentario en Euskadi precisamente cuando cayó Zaldibar, ya que eran emitidos por los fuegos en la masa de residuos que se desprendió. El entonces responsable de Salud Pública, Juan José Aurrekoetxea, que luego desapareció con la llegada del COVID-19 a pesar de sus altas responsabilidades en la materia, 'tranquilizó' a la población señalando que Rusia trató de asesinar al expresidente ucraniano Victor Yushchenko con sustancias similares a las que emanaban de Zaldibar pero que no consiguieron su objetivo, 'solamente' “desfigurarle” la cara. Aquellos humos obligaron a alertar a la población para que cerrase ventanas, para que comprase mascarillas -antes de la pandemia- o para que no hiciera deporte. Se suspendió un Eibar-Real Sociedad de Primera División. Apunta GuraSOS que “en las aguas subterráneas” hay “nivel extraordinario” de contaminantes, “seis veces” el umbral que ya es considerado “severo” y que “no puede provenir” de la atmósfera -como en Zaldibar- porque no ha habido “tiempo acumulativo” para llegar a esos datos o sucesos extraordinarios.

Sobre la denuncia de que la autorización ambiental se tramitó a sabiendas de que no habría ciertos automatismos para parar la actividad en determinados contextos de riesgo, GuraSOS tiene claro que es “otro ilícito penal” porque hay normas “estatales y europeas” relativas a “controles y condiciones de las instalaciones de incineración”. Interpretan que GHK y aquí también el Gobierno vasco “están incumpliendo conscientemente” leyes de prevención de la contaminación para poder dar luz verde a este complejo. “No se conoce ningún otro caso en que una incineradora en Europa carezca de esta medida obligatoria para prevenir la contaminación y mucho menos que se confiese abiertamente”, denuncian. GuraSOS elevará también este punto a las instancias comunitarias dado que afecta a directivas que no prevén excepciones.