Nuevas multas de 6.940 euros a dos condenados por corrupción del 'caso De Miguel' a cambio de evitar la entrada en prisión

La Audiencia Provincial de Álava ha acordado imponer una nueva multa a dos de los condenados por corrupción en el 'caso De Miguel', Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (Josu Montés antes de un reciente cambio de apellido), según explican fuentes judiciales. En concreto, ha requerido el pago de 6.940 euros adicionales a cada uno a cambio de la suspensión extraordinaria de su entrada en prisión. Ambos tenían penas superiores a dos años de cárcel, el límite habitual para acordar el no ingreso efectivo, pero lograron ese objetivo dado que ninguno de los varios delitos individuales que componen su sumatorio pasa de esos dos años. Sin embargo, como condición adicional en comparación con las que tienen otros con penas realmente inferiores a los dos años se ha adoptado la decisión de fijar una nueva multa que se suma al resto de responsabilidades económicas del caso.

San Juan fue concejal del PNV en Leioa y era amigo personal del cerebro de la trama, quien le da nombre, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. De la mano, crearon una mercantil llamada Errexal asociada a la empresa pantalla central del caso, Kataia Consulting. Ha quedado acreditado que Errexal fue empleada, por un lado, para recibir irregularmente contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el también 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles y, por otro, para el cobro de comisiones ilegales. Había también pagos en B en esa mercantil que fue contratada por el PNV para algunos actos electorales y en la que trabajaron personas próximas al partido. El condenado siempre dijo haber sido víctima de una supuesta conspiración. “Me imagino que uno se sienta en su redacción, abre el correo que diariamente le llega y se encuentra con escritos, documentos, chascarrillos... provenientes de los juzgados, especialistas en ultrajar el secreto sumarial, desproteger el derecho a la dignidad, a la intimidad o a la presunción de inocencia y no le queda más que cumplir con el deber profesional de gestionar toda ese material, a modo de novela-culebrón”, llegó a decir. La firmeza de la sentencia del 'caso De Miguel', en todo caso, tiene como principal consecuencia para San Juan la disolución de Errexal, que seguía existiendo con otro nombre (Perexila Projects) y que continuaba recibiendo contratos públicos, incluida Leioa.

Azkarraga (antes Montés) era una persona próxima a San Juan y fue el administrador nominal de otra mercantil similar a Errexal llamada Ortzi Muga que, igualmente, se benefició de contratos irregulares de Juventud. Su participación en la trama nunca fue tan relevante como la de San Juan, pero recibió una condena igualmente elevada. La sentencia comporta igualmente la liquidación de Ortzi Muga, pero llevaba ya años sin actividad alguna, al igual que Kataia Consulting. Dos fuentes judiciales indican que San Juan y Azkarraga han solicitado con éxito el abono fraccionado de esas cantidades que incluso podrían haber sido conmutadas por trabajos en beneficio de la comunidad. Antes ya habían afrontado otros conceptos como la responsabilidad civil por su lucro ilícito como beneficiarios de adjudicaciones de Juventud. Componen el tribunal que se encarga de esta fase final del 'caso De Miguel', iniciado en 2009, los magistrados Elena Cabero, Francisco Javier García Romo y Ana Jesús Zulueta.