Ochandiano y Tellería, exdirigentes del PNV condenados por corrupción, presentan problemas de salud

Los condenados y su entorno continúan digiriendo la sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre el 'caso De Miguel', de más de 300 folios y que afecta a exdirigentes y cargos del PNV. A expensas de que se concrete el calendario para la ejecución de las penas de cárcel -que alcanzarían un máximo de nueve años de cumplimiento efectivo en el caso de Alfredo de Miguel, el que más castigo ha recibido-, no hay ninguna señal que apunte de momento a un posible nuevo recurso, en este caso de amparo y ante el Tribunal Constitucional. El letrado de uno de los principales acusados, de hecho, lo descarta de plano e ironiza que sería más factible la vía del indulto para esquivar la entrada en prisión. Eso sí, este periódico ha constatado de fuentes del caso que dos de quienes tienen pendiente la entrada en la cárcel por corrupción, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, presentan problemas de salud que podrían ser alegados para retrasar ese momento.

El primero, de hecho, llevaba un tiempo sin trabajar en su puesto en el parque tecnológico de Miñano, según estas mismas fuentes. Ejercía las mismas funciones en esta sociedad pública que cuelga del Gobierno vasco que en el momento en que se produjeron los hechos que dieron origen al caso, la manipulación de una adjudicación para intentar recaudar una comisión de 100.000 euros. En todo caso tanto él como De Miguel, que era empleado público en la fundación Hazi, que también está adscrita al Ejecutivo vasco, han recibido ya la comunicación de que serán despedidos por los delitos económicos cometidos en cuanto se reciba formalmente la resolución del alto tribunal. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia (PNV), ha dado a entender que ni siquiera es necesario que acudan a su puesto en los pocos días que puede demorarse ese formalismo.

Entretanto, otro grupo de acusados, que ya confesaron los hechos durante el juicio (hace ya cinco años), saldaron la sanción económica y cumplieron la pena sin entrar en la cárcel, ha observado la resolución del proceso desde la atalaya de la tranquilidad. “Txitxo también lo tuvo en su mano y lo tiró a la papelera. Él sabrá por qué. Él y su abogado arrastraron a todos a negociar un acuerdo y luego quisieron que todos se echaran atrás. Pero algunos siguieron adelante. Josu Arruti hizo lo que tenía que hacer”, indican fuentes participantes en aquel proceso negociador entre la Fiscalía y los entonces imputados sobre el paso adelante dado por Arruti, socio de De Miguel en la operación urbanística de Zambrana y que explicó cómo intermedió para que unos promotores catalanes, Construcciones Riera, abonaran comisiones por el impulso de una recalificación en la pequeña localidad alavesa.

Un elemento llamativo es que la hermana de De Miguel, Aintzane, imputada por ser contable de la trama, compartía abogados con Arruti. A ultimísima hora decidió no confesar, aunque ya en primera instancia quedó exonerada de responsabilidades. Sin embargo, las tensiones familiares fueron muy evidentes, al igual que se constató la ruptura de la amistad entre Txitxo y Arruti, que pasó a ser un “traidor” -en palabras de quienes vivieron aquellos momentos- al nivel de la denunciante, Ainhoa Alberdi. De haberse declarado culpable, De Miguel habría recibido una condena de cinco años en total que estaría ya liquidada -o prácticamente- tras un breve paso por la prisión precedido de un tercer grado. “Este final ha demostrado que teníamos razón”, afirman desde el entorno de Arruti.