El archivo provincial de Gipuzkoa, entre 70.000 expedientes judiciales antiguos, oculta uno con una fotografía en blanco y negro del primer lehendakari, José Antonio de Aguirre. Está tomada en Colombia, en una de sus múltiples paradas en el exilio, y aparece con dos religiosos. El de la izquierda es Zirilo Legarreta-Etxebarria Agirre, natural de Errigoiti. El de la derecha es Benito Apoita Ibaibarriaga, de Ziortza-Bolibar. En el sumario hay también copias de ejemplares del 'Euzko Deya', periódico propagandístico del PNV, y otros documentos políticos. Fueron decomisados en el primer franquismo, justo después de la II Guerra Mundial, a un grupo de once afiliados en la zona de Antzuola, en Gipuzkoa. Estos militantes nacionalistas en la clandestinidad fueron acusados de asociación ilícita y de actividades “separatistas” y fueron juzgados, aunque finalmente quedaron exonerados ya que se estimó que su labor careció de “gravedad” y porque el partido único, la Falange, y entidades católicas emitieron informes destacando que estaban alejados del “marxismo” y que eran religiosos.
Se trata de una documentación de cierta relevancia historiográfica por varios motivos. Gran parte de los expedientes judiciales son expurgados con el paso del tiempo. En el fondo del archivo de Gipuzkoa, por ejemplo, hay solamente dos referencias al PNV. Además, en el caso de la represión política a los partidos que en la Guerra Civil fueron partidarios de la II República, el franquismo se afanó en destruir sus archivos cuando conquistó el poder. Asimismo, la parte fundamental de la actividad del PNV tras la contienda se desarrolló en el exilio.
El lehendakari Aguirre, que mantuvo el cargo honorífico hasta su fallecimiento en París en 1960, recorrió medio mundo y, particularmente, articuló una colaboración estrechísima entre los servicios secretos del Gobierno de Euzkadi surgido en 1936 (conocidos por sus siglas SVI) con la recién nacida CIA (cuya primera denominación fue OSS). Quien sería su sucesor simbólico, Jesús María de Leizaola, que era consejero de Justicia y Cultura de aquel primer gabinete depuesto, trabajó también para el espionaje británico, en concreto para una agencia llamada SOE creada por Winston Churchill también en el contexto de la II Guerra Mundial. En el interior, la referencia fue Juan de Ajuriaguerra y la denominada 'red Álava' de Luis Álava Sautu, pero fue desarticulada con información obtenida por los nazis en la antigua sede del Gobierno de Euzkadi en París. Su líder fue fusilado en 1943.
Tres años después de la ejecución de Álava Sautu, el franquismo procesó a los militantes guipuzcoanos Ambrosio Múgica, José María Lombide, Vicente Garitano, Julián Zubillaga, Vicente Aseguinolaza, Severiano Aguirreurreta, Avelino San Sebastián, Antonio Jáuregui, Félix Aseguinolaza, Julián Ecenarro y Estanislao Ecenarro. La red cayó cuando dos de ellos, Zubillaga y Garitano, intentaron cruzar el 7 de mayo de 1946 la frontera entre Irún y Hendaya. La brigada de Información del Cuerpo General de Policía asumió la investigación. El propio comisario-jefe de Información de Donostia, Máximo Pérez, quiso interrogar a los arrestados. Zubillaga, que había sido miliciano en la Guerra Civil, ya había sido condenado por “rebelión. Contó en comisaría que un trabajador de la Orbea de Eibar, Anastasio Aranguren, excompañero en la guerra, le propuso volver a ”cotizar“ para reconstruir el partido. Le pidió dos pesetas mensuales para tal fin. Estimó que unas treinta o treinta y cinco personas podían haberse sumado también.
La investigación se prolongó durante varios años. Además de la fotografía de Aguirre con dos religiosos pasionistas identificados por la fundación Sabino Arana y que fallecieron en Puerto Rico, el grupo tenía números del 'Euzko Deya', en concreto de una “edición de Durango”. Uno de ellos incluye un “mensaje de Gabon”, los discursos del lehendakari al país desde el exilio que se daban a conocer en Navidad. El periódico se presenta como “órgano de la resistencia vasca” editado en el interior, “en un lugar de la tiranía franquista”.
También tenían un pequeño pasquín escrito a máquina en euskera (entonces no legal) y titulado “Euzko abertzale on bateren bete biarrak”, es decir, las 'obligaciones de un buen patriota vasca'. El papel estaba pensando para que, quien lo recibiera, hiciera cinco copias para ir distribuyendo la propaganda. Eso sí, se avisaba de que había que cuidar a quién se entregaba: “Baña beti goguan izan: Bost onak oba dira eun txarrak baño” ('siempre recuerda que es mejor cinco buenos que cien malos').
El punto uno de esa guía política del PNV de la posguerra era que “Euzkadi es la única patria”. Había que amarla “en cuerpo y alma”. Pedía defender lo vasco “aunque haya riesgo de perder la vida” y odiar el “totalitarismo” (esto traducido al castellano). Sobre el euskera, consideraban que “es la base de la patria”. “Si no lo sabes, aprende. Si lo conoces, extiéndelo enseñando a los que no lo saben”, planteaban. “Euzkadi no conoce hijos cobardes”, remataba el documento.
La Fiscalía, en 1950, pidió no procesar a Lombide, Múgica y Ecenarro (Estansilao), pero sí al resto del grupo. El ministerio fiscal sostuvo que repartían periódicos clandestinos “de la propaganda separatista”, particularmente en la zona de Antzuola. Les acusaba de delitos de “asociación ilícita” y “propaganda ilegal”. ¿A qué penas se expusieron? Ecenarro (Julián), por ejemplo, se enfrentó a diez años de prisión y 12.000 pesetas de multa. Aplicada la inflación, serían unos 5.000 euros actuales al cambio.
En los procesos de depuración política de aquella época se solicitaban informes a la Policía pero también a la Falange y a la Iglesia católica. En este sumario, ambos se pusieron del lado de los imputados. El delegado del partido fascista español en Antzuola, Juan Antía y Plazaola, destacó la “buena conducta” de todos ellos. Los dominicos de Bergara entregaron también un informe favorable. De Ecenarro, por ejemplo, expresaron que era un vecino “de orden”, que había “combatido” al marxismo y que “defendió” durante “el dominio del Frente Popular” la integridad de “casas sagradas”. Los maristas añadieron de este acusado que, en agosto de 1936, cuando “cincuenta” rojos quisieron quemar el convento de Eibar, medió para evitarlo. Avelino San Sebastián era también “feligrés” de religiosidad “intachable”, según el cura de Antzuola.
El 2 de noviembre de 1951, los jueces de la Audiencia de Gipuzkoa Francisco Camprubí, Francisco Casas y Miguel Erro absolvieron a los ocho que finalmente se sentaron en el banquillo. Se estimó que no había pruebas de que hubieran distribuido la propaganda que se halló en su posesión o de que tuvieran un “funcionamiento” organizado como grupo político. Los apellidos Jauregi, Aranguren o Mujika aparecen en 2023 en la lista electoral del PNV de Antzuola.
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