La oposición en las Juntas Generales de Álava, EH Bildu, PP y Elkarrekin, han coincidido en demandar explicaciones al diputado general, Ramiro González, por la situación en la que se halla la nueva responsable de Medio Ambiente en el Gobierno, que está siendo objeto de una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la concesión de autorizaciones para una planta en Bergara cuando era viceconsejera del mismo área en el Ejecutivo autonómico, como ha publicado este periódico. Los diferentes grupos han ido solicitando peticiones de comparecencias, aunque González se ha mostrado convencido de que la causa judicial quedará en nada a pesar de que la Fiscalía, después de una preinvestigación de varios meses, haya decidido elevar el caso a un juzgado de instrucción.
“Es inaudito que, a sabiendas de que estaba siendo investigada, la nombren diputada foral de un macrodepartamento”, ha señalado Iñaki Oyarzabal, del PP. “Con mal pie empieza la nueva diputada alavesa de Medio Ambiente, Amaia Barredo del PNV, investigada por prevaricación en el Gobierno vasco. Esperamos que desde el Ejecutivo de Ramiro González den las explicaciones pertinentes”, ha señalado Damián García, de la coalición Elkarrekin.
Barredo tomó posesión de su cargo este martes tras ser propuesta para ello este viernes. Antes había sido viceconsejera en el Ejecutivo vasco, donde lidió con la tramitación del proyecto de valorización de residuos de Bergara. La Fiscalía no está investigando ya a Barredo y a su director de Calidad Ambiental, Javier Agirre. Ese trabajo ya está concluido y se han encontrado indicios de delito. El asunto está ahora en un juzgado de Vitoria. En una nota en la que se identifica con nombres y apellidos al denunciante del caso aunque recientemente el Gobierno ha aprobado una normativa para proteger precisamente a este tipo de alertadores, el área de Arantxa Tapia, de quien depende Medio Ambiente, afirma que al Ejecutivo “no le consta ninguna investigación abierta por parte de ningún juzgado” y que “no existe ningún hecho/acto administrativo considerado delictivo por supuesta 'prevaricación'”.
Entretanto, Ekologistak Martxan y la Plataforma Larramendiko Arnasa han asegurado, también a través de un comunicado, que se ratifican en la denuncia sobre la empresa Valogreene Paper BC. La actuación de Barredo y de Agirre fue “no neutral”, según defienden, ya que dieron luz verde a un plan contra el criterio del Ayuntamiento de Bergara, gobernado por EH Bildu. Precisamente el PNV sugirió que era esta formación la que bordeaba la “prevaricación” al cambiar de opinión y dejar de apoyar esta instalación de valorización. Fuentes judiciales indican que en febrero los ecologistas ampliaron su denuncian y demandan que sean investigados también por prevaricación el viceconsejero de Industria, Mikel Amundarain, y la propia consejera, Arantxa Tapia. En este caso es por una concesión de ayudas a Valogreene Paper BC. “Fueron varias las ayudas, subvenciones a fondo perdido o ayudas reintegrables, concedidas por el Gobierno vasco a Valogreene Paper BC S.L. incluso antes de que se otorgara la AAI en abril de 2022 con justificaciones de difícil encaje legal, pues es una mercantil sin trabajadores, ni actividad productiva alguna, a la que difícilmente le podría afectar la COVID-19 o la crisis económica”.
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