Primera constatación: el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene mayoría absoluta y sacará adelante sí o sí los presupuestos de 2023. Segunda constatación: este miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, del PNV, y también el PSE-EE han iniciado una ronda de conversaciones con toda la oposición salvo con Vox. Tercera constatación: desde que está al frente de las negociaciones, Azpiazu ha pactado dos veces con el PP, una con Podemos y Equo y otra con EH Bildu. En este contexto, el Ejecutivo se felicita de que ninguno de los tres interlocutores que ha tenido en una intensa mañana, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, por ese orden, haya acudido con “líneas rojas” y muestra su voluntad de “seguir trabajando en un posible acuerdo”. Habrá más contactos. Con todo, avisa de que el “marco” de diálogo son exclusivamente estos presupuestos y las competencias propias ante la coincidencia de las tres formaciones de pedir una reforma fiscal que, en pura teoría, es competencia de las tres Diputaciones.
La izquierda esgrime que la actual normativa tributaria vigente en Euskadi surgió precisamente de un pacto de PNV y PSE-EE con los 'populares' en la etapa de Alfonso Alonso y dentro de uno de los pactos presupuestarios alcanzados. Lógicamente, las propuestas en materia de impuestos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU son muy dispares en relación a las de PP+Cs, pero todos ellos se agarran a ese precedente para presionar a un Gobierno que, si quisiera, no necesita moverse. Y todo está enmarcado en que en Euskadi se han aplicado ya tres deflactaciones para compensar la inflación y en que, en el último de los casos, los propios socialistas ya torcieron el morro ante las pretensiones del PNV.
El planteamiento en este terreno de EH Bildu es mucho más genérico que lo acordado en Navarra con el Gobierno de María Chivite. Ese pacto, de la pasada semana, implica subida del Impuesto del Patrimonio, rebaja del IRPF a rentas menores de 35.000 euros y un estudio para subir también el Impuesto de Sociedades. En el documento entregada a Azpiazu se puede leer lo que sigue: “Realizar una profunda reflexión y un debate público ordenado sobre la política fiscal junto a agentes económicos, sociales y partidos políticos y las instituciones competentes, para abordar los retos de la década, profundizar en la progresividad y la redistribución de la riqueza y superar el modelo actual. Se acordará la metodología, los participantes y los plazos de este debate público”. “Tenemos que hacer una reflexión seria sobre la fiscalidad que necesita este país”, ha afirmado también la portavoz, Maddalen Iriarte, al término del encuentro.
Elkarrekin Podemos-IU igualmente ha incluido la fiscalidad en su documento de negociación. Pide un “escudo fiscal contra la inflación”, esto es, deflactar únicamente los “tramos bajos” y bajar del 23% al 18% el gravamen a las rentas por debajo de 12.500 euros, entre otros puntos. Demandan “aumentar” Sucesiones y Donaciones e “igualar” el tipo mínimo de Sociedades al 25% estatal. La coalición incluye un epígrafe titulado “Haciendo que Galán pague” en su propuesta, en referencia al presidente de Iberdrola y la necesidad de que las grandes corporaciones contribuyan más. La portavoz, Miren Gorrotxategi, ha salido de la cita viendo “achicado” el espacio para el acuerdo porque el Gobierno limita el diálogo a asuntos presupuestarios. Ha ironizado que precisamente el PNV es en las Cortes Generales muy hábil en colar otros temas en cada negociación y ha citado el reciente pacto para impulsar las selecciones vascas diferenciadas de surf o pelota.
En el caso de PP+Cs, su propuesta es de “alivio fiscal”. Luis Gordillo ya había explicado horas antes del encuentro que si sube la recaudación y es común que no se ejecuten del orden de 1.000 millones de euros cada ejercicio, lo razonable para ellos sería reducir los recursos que entran al sistema. Carlos Iturgaiz, presidente del PP y líder de la coalición con Ciudadanos, ha emplazado al Ejecutivo a que se decante entre el “bloque de izquierdas” o exprimir la autonomía que da el Concierto Económico para rebajar impuestos. Ha pedido expresamente a Urkullu que imite a Isabel Díaz Ayuso o a los presidentes de Andalucía o Galicia, todos ellos del PP.
Al margen de la reforma fiscal, EH Bildu ha recalcado dos compromisos pactados en 2022 y que no han sido ejecutados, tales como impulsar un SMI propio a través de la negociación colectiva o limitar los alquileres. El Gobierno ha respondido que, al margen de estos puntos, el 100% de los acuerdos económicos del pasado año están ejecutados. En total, EH Bildu pide movilizar 450 millones de euros, 200 más que los comprometidos hace doce meses. Entre sus propuestas, muchas van encaminadas a reforzar Osakidetza. Una de ellas busca lograr la competencia de MIR, EIR y similares para paliar la escasez de personal. Las iniciativas de Elkarrekin Podemos-IU suman 511 millones de euros, 311 más que el último acuerdo cerrado por los morados en 2020. Por parte de PP+Cs, no han querido desvelar el montante de sus enmiendas y han pedido expresamente al Ejecutivo que sean ellos quienes las cuantifiquen.
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