La oposición en el Parlamento Vasco desiste ya de pedir al Tribunal de Cuentas una auditoría de los contratos con Montai

Después de al menos tres intentos infructuosos, uno de Podemos y otros dos del PP, la oposición ha desistido ya de pedir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) una auditoría de los contratos del anterior del Gobierno de Iñigo Urkullu y de otras instituciones dirigidas por el PNV al grupo de empresas Montai, cuyo dueño es el militante guipuzcoano de ese partido Aitor Elorza. En la reciente tramitación en el Parlamento Vasco del plan de trabajo anual del Tribunal de Cuentas, cuyos vocales son nombrados por la Cámara, no se ha incluido ninguna solicitud en este sentido, según consta en la documentación que se ha hecho pública.

La primera petición la hizo la extinta coalición de Podemos con IU y Equo en 2019 y el PP la repitió en 2022 y 2023. En todos los casos, figura que la comisión de Hacienda del Parlamento aprobó la solicitud por “asentimiento”, es decir, sin el 'no' de ningún partido. Los contratos con Montai, publicados por este periódico y que fueron decenas, habían motivado algunas alertas en la Fiscalía -aunque terminó archivando la investigación-, en la Autoridad Vasca de la Competencia o en órganos de control internos de municipios como Hondarribia. Pero el Tribunal de Cuentas nunca terminó de acometer esa auditoría específica. Este órgano depende del Parlamento pero tiene autonomía para fijar su plan de trabajo, de modo que las propuestas aprobadas en la Cámara son solamente recomendaciones, según explicaron el pasado año fuentes internas.

Así, en 2024 ya ni se ha incluido en la lista elaborada. ¿Qué es lo que sí se ha aprobado? En Gipuzkoa, se demandan controles de municipios como Errenteria, Hernani, Oiartzun, Zumaia, Zizurkil, Amezketa, Donostia, Beasain, Azkoitia o Usurbil, así como de las mancomunidades de Urola Erdia, Tolosaldea, Debabarrena o Debagoiena y en la entidad Txinzer. En Bizkaia, se plantea una revisión de Sopela, Arrigorriaga, Galdakao, Etxebarri, Abadiño, Muskiz, Getxo, Sondika y Amorebieta-Etxano, al igual que de las mancomunidades de Ranzari o Arratia y del Consorcio de Aguas. Y, en el caso alavés, las miradas se posan en los municipios de Okondo o Laguardia, en los concejos de Zurbano o Ibarguren, en la cuadrilla (comarca) de Rioja Alavesa y en el Consorcio de Aguas, Urbide.

A nivel más concreto hay pedidas auditorías de AIC (Automotive Intelligence Center), de las contrataciones y adjudicaciones de todas las cuadrillas de Álava salvo la de Vitoria, del Azkuna Zentroa de Bilbao, de la fundación Mobility Lab, de la sociedad municipal de Ermua Promosa, de Bilbao Zerbitzuak, de las entidades guipuzcoanas BIC Gipuzkoa Berrilan o Kirolgi o de las sociedades de promoción de los aeropuertos, VIA de Foronda, Ortzibia de Hondarribia y Bilbao Air de Loiu. Cierra el largo listado SHESA, la sociedad de hidrocarburos autonómica llamada a desaparecer fruto de la nueva normativa contra el cambio climático.

Es casi tradicional que los partidos aprovechen este trámite para pedir revisiones de organismos e instituciones controladas por sus rivales políticos. Sin embargo, la gran novedad de 2024 es que el principal grupo del Parlamento, el PNV, ha renunciado a hacer ninguna solicitud. De hecho, en un movimiento inusual, el PSE-EE ha presentado sus propias propuestas en solitario a pesar de que el acuerdo de coalición hace que operen de la mano en la Cámara. Fuentes nacionalistas indican que el PNV ya había realizado sus peticiones en otros ámbitos institucionales y que no tenía sentido repetirlas.