La oposición señala al alcalde de Hondarribia por las irregularidades en contratos: “Ha incumplido la ley”

El principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Hondarribia, Abotsanitz, ha denunciado este jueves que el alcalde del PNV, Txomin Sagarzazu, “ha incumplido la ley”. Se apoya esta formación en el informe de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) en el que señala claramente las irregularidades en las adjudicaciones directas a un reducido grupo de empresas de contratos de montaje de eventos. Los datos aportados muestran también que las empresas de un cargo del PNV, el grupo Montai de Aitor Elorza, han copado 187 de los 293 contratos de este tipo entre 2018 y 2020.

“El informe señala, por un lado, que el Ayuntamiento ha venido haciendo un uso irregular de los contratos menores para los servicios de montaje. Por otro lado, que para no tener que convocar concursos públicos (para no superar la barrera de 15.000 euros), ha fraccionado los gastos. Y tercero, que las empresas que integran el grupo Montai están interrelacionadas”, incide Abotsanitz. En el último punto se refiere que Elorza, del mismo partido que el alcalde, ha facturado con hasta cuatro marcas diferentes, Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak. “Utiliza de forma abusiva la contratación menor para ayudar a algunas personas o empresas”, añade esta formación en un comunicado.

Abotsanitz lamenta que son ya “años” los que se llevan denunciando irregularidades. Cita denuncias políticas propias, informes de la interventora municipal, auditorías del Tribunal de Cuentas e incluso una investigación de la Fiscalía en la que, aunque no se avanzó por no haber indicios de delito, sí se señalaba también que había anomalías de calado en la gestión contractual municipal. Según esta formación, el alcalde Sagarzazu no solamente conoce todas las irregularidades sino que las da por buenas al estampar su firma y ordenar pagos de facturas a pesar de los informes de reparo de la interventora a las adjudicaciones de algunas empresas.

Sobre el caso concreto de Montai, Abotsanitz señala que “desde 2009 hasta la actualidad ha trabajado y sigue trabajando de forma irregular para el Ayuntamiento de Hondarribia”. Y se pregunta: “¿Apoya el PNV que el gobierno municipal de Hondarribia haya consumado todas estas irregularidades? ¿Quién es el responsable de las irregularidades hasta ahora? ¿Dónde queda el código ético de los gestores públicos? ¿O es que tampoco en este tema nadie va a aceptar la responsabilidad de lo que se ha hecho?”. Este grupo recuerda que Montai llegó a emprender acciones legales contra ellos, como también lo hizo contra este periódico.

La de Competencia, en todo caso, es una auditoría parcial. Se omite, por ejemplo, la existencia de la cuarta empresa del grupo Montai, Denok Zuzeneko Komunikazioa, que también ha sido contratada en Hondarribia. Igualmente, el Ayuntamiento mantiene otros acuerdos con el grupo Montai como el de gestión del centro Itsas-Etxea. También aquí las diferentes marcas del mismo empresario se han turnado para prestar el servicio. El informe, además, se limita a las contrataciones “desde 2018” pero las firmas de Elorza llevan copando este tipo de contrataciones desde, al menos, 2009. Es más, antes de 2018 la contratación 'a dedo' era posible con más presupuesto (18.000 euros frente a 15.000) y el tope era por expediente y no anual.

En Montai, además de Elorza, trabajan otros cargos públicos del partido. Como en Hondarribia, ha sido elegida regularmente para organización de eventos en muchas otras instituciones, generalmente también sin concurso. Es el caso de la Presidencia vasca, del Instituto de la Memoria (Gogora), de la academia de la Ertzaintza en Arkaute, del centro Tknika adscrito a Educación, de EiTB o de la sociedad pública Hazi, aunque también de municipios como Llodio o de la Diputación de Gipuzkoa. Finalmente, este periódico ya pudo constatar que Estali La Karpa, por ejemplo, no ha tenido trabajadores dados de alta en algunos momentos en que era contratada por diferentes instituciones para trabajos de relevancia, como la carpa del proyecto estrella de Gogora, Memoria Plaza, que en realidad fue subcontratada a una empresa de Asturias. En algunos procedimientos se han pedido ofertas a dos marcas del grupo Montai como si supuestamente fueran competidoras, como en la Dirección de Juventud del Gobierno vasco.