24 horas después de la presentación del proyecto de ley para la reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI), la oposición ha coincidido en ver mejorables algunas de las propuestas presentadas por la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia. EH Bildu, por ejemplo, ha incidido en que no se prevé un mecanismo objetivo para que las cuantías se vayan actualizando con el paso de los años, lo que pone en riesgo el poder adquisitivo de los perceptores, que ahora superan los 50.000. Elkarrekin Podemos-IU cuestiona el tratamiento a los jóvenes, ya que el momento ordinario para poderla pedir son los 23 y hasta los 29 hay que acreditar un año de vida independiente. Finalmente, PP+Cs entiende que “de una vez por todas” los pagos han de ponerse “al servicio de la empleabilidad”.
El Gobierno de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta en el Parlamento Vasco para sacar adelante los cambios de la RGI, a diferencia de lo ocurrido en la pasada legislatura en la que tuvo que guardar en un cajón esta iniciativa. Sin embargo, Mendia verbalizó que desea un consenso amplio. Ni EH Bildu, ni Elkarrekin Podemos-IU ni PP+Cs, de saque, parecen oponerse al menos a negociar -los primeros incluso destacan que no parten con “líneas rojas”-, pero tampoco adelantan ningún apoyo cerrado a una materia que, en los últimos años, ha suscitado numerosos debates políticos.
En rueda de prensa, Nerea Kortajarena de EH Bildu ha sido contundente al reclamar que haya un sistema no sujeto a los vaivenes políticos para garantizar la revalorización de las prestaciones. Ha recordado que ya se eliminó 'de facto' la referencia al salario mínimo interprofesional (SMI) y que ahora se aplica 'de iure' y ha deslizado o que habría que recuperarlo o valorar otros mecanismos objetivos similares. “No compartimos que se eleve a rango de ley que la actualización de la cuantía de la RGI dependa del presupuesto. Ésta ha sido la práctica utilizada la última década, pero para nosotras es una práctica que deja sin garantías a las personas perceptoras, al dejar la actualización de las cuantías al albur político, Necesitamos un criterio objetivo que ofrezca garantías. Esta vez, nos plantean una revisión anual en las cuentas de cada ejercicio atendiendo al índice general de precios al consumos en Euskadi pero precisando que ese 'atendiendo' no les obliga a subir sí o sí el IPC”, ha explicado.
Y ha añadido: “En cuanto a cuantías se refiere, es cierto que las presentadas mejoran la situación actual, que este proyecto es mejor que el presentado por el Gobierno la anterior legislatura y que el primero que presentó la vicelehendakari Mendia. Pero las cuantías están lejos de lo que serían si no se hubieran aplicado los recortes sucesivos que la RGI ha sufrido. Esas 'mejoras' económicas que se han anunciado no alcanzan a recuperar los recortes realizados en la RGI. Por ejemplo: se plantea una RGI de 934,10 euros para una persona pensionista. Es más que los 834,59 que percibe ahora, pero es que esa misma persona pensionista estaría percibiendo 1.166,66 euros si se aplicará lo establecido en la ley de 2008. Estamos hablando de 232,56 euros menos”. “Es decir, sólo se deshace en parte el camino de recortes de toda una década. Y entendemos que el esfuerzo a realizar debería ser mayor”, ha apostillado Kortajarena. Otros dos elementos mejorables que aprecia EH Bildu son que se vincule la RGI vasca al IMV estatal y que la referencia no sea la persona sino la unidad de convivencia, algo que ve perjudicial desde una óptima feminista.
David Soto, portavoz económico de Elkarrekin Podemos-IU, concede que “hay mejoras” en la nueva ley de la RGI pero pide “corregir” algunas deficiencias que han detectado. Citan sobre todo las previsiones contempladas para la juventud. Reclaman que todos los mayores de 18 años tengan iguales derechos y que se matice que hasta los 29 años haya condiciones mayores. “Teniendo en cuenta que en Euskadi la edad media de emancipación ronda los 30 años, difícilmente alguien entre los 23 y los 29 años va a poder acreditar un año de vida independiente, o va a tener serias dificultades porque, quien pide la RGI, parte de una situación de precariedad. La RGI tiene que tener carácter universal en cuanto a su acceso a partir de los 18 años. En ningún caso, a partir de los 23 años, y mucho menos que de los 23 a los 29 percibirlo esté condicionado a que haya estado viviendo, al menos, un año fuera de casa”, explican fuentes de la coalición de izquierdas. Igualmente, plantean que se valore la “calidad” de las ofertas de trabajo ya que rechazarlas puede implicar la perdida del derecho a la prestación. Salir sí o sí del sistema no puede ser a costa de que se “ahonde en la precarización”, entiende Soto.
Desde PP+Cs, Laura Garrido ha recalcado que la reforma “llega tarde” y que ha sido un “compromiso incumplido” del Gobierno de Urkullu desde hace años. De hecho, el anterior proyecto se retiró en junio de 2018. También Garrido aboga por “corregir deficiencias” de este texto inicial e incide en que “de una vez por todas” los cobros de ayudas estén vinculados a itinerarios para mejorar la “empleabilidad”. En todo caso, en la reacción de Garrido no se menciona en ningún momento uno de los mantras del PP en el pasado, la denuncia del supuesto fraude masivo en estas prestaciones que llevó al exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, a vincularlo con los extranjeros y a recoger firmas para endurecer el acceso a las ayudas sociales. Quien sí ha incidido en el “fraude” ha sido Vox. “Llevamos mucho tiempo denunciando tanto el descontrol como la desconexión y desde el Ejecutivo no hemos percibido interés alguno en adoptar las medidas necesarias para evitar fraudes que se siguen produciendo, para que no haya personas que asuman como un salario de por vida ayudas que deberían tener un principio y un final, que han de tener como objetivo atender situaciones de máxima necesidad, no cronificar la supervivencia ligada a la percepción de ayudas”, defiende la formación de Amaia Martínez Grisaleña.