Tres meses después de que se produjeran los hechos, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha expuesto este miércoles en el Parlamento Vasco las conclusiones de la investigación interna en torno a las vacunaciones irregulares que se dieron en los hospitales de Basurto y Santa Marina de Bilbao y que llevaron a la destitución de sus gerentes, los exconcejales del PNV Eduardo Maíz y José Luis Sabas. La sesión no ha estado exenta de polémica por el micrófono abierto de un parlamentario de EH Bildu que seguía la sesión por vía telemática y al que se ha escuchado llamar “inaguantable” a alguien -ha matizado que no se refería a la consejera Sagardui- y por las críticas de la oposición a la gestión de la pandemia en general y de este caso en particular. Precisamente EH Bildu, por boca de su portavoz, Rebeka Ubera, ha anunciado que pedirá la reprobación de la responsable de Salud en el pleno, a lo que el PNV ha replicado que no le preocupa “absolutamente nada” esa maniobra porque -esto lo ha dejado implícito- el Ejecutivo tiene mayoría absoluta.
En Basurto, casi a principios de enero, quedaron sin utilizar “dos viales” de residencias de la zona y se optó por aprovechar esas dosis con pacientes ingresados del mismo perfil de edad y riesgo. Sin embargo, volvieron a quedar cuatro vacunas y esos 'culillos' se los repartieron entre el gerente, Maíz, y otros altos cargos. El análisis de lo ocurrido, llevado a cabo por un inspector externo al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), concretamente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), estima que se produjo una “inadecuada gestión de recursos públicos” si bien la adopción de medidas “disciplinarias” requeriría “nuevas diligencias” que no parece que se vayan a producir. Sobre el no registro de las vacunas, como es preceptivo, se estima que simplemente se trató de un retraso de unos días. En todo caso, el dictamen refleja también que en aquellos momentos de arranque de la campaña de vacunación no existía un “protocolo” claro de cómo gestionar los “sobrantes” de los primeros viales de Pfizer disponibles, que fueron enviados a residencias de mayores.
En Santa Marina, su gerente optó por vacunar a todo el centro -no a los pacientes- y por grabar todo ello en vídeo. Hay que situarse a mediados de enero, cuando el proceso con sanitarios estaba recién empezado y la escasez de dosis era muy grande. Entre los beneficiarios se incluyó a sí mismo -y también se fotografió- y a externos como los religiosos, los reponedores o los sindicalistas. Aquí Salud admite el “error” de haber autorizado el número de viales que permitió esa operación. Sagardui ha explicado que Itziar Larrea ya ha asumido el cargo de directora de este centro y que a Maíz le ha tomado el relevo Jesús Larrañaga.
“Tenemos dudas de si realmente ha habido una investigación”, ha afirmado tras escuchar las explicaciones de Sagardui Ubera, que ha enfatizado que la “planificación” de la vacunación es cosa de Osakidetza y no se puede despachar responsabilizando a cargos intermedios. “Todo esto es un despropósito. Deberían replantearse seguir en sus cargos. Es una vergüenza”, ha afirmado la representante de EH Bildu, que se se ha preguntado en voz alta por el dictamen de la Comisión de Ética sobre este asunto. Su partido, en todo caso, ha cuestionado abiertamente que este organismo vaya a entrar al fondo de la cuestión en éste u otros asuntos. Jon Hernández, desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, también ha incidido en que “la única responsabilidad no puede ser de esas dos personas”, por Maíz y Sabas, y Laura Garrido (de PP+Cs) ha reproducido sus críticas a la gestión de la vacunación.
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elDiario.es/Euskadi
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