Uno de cada seis habitantes, es decir, el 16,3% de la población total en Euskadi, sufre exclusión social a raíz de la pandemia. Esto significa que cerca de 360.000 personas que viven en el territorio tienen problemas de dinero, de empleo, de acceso a la salud, a la educación y/o a la vivienda, entre otros. El 22,1% de estas personas tienen problemas relacionados con el empleo, el 17,2% con conseguir una vivienda y el 11,7% con su salud, es decir, no tiene acceso a medicamentos o tratamientos por no tener el suficiente dinero para pagarlos. La mayoría de estas personas son extranjeras, familias numerosas o monomarentales.
Estas son algunas de las conclusiones de la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia que han realizado de forma conjunta Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada). El documento, que lleva el título de 'Exclusión y desarrollo social en Euskadi', ha sido presentado este jueves en Bilbao y ha sido desarrollado por 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación. Para ello, se ha recogido información de 1.500 personas en Euskadi y más de 600 hogares.
Para explicar la situación de desigualdad que vive la sociedad a raíz de la pandemia, Raúl Flores, secretario técnico de Foessa y coordinador del informe, ha querido compararla con lo que ocurrió con el Titanic. “En el caso del Titanic, los viajeros estaban tranquilos y confiaban hasta que colisionó contra el iceberg y, entonces, el viaje se acabó para todos. Con la COVID-19 al principio ocurrió lo mismo y todos tuvimos que parar. Sin embargo, después en el Titanic los que viajaban en primera clase, en su mayoría, consiguieron salvarse, mientras que gran parte del resto murieron ahogados. Con la COVID-19, los que se encuentran en esas primeras clases tienen un salvavidas para salvarse, pero los más vulnerables no. Esta es la imagen del impacto desigual que queremos transmitir”, ha explicado.
En Euskadi, según los datos presentados en el informe, la fractura social tiene su origen en cinco grandes brechas: origen, género, ingresos, edad y tecnológica y los problemas más frecuentes, aquellos que afectan a más del 8% de la población, son cinco: los gastos excesivos de vivienda (el 15,2% de la población vive en hogares que están en esa situación) la inestabilidad laboral grave (13,8%); el desempleo de todas las personas en edad activa que residen en el hogar (9,7%); las dificultades económicas para comprar medicamentos o seguir tratamientos médicos (9,2%) y las limitaciones a la participación política (8,6%).
La diferencia entre tener trabajo y tener “un buen trabajo”
Flores ha destacado que a diferencia de lo que puede llegar a creer el imaginario social, las personas que viven un riesgo de inestabilidad laboral, en gran parte tienen trabajo, pero lo que no tienen es “un buen trabajo”. “La inestabilidad laboral grave es algo que ha crecido mucho en este territorio. Hemos pasado de un 2% a un 13%. Esto significa familias que entran y salen del mercado laboral constantemente, que viven 12 meses y pagan alquiler 12 meses, pero que trabajan solo 6. La realidad, a día de hoy, depende mucho de tener o no tener trabajo, pero depende, sobre todo, de tener o no tener un buen trabajo. Este es el cambio que se ha producido en nuestro país”, ha indicado.
En el caso de los problemas relacionados con la vivienda, Flores ha diferenciado dos tipos: las personas que cuentan con una vivienda inadecuada y las que cuentan con una vivienda insegura. Los primeros, un total de 52.000 familias vascas, viven en hogares que no reúnen las condiciones para vivir, es decir, la casa está en mal estado o no dispone de las necesidades básicas para las personas que viven en ella (por ejemplo, ascensor o calefacción). Los segundos, los que viven en una vivienda insegura, un total de 39.000 familias vascas, el problema que tienen es que no saben hasta cuándo podrán seguir viviendo ahí o si acabarán próximamente en la calle. Se trata de personas que se encuentran en riesgo de desahucio. Otra de las cuestiones relevantes que ha destacado es el hecho de que en Euskadi más de 113.000 personas consiguen pagar el alquiler o la hipoteca, pero una vez pagado, se quedan en situación de pobreza para poder vivir el resto del mes.
La edad sigue constituyendo un factor claro de riesgo de exclusión social, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, de forma que, a medida que crece la edad de la persona, se reduce la prevalencia de las situaciones de exclusión, con un salto especialmente acusado a partir de los 65 años. Es decir, la desigualdad es un 25% mayor en personas menores de 45 años, un 32% mayor en familias monoparentales con hijos y un 60% mayor si se trata de personas extranjeras.
Los vascos en situación de bienestar reciben el 80% de las ayudas
Algo que han querido resaltar con el informe es que las personas que perciben prestaciones sociales como la RGI en Euskadi no son personas en situación de pobreza, sino personas en situación de bienestar. Según los datos aportados, el 9,5% de la población sufre pobreza, pero solo el 6,4% perciben prestaciones sociales, incluyendo pensiones, subsidios por desempleo, RGI y similares. Mientras que las personas en situación de bienestar representan el 75,9% de la población y acaparan el 80,6% de las ayudas económicas. “La inmensa mayoría de las personas que reciben ayudas de este tipo están activados, trabajan, estudian y ponen todo de su parte para salir adelante. Sin embargo, el imaginario social piensa que está ahí esperando a cobrar una paga y a aprovecharse del sistema”, ha lamentado Joseba Zalakain director Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga (SIIS), que también ha participado en el estudio.
En el caso concreto de la RGI, los datos aportados señalan que accede a esta ayuda en torno al 70% de la población que cabe considerar como potencialmente demandante. De esa población, aproximadamente el 47% consigue salir de la pobreza gracias a la prestación, mientras que el 52% no lo hace, si bien consigue incrementar sus ingresos de forma considerable, reduciendo la distancia al umbral de pobreza del 75% al 17%. “El principal problema de la sociedad con respecto al crecimiento de la desigualdad, que en Euskadi ronda el 22%, es que los frutos del crecimiento económico se reparten muy mal. Lo cierto es que a todo el mundo no le va igual y los que salen perdiendo son el 10, 20 o 30% más pobres, en este caso las personas extranjeras y las familias monomarentales”, ha concluido Zalakain.