La pandemia termina por colapsar el sistema vasco de trabajos para la comunidad y penas alternativas a prisión

Los Gobiernos central y vasco ultiman en estos días la transferencia de Prisiones a Euskadi, que en abril será la segunda comunidad autónoma en gestionar las cárceles después de Catalunya. Se cederá la gestión de las cárceles y de los edificios, pero no de la política penitenciaria. No obstante, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido por la nacionalista Beatriz Artolazabal y que ha fichado al juez Jaime Tapia para encabezar este proceso, apuesta por un modelo en el que se incida más en las penas alternativas a prisión y la “resocialización”. El reto no es menor porque, según un informe elaborado por el magistrado vasco Santiago Romero Buck-Arstad con datos de tres jueces en ejercicio (Idoia Uncilla, Mónica Pérez y Roberto Ramos) y del director de Justicia del Ejecutivo, Eugenio Artetxe, la pandemia se ha terminado de llevar por delante el sistema de trabajos en beneficio de la comunidad y talleres de reinserción, que ya acumulaba retrasos.

Los datos -recopilados hasta el 10 de febrero- muestran que hay 4.446 asuntos pendientes de resolver, 2.611 en Bizkaia, 929 en Gipuzkoa y 906 en Álava. Solamente 1.619 de ellos están “en gestión”. En el resto, “todavía no se ha realizado ningún trámite”. “La consecuencia de esta problemática, para el caso de no ejecutarse a tiempo la condena, es la prescripción de penas”, se puede leer en el informe, que fue encargado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV) y analizado el pasado 5 de marzo. Se asume que “existe un problema serio” y que es necesario “un plan de choque”. Se están dando casos que el retraso en realización de las penas alternativas es de mayor duración que la pena en sí misma.

Artetxe explica que en 2020 se ha ampliado de 25 a 40 personas el equipo del Servicio Vasco de Gestión de Penas, pero asume que “circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia y las restricciones de ella derivadas han dificultado sobremanera que se desplieguen los efectos del redimensionamiento”. Por un lado, el primer estado de alarma paralizó de golpe la Justicia durante muchas semanas y también estas actividades. Por otro lado, las instalaciones dedicadas a este servicio han visto reducida su capacidad por las limitaciones de aforo.

“Por ejemplo, los talleres de seguridad vial venían impartiéndose para grupos de treinta personas en los tres territorios históricos, facilitando el cumplimiento a cerca de 1.000 personas al año”, señala Artetxe, que añade que ahora no hay capacidad para atender ese volumen de personas. También se ha visto afectado un programa llamado Gakoa, que trabaja con maltratadores con penas inferiores a dos años para que se alejen de la violencia hacia las mujeres.

Nuevos locales para disponer de más plazas

Asimismo, se ha constatado la “desaparición de un número muy importante de plazas con las que contaba el servicio para el cumplimiento de las penas, como es el caso de los trabajos en beneficio de la comunidad”, en concreto “más de la mitad”. “Muchas entidades han suspendido la colaboración con el servicio o han limitado las plazas que ofertaban. Así ha sucedido en el caso de las residencias de mayores, clubes y polideportivos o de algunas de las asociaciones que trabajan con personas en situación de exclusión o de vulnerabilidad”, así como en Cruz Roja o similares.

Ante la aglomeración de casos pendientes, el Gobierno vasco ha empezado a adquirir inmuebles donde poder reubicar las actividades que se están viendo retrasadas. En Bilbao se han adquirido dos plantas de un edificio de oficinas en Ibáñez de Bilbao y ya han arrancado las obras de acondicionamiento. “Y, entretanto, como medida provisional, se han acondicionado una oficina sita en la Gran Vía […] donde ubicar al equipo de terapeutas del programa Gakoa […] y también una oficina en Ibáñez de Bilbao”, se lee en el informe. En Vitoria, se ha habilitado un local cercano al Palacio de Justicia. “Por lo que respecta a San Sebastián, deben valorarse distintas opciones. Aún no se ha tomado un acuerdo al respecto”, se explica. Asimismo, se ha solicitado a los órganos judiciales “la implementación de medidas alternativas adecuadas para reducir el volumen de expedientes pendientes”, aunque precisamente son éstas las penas alternativas a la más habitual, la entrada en prisión. Igualmente, se ha reforzado el empleo de medios telemáticos cuando resulta “factible”.