El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha tenido que paralizar a última hora y contra su voluntad la puesta en marcha prevista para este martes del nuevo contrato de externalización de las ambulancias de transporte sanitario programado o no urgente, las que son de color azul y blanco. Se trata de uno de los servicios más caros de la Administración, con un coste de 135 millones de euros en tres ejercicios. Un recurso del sindicato UGT ha logrado esta suspensión cautelar y el órgano que dirime estas cuestiones, el denominado OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales), tarda una media de tres meses en resolver estas cuestiones.
La central ha recordado en un escrito al OARC que la normativa estatal prohíbe formalizar contratos con empresas sancionadas por la Inspección de Trabajo por infracciones “muy graves” y remarcan que la principal contratista privada de ambulancias, la catalana Grup La Pau, tiene ya desde hace varios meses un primer expediente con esa calificación. Se trata de un caso que agrupa, a su vez, cinco denuncias de retrasos en el pago de nóminas a sus trabajadores, a las que se podrían sumar más por situaciones muy recientes. Grup La Pau, preguntada por este periódico, recalca que la sanción no es firme y que, por lo tanto, no puede ser un motivo de rescisión del contrato. Alerta de las “grandes consecuencias” de esta situación y remarca que recurrirá la sanción sobre los retrasos de las nóminas, que considera una circunstancia “puntual”.
El de las ambulancias externalizadas no urgentes es un contrato muy grande, de 135 millones de euros. Está dividido en tres lotes que prácticamente coinciden con las demarcaciones provinciales. La empresa catalana Grup La Pau gestiona los de Álava y Bizkaia e iba a continuar haciéndolo desde este martes con las nuevas condiciones. Ambulancias Gipuzkoa es la que opera en ese territorio y también era la nueva adjudicataria. Solamente en Bizkaia se había presentado otra empresa alternativa, Diavida.
Después existe también un contrato de transporte sanitario urgente, las ambulancias amarillas. Valorado en 147 millones de euros, entró en vigor el nuevo contrato el 1 de agosto de 2023 y lo gestionan las mismas empresas, también Grup La Pau como principal referencia en Álava y en Bizkaia. Esta compañía ha incorporado como gerente a Ibon Etxeberria, que fue alto cargo del Gobierno y que tuvo que dimitir en la pandemia por saltarse las restricciones para controlar la COVID-19 cuando fue a jugar a golf. Grup La Pau tiene 500 vehículos operativos (240 afectados por el contrato actual) y 1.700 trabajadores.
Sindicatos como ESK o la propia UGT habían intentado paralizar la adjudicación con recursos administrativos ante el organismo llamado OARC o incluso con contenciosos-administrativos ante los tribunales. No habían tenido éxito. Se lamenta, por ejemplo, que se le hayan puntuado de modo favorable a Grup La Pau cuestiones relacionadas con formación o prevención de riesgos laborales cuando acumula decenas de requerimientos de la Inspección de Trabajo al margen de la falta “muy grave”. Sin embargo, UGT buscó un nuevo resquicio de última hora e interpuso un último recurso al OARC el 1 de mayo por la noche, es decir, el día internacional de los trabajadores. En apenas unas horas se activó la maquinaria y finalmente Osakidetza ha paralizado de modo cautelar el nuevo contrato hasta que se determine si efectivamente Grup La Pau no puede optar a adjudicaciones públicas.
El Departamento de Salud comunicó la suspensión de la adjudicación con una brevísima nota sin membretes ni mayores explicaciones apenas siete horas antes de la entrada en vigor de las nuevas condiciones, el lunes hacia las 17.00 horas. También ha activado 'in extremis' una prórroga del contrato anterior, con un plazo máximo de un año, para seguir garantizando el servicio de transporte sanitario programado. Las fuentes consultadas en Salud recalcan que los usuarios tienen totalmente garantizado el servicio a pesar de esta situación.
Esta noticia llega menos de un mes después de que se desbloqueara la huelga del personal de las empresas de ambulancias externalizadas del Servicio Vasco de Salud con la promesa de una subida salarial de hasta el 30%. Aquello se dio a conocer a horas de que finalizara la campaña electoral vasca, en la que la situación de la Sanidad pública fue uno de los grandes temas de debate. El Gobierno de Iñigo Urkullu en funciones asegura que el recurso impedirá que entre en vigor la subida del 24% de la financiación que iban a recibir las empresas contratadas y que, por lo tanto, no podrán aplicar las mejoras económicas comprometidas. Los sindicatos, sin embargo, matizan este punto porque lo logrado fue un “preacuerdo” que aún no se ha plasmado en un convenio y que, en todo caso, siempre podrá tener carácter retroactivo.