El Parlamento Vasco cerca a Glovo y pide a la Administración que vigile que cumpla sentencias y derechos laborales

El Parlamento Vasco, fruto de un amplio acuerdo entre los dos partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu -instigadores del debate- y Elkarrekin Podemos-IU, ha aprobado una contundente y extensa resolución contra la vulneración de derechos laborales en las empresas de reparto con 'riders' en general y en Glovo en particular. Como punto principal, se insta a la Inspección de Trabajo, tanto a la estatal como a la autonómica, a velar por la “correcta regularización de la situación contractual de trabajadores y trabajadoras del sector delivery”, esto es, que vigilen que sean dados de alta en la Seguridad Social y no sean falsos autónomos, que se les dote de un convenio, que lleguen al SMI, que tengan descanso semanal y vacaciones y que no vean esfumados sus derechos sindicales.

El texto que ha salido adelante “rechaza las actuaciones de la empresa Glovo con el propósito de huir de su responsabilidad hacia las personas trabajadoras, del cumplimiento de los derechos, legislación laboral, y de las resoluciones judiciales”. “Esta actitud no es aceptable”, se subraya. Y se añade que, “ante este tipo de actuaciones, las Administraciones e instituciones deben mantener una actitud proactiva, para actuar con la máxima contundencia sobre el fraude a la normativa laboral y sobre las estrategias empresariales destinadas a sortear la legislación laboral en el sector 'delivery'”.

Se pide igualmente que Glovo “con carácter general” aplique la normativa vigente y “de forma inmediata” las sentencias judiciales favorables a los repartidores. Por ello, se insta al Gobierno a continuar con “campañas específicas de detección de falsos autónomos que permitan seguir controlando la aplicación de la legislación laboral y especialmente la Ley Rider”. Y se mira igualmente al Estado, en este caso a la Tesorería General de la Seguridad Social, para “informar, agilizar y facilitar también la gestión presencial para el procedimiento de devolución de las cuotas que pagaron los repartidores y repartidoras que han sido reconocidos como falsos autónomos en actas de la Inspección ratificadas por sentencias firmes”. Como idea final, la resolución de la Cámara recoge que el Gobierno debería “impulsar y, en su caso acompañar económicamente [...], proyectos cooperativos y otro tipo de organizaciones de economía social que, garantizando los derechos laborales de las personas trabajadoras en el ámbito de las plataformas digitales, se hayan constituido y puedan constituirse a nivel local o de comunidad autónoma”.

La iniciativa ha partido de EH Bildu, cuya parlamentaria Eraitz Sáez de Egilaz ha aplaudido la “mayoría absolutísima” que ha concitado su propuesta. “No se puede aceptar no decir nada de quienes están condenados a la precariedad”, ha defendido la representante de la coalición sobre la oportunidad de un debate que ya se había tenido en el legislativo vasco en ocasiones anteriores. Como dato, ha indicado que en Gipuzkoa “no se han abierto actas” como en Álava y en Bizkaia y cree que el acuerdo empujará a que las instituciones se muevan aún más. También ha creído oportuno “dar fuelle” a otros modelos de “cooperativas” frente a las grandes plataformas.

“Más control a la economía uberizada”, ha implorado también Ekain Rico, del PSE-EE, que es el partido que dirige el área de Trabajo y Empleo en el Gobierno de Iñigo Urkullu. La vicelehendakari y consejera del ramo, Idoia Mendia, no ha acudido a la Cámara. Rico ha explicado que el Ejecutivo ha procedido a “16.000 regularizaciones de contratos” desde que dirigen ese área laboral, también de falsos autónomos. En todo caso, ha agradecido a la oposición, a EH Bildu, el haber promovido el debate. “Eskerrik asko, Eraitz”, ha señalado. “Es muy completa”, ha afirmado sobre la resolución Maitane Ipiñazar, del PNV, que ha leído en la tribuna algunos titulares de prensa sobre incumplimientos de Glovo y otras plataformas. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández ha afirmado que Glovo actúa “de manera deliberada contra los derechos laborales” y ha recordado a repartidos que “han perdido la vida fruto del terrorismo patronal”. “Si no están dispuestos a respetar los derechos de los trabajadores, ¡fuera!”, ha abundado Hernández, que es del ala de IU de la coalición de izquierdas.

PP+Cs se ha opuesto al acuerdo. José Manuel Gil, del ala naranja de la coalición, ha afirmado que la economía y las empresas están evolucionando y ha ironizado: “Le deseo mucha suerte en su campaña de poner puertas al campo”. Sobre las irregularidades que se han denunciado, ha señalado que “lo que tendría que hacer es ir a los tribunales y denunciarlo”. “No venga aquí a hacernos perder el tiempo”, le ha dicho a la proponente, de EH Bildu, al tiempo que ha defendido que existen verdaderos autónomos en Glovo, profesionales que controlan cuándo y cómo trabajan. Vox, después de denunciar el cordón sanitario que se aplicaba sobre su única representante, ha vuelto a renunciar a tomar la palabra. Ha votado en contra finalmente.