El Parlamento Vasco ha iniciado este jueves la tramitación de la normativa para evitar la deslocalización de las empresas. La Cámara ha dado el pistoletazo de salida a una proposición de ley de EH Bildu, con los únicos votos en contra de PP+Cs y de Vox, en la que se establece que las compañías implantadas en Euskadi que trasladen su sede o su producción fuera de la comunidad autónoma deberán devolver todas las ayudas públicas que hayan percibido en los diez últimos años. Esto significa que habrá a nivel de todo Euskadi una norma que restrinja las posibilidades de que una empresa deslocalice su sede después de haber recibido ayudas públicas -ya hay normativas forales en este sentido-, lo que no se sabe todavía es cómo. En principio, todo parece indicar que acabará siendo un cláusula o una disposición adicional de la la Ley de Subvenciones, cuyo proyecto de ley aprobó el martes el Gobierno.
El parlamentario del PNV, Mikel Arruabarrena, ha dejado claro en su intervención para justificar su voto positivo que habrá que esperar al trámite parlamentario para ver en qué queda la norma, y que lo que pretendía con su voto positivo era más que nada “lanzar un mensaje claro a la ciudadanía” en el sentido de que PNV “en las distintas instituciones, y también en el Parlamento Vasco, sigue trabajando en favor del arraigo de las empresas vascas al territorio”. Ha recordado que podrían haber referenciado el debate a la tramitación de la Ley de Subvenciones: “Es también una ley que pudiera servir para mediante un artículo haber limitado, haber desincentivado las deslocalizaciones empresariales, pero ya digo, queríamos lanzar un mensaje claro, un mensaje, no líos o a la ciudadanía y, por tanto, hemos votado sí. Ya veremos después, en el trámite parlamentario, qué forma le damos al debate y al trabajo parlamentario”.
También la parlamentaria socialista Sonia Pérez, ha aludido a la posibilidad de que se tramite de forma conjunta con la Ley de Subvenciones, como ya sugería el Gobierno vasco en el informe para argumentar el criterio favorable a la proposición de Ley de EH Bildu. “Quiero recordar que este martes en Consejo de Gobierno se ha aprobado el anteproyecto de la ley reguladora del régimen de subvenciones, por lo que tendremos oportunidad de trabajar ambos proyectos y ver el mejor encaje de las medidas propuestas en la iniciativa de EH Bildu”, ha señalado. No obstante, ha advertido de que “enmarcar el arraigo empresarial y evitar la deslocalización de las empresas establecidas en Euskadi no requiere enfocar el asunto en una intervención puramente sancionadora, porque estamos hablando de algo más complejo, multisectorial y global”.
En cualquier caso, EH Bildu ha conseguido su objetivo de conseguir el visto bueno de la Cámara a la iniciativa, presentada en un momento en el que la deslocalización empresarial ha vuelto ha centrar la máxima atención con el caso de la marcha de Ferrovial. “Es oportunidad, no oportunismo”, ha señalado el parlamentario Iker Casanova, que ha señalado que esta norma debe formar parte de una “política industrial proactiva con liderazgo público”.
Casanova, que ha señalado que la proposición se basa en una normativa vigente en Bizkaia, por lo que “tiene encaje legal”, ha recordado que casos de deslocalizaciones como Gamesa y General Electric, y ha defendido la necesidad de aprobar una ley de este tipo ante las “nefastas consecuencias” que generan las deslocalizaciones en las sociedades afectadas por las mismas.
En concreto, la propuesta de EH Bildu establece que las empresas que lleven a cabo un proceso de deslocalización tendrán “la obligación de proceder al reintegro de las cuantías de las subvenciones percibidas en los diez años anteriores, junto con el interés de demora devengado desde el momento de la recepción de cada cantidad hasta la fecha de dicha declaración”. Además, estas empresas y sus socios no podrán obtener ayudas del sector público vasco durante un periodo de diez años, a partir de la fecha en la que el Gobierno autonómico haya declarado confirmada la deslocalización productiva o fiscal de la compañía.
En la proposición de ley se indica que una deslocalización productiva se produce cuando se da “el cese o una reducción significativa de la actividad de la empresa” o cuando “simultáneamente, o en el plazo de los tres años inmediatos anteriores o posteriores al momento en que se produzca la situación anterior, se desarrolle en otros lugares fuera del territorio del País Vasco la misma actividad que desarrollaba la empresa en este territorio”. También define como deslocalización fiscal los casos en los que una empresa que tenga su domicilio fiscal en Euskadi lo traslade posteriormente fuera.
David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU ha señalado que este es un debate “estratégico”. Además, se ha felicitado por el hecho de que se haya producido “un cambio del paradigma neoliberal”, que está facilitando que se abra el debate sobre la necesidad de evitar las deslocalizaciones empresariales.
El parlamentario de PP+Cs Jose Manuel Gil ha criticado la proposición de ley de EH Bildu, al considerar que con ella se pretende “limitar la capacidad de gestión y decisión de las empresas”, cuando lo que hay que hacer es “tratarlas bien” y “agradecerles” que contribuyan a generar riqueza y empleo. La única representante del Grupo Mixto-Vox, Amaia Fernández, ha afirmado que EH Bildu es “el memos indicado para dar lecciones” sobre este tema, dado que ETA fue durante años “el principal factor de deslocalización empresarial y social” en Euskadi.
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