El Parlamento Vasco, por “asentimiento” de todos los partidos pero a instancias del PP, ha vuelto a pedir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) que elabore una auditoría de las contrataciones del Gobierno autonómico y de otras instituciones vascas al grupo Montai, el conjunto de empresas de un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza. Es al menos la tercera vez que la Cámara demanda este análisis al órgano de control externo. La primera llegó en 2019, cuando se acordó una revisión singularmente del Ayuntamiento de Hondarribia, origen de esta controversia, a instancias de Elkarrekin Podemos. Y en 2022 se hizo una petición muy similar a la actual también a propuesta del PP, entonces en coalición con Ciudadanos. En las dos anteriores no consta que se haya hecho la auditoría.
El grupo Montai es un conglomerado de cuatro empresas, llamadas Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Todas ellas están dedicadas al montaje y organización de eventos. Durante años, han acaparado contratos directos (sin concurso) de diferentes ventanillas de la Administración vasca, como también en el ámbito foral y municipal. Singularmente, en Hondarribia diferentes instancias alertaron de irregularidades en las adjudicaciones al grupo de Elorza, desde la interventora hasta la Autoridad de la Competencia, pasando por la propia Fiscalía, que en todo caso no inició ningún procedimiento. Aun siendo la misma empresa con diferentes nombres, este periódico detectó algunos supuestos en los que aparentemente competían entre sí por contratos o incluso meros cambios de CIF al llegar al tope máximo legal para las adjudicaciones directas.
El PP pide revisar adjudicaciones en 2020, 2021 y 2022 a las cuatro firmas. Demanda un “análisis del cumplimiento de la legalidad en materia de contratación pública”. Y señala que han de mirarse contratos de las áreas de Cultura, Gogora, Hazi, la academia policial de Arkaute o EiTB del Ejecutivo vasco, si bien se mencionan también los inexistentes departamentos de “Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial” o “Empleo y Políticas Sociales” en el documento refrendado en el Parlamento. Igualmente, se plantea una revisión de la Diputación de Bizkaia -aunque nunca ha contratado a Montai, a diferencia de Gipuzkoa-, además de los municipios de Vitoria, Hondarribia, Zarautz, Villabona, Tolosa, Galdakao, Errenteria o Beasain.
El Tribunal de Cuentas vasco es un organismo dependiente del Parlamento, que nombra a sus vocales. Por ello, cada año la comisión de Economía y Hacienda aprueba un plan de prioridades de trabajo que es enviado a los auditores. Todos los partidos hacen sus propuestas y la costumbre es que ni siquiera se discutan. Este jueves así fue y se aprobaron todas por asentimiento. En todo caso, solamente los acuerdos plenarios o de comisiones de investigación son vinculantes para este órgano, de modo que es habitual que las peticiones anuales en comisión no se cumplan en su integridad. El plan de trabajo real del Tribunal de Cuentas lo fijan sus propios integrantes, recalcan las fuentes consultadas, aunque insisten en que tienen en consideración las sugerencias de los partidos.
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