El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, que es de la parte del PSE-EE de la coalición con el PNV, ha afirmado este viernes en el Parlamento Vasco que “en breve” el Gobierno vasco elevará a la Cámara un informe sobre la “aplicabilidad de la ley estatal” en Euskadi. En paralelo, la parte del PNV decidió en julio recurrirla ante el Tribunal Constitucional y sigue insistiendo en que supone una invasión competencial. Este punto ha sido uno de los que más fricciones ha generado entre los dos socios y se hizo muy palpable con las duras críticas del líder socialista Eneko Andueza al lehendakari, Iñigo Urkullu, al que llegó a comparar con Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno Bonilla, ambos del PP.
Arriola, en respuesta a una pregunta de Elkarrekin Podemos-IU en la sesión de control, ha dicho también: “Y estamos ultimando −de acuerdo con las herramientas de estadística desarrolladas para ello− un informe sobre el esfuerzo financiero realizado por la ciudadanía vasca para sufragar su vivienda. Es un documento que está teniendo en cuenta los precios reales de los alquileres de cada ciudad, los gastos medio de suministros y la renta familiar anual. El informe ayudará a determinar las zonas tensionadas en Euskadi y a declararlas como tal, si así se estima oportuno”. Este apartado de la ley fue uno de los que más criticó el PNV, hasta el punto de afirmar que “la regulación del Estado viene a ocupar el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca, según la capacidad que competencialmente tiene Euskadi para establecer su propio modelo en esta materia”. Íñigo Martínez, parlamentario de IU dentro de la coalición de izquierdas, ha recordado que su formación es partidaria de la normativa estatal -la impulsó desde el Gobierno central- y que el Ejecutivo vasco ya aceptó en un acuerdo presupuestario con EH Bildu en 2022 una medida similar.
El consejero de Vivienda ha afirmado, asimismo, que en las “próximas semanas” llegará el decreto de desarrollo del derecho de la vivienda previsto no en la normativa estatal sino en la autonómica, de 2015, y que en su momento también motivó enfoques diferentes de PSE-EE y PNV. Este reglamento creará una pasarela que concederá el derecho a un piso o alternativamente a una ayuda económica a unas 34.000 personas con bajos recursos. El texto acumula retrasos y, de hecho, la última promesa era que estaría listo en septiembre.
Sin embargo, el PSE-EE ha querido que el titular sobre Vivienda del pleno parlamentario fuese otro. En una autopregunta, ha preparado el anuncio de Arriola de que cambiarán los umbrales máximos de renta para poder optar a una vivienda protegida bien de alquiler o bien en propiedad. El Gobierno lo explica por la inflación y recuerda que ya el pasado año se ajustaron los precios de venta de estas mismas casas. Asimismo, se busca un automatismo para que puedan ir ajustándose cada ejercicio. “Resulta lógico también revisar al alza los ingresos máximos requeridos para inscribirse en el registro de solicitantes de vivienda protegida para poder acceder a una VPO en alquiler o en compra. Y por eso hemos tomado la decisión de modificar la orden que regula los ingresos a través de una disposición final del decreto de derecho subjetivo que pasará por Consejo de Gobierno en las próximas semanas. Como regla general, hemos introducido un mecanismo de ajuste automatizado que prevé la actualización a 1 de enero de cada año los ingresos máximos con el IPC como referencia. Pero, excepcionalmente, la norma establece una actualización del 8,5 % en el momento de la publicación”, ha indicado Arriola.
“En este momento, los límites de ingresos máximos de las personas que pueden optar al alquiler de una vivienda de protección social pasarán de 25.000 a 27.125 euros; los de quienes optan al alquiler o compra de una VPO de régimen general, de 39.000 a 42.315 euros; y de los que quienes opten a una vivienda tasada, de 50.000 a 54.250 euros”, ha señalado. Se estima en 17.000 el volumen de demandantes de un piso en propiedad en Etxebide (el Servicio Vasco de Vivienda). Relacionado colateralmente con el área de Vivienda, el PNV también ha aprovechado su autopregunta en la misma sesión de control para insistir en la importancia del programa Emantzipa, la ayuda de 300 euros para jóvenes que aún no está en marcha y que ha sido presentada en no menos de diez ocasiones con la de este viernes.
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