La disposición adicional decimocuarta de la ley estatal de 2022 sobre residuos obliga a los ayuntamientos desde este 2023 a elaborar “un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada”. “Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”. Con este asidero, el Gobierno vasco y su consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia (PNV), insisten en que el vertedero de Vitoria, Gardelegi, que es el mayor de Euskadi y uno de los más extensos de España con 85 hectáreas, acoja ese amianto y el de Álava dentro de un plan más amplio para que haya también otro punto centralizado para Bizkaia y un tercero en Gipuzkoa. En la actualidad, solamente Bistibieta, en Lemoa, está autorizado para recepcionar amianto y allí también hubo protestas vecinales. Pero la nueva alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria (PSE-EE) no tiene entre sus planes hacer que el gran vaso del sur de la ciudad cambie de ser un espacio para residuos “no peligrosos” a un recinto también para los “peligrosos”.
Tapia y Etxebarria se reunieron en agosto, justo antes de las fiestas de La Blanca, para abordar ésta y otras cuestiones de interés común para ambas instituciones. No existe un requerimiento formal como tal, pero el Gobierno vasco ha enfatizado varias veces en lo que va de septiembre que toca “empezar a abordar” la aplicación de la ley estatal en Vitoria. Ampliar Gardelegi o al menos destinar en él una celda específica para estos restos procedentes de construcciones con uralita y que son altamente dañinos para la salud es “la mejor de las soluciones para el desamiantado que hay que llevar a cabo” en un lustro. Eso sí, la consejera autonómica ha dejado claro que “no es una imposición” porque la instalación es de titularidad municipal, como también lo es la competencia urbanística de las modificaciones precisas para cambiar la calificación de Gardelegi.
Insiste Tapia en que Vitoria ha de disponer de un espacio para los residuos que se generen tanto en la ciudad como en la provincia. Recalca que ese tipo de celdas son “perfectamente seguras” y que no sería “responsable” plantear retirar el amianto como marca la ley y enviarlo “al vecino”. “En Euskadi ya tenemos experiencia de traslado por carretera de residuos y creo que no es la mejor de las soluciones. Todas las instituciones son responsables de gestionar residuos sin llevarlos al vecino. No entendemos que existiendo un vertedero con posibilidades vayamos a trasladar el amianto de un lugar a otro”, ha abundado la titular de Medio Ambiente en una comparecencia ante los medios de comunicación.
Asegura Tapia que su propuesta a Etxebarria es la misma que se le trasladó al anterior alcalde, Gorka Urtaran, que es del PNV como ella. Fuentes de su entorno piden no contemplar este debate como una pugna partidista. Urtaran, de hecho, también se opuso a una ampliación de Gardelegi, aunque su sustituta como candidata y ahora teniente de alcalde en coalición con Etxebarria, Beatriz Artolazabal, sí abrió la puerta a aceptar el amianto en la campaña electoral. Artolazabal fue compañera de Tapia en el gabinete de Iñigo Urkullu durante siete años.
En todo caso, en el Ayuntamiento hay respaldo de los técnicos a esta postura crítica y también la oposición es claramente contraria a que el vertedero reciba amianto. Así lo han verbalizado EH Bildu y el PP. La coalición Elkarrekin (Podemos, IU y Equo) ya ha registrado una moción para que salga del pleno municipal un 'no' unánime al plan del Gobierno vasco. Se votará próximamente. Esta formación ha recordado que tras el derrumbe de Zaldibar en 2020 parte del material que tenía que haber ido allí ahora se deriva a Vitoria. En concreto, la entrada de residuos industriales ha pasado de 17.156 toneladas en 2019 a 33.182 toneladas en 2022. Entretanto, la ciudad sí está retirando desde hace años instalaciones potencialmente peligrosas, como tuberías de la red de Amvisa o tejados en todo tipo de edificios.
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