La principal empresa de ambulancias de Euskadi, la catalana Grup La Pau, ha advertido a los sindicatos representados en la comisión negociadora del nuevo convenio del personal de las emergencias externalizadas de Osakidetza que la paralización del contrato de gestión del transporte sanitario no urgente o programado, de 135 millones, puede implicar la ruptura del preacuerdo alcanzado en abril para poner fin a la huelga indefinida y que contemplaba subidas salariales de hasta el 30%. Este aviso consta en el acta de una reunión mantenida este mismo miércoles entre la patronal de ambulancias (EOGE) y las centrales LSB-USO, ELA, LAB, CCOO y UGT, a la que ha tenido acceso este periódico y que fue elaborada por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), que ejerce como mediador en el conflicto entre las partes.
En Euskadi hay dos grandes contratos para la externalización del servicio de ambulancias. Por un lado, están los vehículos de urgencias (de color amarillo). La renovación de esa adjudicación se produjo en agosto de 2023 por unos 147 millones de euros. Grup La Pau gestiona los servicios de Álava y de Bizkaia, unos dos tercios del total en términos económicos, y Ambulancias Gipuzkoa los de ese territorio. Por otro lado, tocaba renovar este martes el servicio no urgente o programado (vehículos blancos y azules). Grup La Pau y Ambulancias Gipuzkoa se iban a repartir de igual modo esta contrata. Pero UGT presentó un recurso 'in extremis' alegando que las empresas con faltas “muy graves” constatadas por la Inspección de Trabajo no pueden acceder a contratos públicos, según la normativa estatal. Grup La Pau tiene una sanción (no firme aún) con esa consideración por retrasos en los pagos de las nóminas. La paralización, en todo caso, afecta también a la parte de Ambulancias Gipuzkoa.
El Departamento de Salud, que es el responsable último del servicio, publicitó que el nuevo contrato implicaba un incremento de la financiación en un 24%. En abril, en puertas de las elecciones, se conoció que la patronal de las ambulancias y los sindicatos firmaron una tregua en forma de preacuerdo con importantes subidas salariales. Pero ahora Grup La Pau asegura que el retraso en la vigencia del nuevo contrato le genera “pérdidas económicas” diarias y pide que se retire el procedimiento ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC). Fuentes de las empresas insisten en que sin los recursos adicionales no pueden hacer frente a los compromisos, como tampoco a la preceptiva compra de nuevos vehículos. Osakidetza también entiende que sin el nuevo contrato está en riesgo la paz social.
Eso sí, la supuestamente precaria situación económica de esta mercantil ya era una realidad cuando firmó el acuerdo. Una auditoría del Grup La Pau en 2022 ya revelaba que era una empresa con pérdidas, de un millón de euros en ese ejercicio concretamente, y con un margen de maniobra negativo de 10 millones. Sus documentos internos apuntan a que las contratas de Euskadi, antes de su actualización, eran deficitarias por los costes de personales y los incrementos en el combustible, por ejemplo.
Según ese mismo acta, el sindicato UGT, promotor del recurso que ha paralizado el nuevo contrato, entiende que Grup La Pau tiene que aceptar las mejoras retributivas y aplicarlas sí o sí. Estima que “el preacuerdo nunca se condicionó a la entrada en funcionamiento de ningún contrato sino tan sólo a la desconvocatoria de la huelga, con lo que se cumplió”. En la reunión, ELA indicó que la validez del preacuerdo “no se condicionó a la situación de ninguna empresa”, LAB mostró su sorpresa ante el planteamiento de la compañía catalana, CCOO indicó que se tiene que avanzar ya en el convenio y LSB-USO se quejó de que las personas con “capacidad de decisión” de la patronal solamente hayan aparecido en la negociación ahora que ha habido un hecho “relevante” que querían poner sobre la mesa.
La paralización del contrato de 135 millones, de la que Osakidetza informó apenas unas horas antes de que fuera efectiva con una nota brevísima y sin membretes, coincide con la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Agencia Vasca de Protección de Datos a instancias de otro sindicato, en este caso ESK. En concreto, se puso de manifiesto que Grup La Pau tenía previsto instalar en todos los vehículos (tiene 500 en Euskadi) un sistema de grabación de vídeo y audio de “360 grados”. Protección de Datos, en todo caso, hace responsable de la infracción a la Administración, que insiste en que el sistema de control fue instalado 'motu proprio' por Grup La Pau.
La compañía, de su lado, defiende que sufren “una campaña de acoso sindical desde octubre” y la enmarcan “dentro del conflicto como consecuencia de la negociación del convenio”. Antes del preacuerdo, según sus datos, fueron “saboteadas” 300 unidades, aunque los sindicatos siempre se desmarcaron de ello. La empresa indica que la mayoría de denuncias que recibe acaban archivadas e incluso ha llegado a decir públicamente que estaba estudiando “emprender acciones legales ante las denuncias falsas”. Sin embargo, la Inspección de Trabajo sí ha constatado numerosas irregularidades en la gestión externalizada de las ambulancias de Osakidetza en los últimos años. “Nuestro objetivo es cumplir con el preacuerdo y ello será más sencillo si se quita el recurso”, indican preguntados por el contenido de la reunión.