El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha modificado el proceso de matriculación del alumnado para el próximo curso 2023/2024 con el pretendido objetivo de reducir la segregación. También es manifiesto el deseo de obligar por primera vez a que los colegios privados del Opus Dei sean mixtos, aunque esta previsión, en principio, no afectaría a los conciertos a corto plazo ni a la inminente campaña de admisiones. Sin embargo, para la plataforma en apoyo a la escuela pública Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea, en lugar de favorecer a la red pública, “aumenta la privatización del sistema” en una comunidad autónoma con el 50% del alumnado matriculado en centros de titularidad privada.
“La nueva normativa establece que todos los centros deberán acoger un porcentaje de alumnado con necesidades específicas. Al final, el Gobierno ha tenido que reconocer que hay un problema de justicia social, la segregación escolar, después de años de ignorarlo. Pero en vez de afrontar la causa del problema, sólo aborda el síntoma. El síntoma es la inaceptable distribución del alumnado en las dos redes educativas, y su causa la abrumadora presencia de la enseñanza privada-concertada, el nivel casi absoluto de concertación, y la falta de control sobre sus malas prácticas. No se trata de repartir a alumnado de uno u otro tipo, con el riesgo de estigmatización que ello conlleva y seguir blindando el actual modelo dual, sino de construir una red equilibrada y potente de escuelas públicas”, han denunciado los miembros de la plataforma en una rueda de prensa celebrada en Bilbao.
Según ha explicado su portavoz, Maribel López de Luzuriaga, a elDiario.es/Euskadi, los centros escolares a día de hoy no conocen “cómo se medirá” el índice de vulnerabilidad. Sí que saben que la renta de las familias no será un requisito para determinan si los menores son vulnerables o no. “¿Cómo van a determinar si un niño de dos años es vulnerable o no? Además, es una medida que no va a cambiar nada, porque con la baja natalidad hay clases en los centros concertados y privados que no se están llenando, entonces no les supone nada guardar unas plazas. El problema va a ser que los alumnos vulnerables que directamente suelen ir a la pública, con el nuevo sistema serán repartidos en otros centros y eso debilitará la educación pública porque perderemos alumnos”, ha detallado.
El objetivo del Departamento de Educación con estas nuevas medidas es lograr “una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad entre todos los centros del Servicio Público Vasco de Educación”, una supuesta categoría que engloba también a los privados concertados, religiosos, ikastolas y cooperativas. Sin embargo, desde la plataforma han criticado que “desviará, como mucho, a un grupo de alumnos en situación de vulnerabilidad que hasta ahora se matriculaba en centros públicos, a centros privados-concertados, a los que aportará a la vez más dinero y recursos. A la vista está que esto aumentará la privatización del sistema”. “Si realmente creyeran que la escuela pública tiene que ser la prioridad, la matriculación del alumnado debería hacerse en función de las aulas que haga la oferta pública de la zona, barrio o pueblo, reduciendo progresivamente los conciertos educativos como consecuencia lógica de una planificación racional de la oferta de plazas escolares, consiguiendo una escolarización equilibrada y garantizando los derechos de todos los niños y niñas”, han aclarado.
Sobre el hecho de que los colegios del Opus Dei tengan que admitir a alumnado de ambos sexos, López de Luzuriaga ha confesado que “ya era hora de que dejaran de financiar estos centros”, pero ha recalcado que “no ha sido decisión del Gobierno vasco, sino del Gobierno de España con la LOMLOE”. “Aquí siempre ha habido intentos de que se dejasen de financiar esos centros, pero lo recurrían ante la justicia y ganaban las sentencias y seguían recibiendo financiación. Lo que ha hecho ahora el Gobierno vasco es aplicar una normativa estatal. De todas formas es un paso”, ha reconocido.
De cara a la Ley de Educación del Gobierno vasco, López de Luzuriaga ha indicado que se encuentran “a la espera” de que de los borradores se salte al proyecto de ley, prometido para el primer trimestre de 2023 “Se supone que todas las aportaciones ya están hechas, pero no sabemos qué documento sacarán. Nosotros somos muy críticos desde el primer acuerdo y vemos que esta nueva ley va a equiparar todos los centros sin darle importancia a la titularidad y les va a financiar igualmente aunque no cumplan los requisitos que tiene que tener un servicio público de calidad. Es decir, en un contexto de bajada de la natalidad, en vez de consolidar la red pública hasta que llegue a ser hegemónica, y limitar los conciertos educativos con la red privada a lo estrictamente necesario, la protege y la mantiene. Es inaceptable”, ha criticado.
Entretanto, este jueves el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha mantenido una reunión con la patronal que aglutina a los seis colegios cercanos al Opus Dei que mantienen la segregación. El deseo es que pasen a ser mixtos de mutuo acuerdo y de forma progresiva, como ocurre ya en sus aulas de Infantil. No se ha hecho ningún comentario oficial sobre el desarrollo de la reunión.