El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV ha incoado un expediente de expulsión a Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano, Aitor Tellería, Xabier Sánchez Robles, Iñaki San Juan, María Justina Angulo o Alfonso Arriola, excargos del partido sobre los que recae ya una sentencia firme por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', según indican fuentes del partido dirigido por Andoni Ortuzar. El expediente ha sido elevado al Tribunal Nacional de Garantías, el máximo órgano interno de control, que es el encargado de realizar la comunicación a los aludidos. Al mismo tiempo, los absueltos en esta causa judicial que pudieran tener interés en continuar formando parte de la organización recuperan su pleno derecho a formar parte de la vida orgánica.
La investigación se inició en diciembre de 2009 y De Miguel, Ochandiano y Tellería, dirigentes del Araba Buru Batzar, fueron detenidos por la Ertzaintza en marzo de 2010. Entonces, el presidente del PNV era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y se les demandó que entregarán su carné. No lo hicieron hasta 2011, cuando quedaron suspendidos cautelarmente. Lo mismo ha ido ocurriendo con el resto de excargos públicos u orgánicos según iban avanzando las imputaciones en este macrosumario.
Precisamente el 'caso De Miguel' motivó la inclusión en los estatutos nacionales del PNV de incisos para prevenir situaciones como la del retraso de De Miguel, Ochandiano y Tellería, que además de aceptar a regañadientes la suspensión enviaron un comunicando “exigiendo” al EBB “mayor convencimiento y determinación” en la defensa de sus afiliados porque ellos, insistían entonces, eran totalmente inocentes. Ahora están redactados así: “Excepcionalmente, el Euzkadi Buru Batzar podrá acordar la suspensión cautelar de la afiliación de una persona afiliada investigada en fase de instrucción por un hecho delictivo con evidente daño a la imagen de EAJ-PNV, previa audiencia preceptiva de la persona afiliada. La suspensión cautelar será automática si se dicta auto de apertura de juicio oral y se trata de un hecho delictivo relacionado con la corrupción”. Además, hay igualmente ya previsiones para posibles casos de violencia sexual o machista.
Entretanto, el PNV se ha encontrado que dos de los principales condenados, De Miguel y Tellería, han pedido un indulto. El actual presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, perteneciente a un sector político opuesto al que en su momento representaban los condenados, ha insistido en que el partido no tiene “absolutamente nada que ver” con las peticiones que han empezado a realizarse en las últimos días para evitar la entrada efectiva en la cárcel. Eso sí, en el caso del indulto de De Miguel, uno de los promotores identificado por 'El Correo', Jokin Villanueva, fue cargo electo del partido hasta fechas recientes, aunque las fuentes consultadas indican que actúa “por amistad” y lealtad hacia quien todos conocen como Txitxo.
“No tiene ni pies ni cabeza. Nosotros como partido no tenemos nada que ver con el indulto, absolutamente nada”, ha enfatizado Suso en un acto con los candidatos electorales de Vitoria y Álava, Beatriz Artolazabal y Ramiro González. Desde el entorno de los condenados vienen trasladando desde enero a este periódico que, al menos en el caso de De Miguel, sobre el que pesa una pena de más de doce años de cárcel (nueve de cumplimiento máximo), la iniciativa parte de su entorno y no del partido, de su familia o incluso de su defensa. Es más, el expolítico ha cambiado de abogado tras trece años con Gonzalo Susaeta. Ahora le representa la penalista Estefanía Rojo.
Suso ha afirmado también que tampoco tiene “ni pies ni cabeza” la idea de que el PNV pueda introducir estos indultos como elemento de negociación en el Congreso de los Diputados con el Gobierno central, que es quien tiene la facultad para condonar una pena de prisión. “Eso forma parte de los bulos políticos que a alguno le puede interesar lanzar, pero, por supuesto, lo puedo desmentir”, ha respondido.
Sin embargo, la oposición ha empezado a criticar la idea de que De Miguel pueda evitar la cárcel fruto de una medida de gracia. “Sería una humillación y un insulto”, interpreta el PP. Su presidente alavés, Iñaki Oyarzábal, ha enfatizado que la sociedad “no quiere hablar de indultos” y sí de “dónde está el dinero de las mordidas”. Los 'populares' sí creen que el PNV podría utilizar este asunto como elemento de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Eso sí, según las fuentes judiciales consultadas, un indulto podría tardar un año en ser resuelto. De ser así, será ya el Ministerio de Justicia que salga de las siguientes elecciones generales el que tenga la última palabra. Antes, en todo caso, tendrán que evacuar sendos informes la Fiscalía y el propio tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Álava. Los informes favorables a los indultos son muy excepcionales y no sería previsible que en este caso pudieran serlo, según estas fuentes. Los plazos para la ejecución de las penas, en general, no van a ser tan breves como se esperaba y van a pegarse a las elecciones.
El asunto ha sobrevolado también en el debate mantenido en el pleno del Parlamento Vasco para crear una oficina contra la corrupción e instado por EH Bildu. Ya era conocido el criterio desfavorable del Gobierno de PNV y PSE-EE –de hecho así había actuado también ante iniciativas similares de la coalición abertzale– por lo que la propuesta estaba condenada al fracaso. “Los casos de fraude y corrupción que se han venido acumulando en estos últimos años han puesto de manifiesto que los mecanismos existentes en la actualidad para hacer frente a ese tipo de prácticas no son suficientes”, entendía EH Bildu, quien por boca de Josu Estarrona ha indicado que en Navarra ya existe un organismo similar y con el apoyo de socialistas y la marca allí del PNV, Geroa Bai.
Jon Andoni Atutxa, del PNV, ha respondido con dos argumentos. Uno, la corrupción en Euskadi “no es algo sistémico”. Y, dos, ya existen numerosos organismos de control. “Nos reafirmamos con rotundidad en todos los recursos de los que nos hemos dotado para promover la integridad, impulsar la transparencia y combatir la corrupción, que son recursos que siguen plenamente vigentes y activos. Vigentes y activos”, ha afirmado el portavoz nacionalista.
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