El PNV ha rescatado la denominación 'caso Miñano' para referirse al 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción en Euskadi ahora ratificada por el Tribunal Supremo con condenas de cárcel para exdirigentes del partido en Álava y excargos públicos nacionalistas. Este nombre se ha empleado en los últimos años para rebajar el alcance de un caso que, en efecto, se inició por una denuncia de irregularidades en torno al parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, pero que se extendió muy pronto a Zambrana, Zigoitia, Lapuebla de Labarca y otras derivadas confirmadas en las dos sentencias emitidas ya sobre este sumario, donde operó una trama encabezada por quien da nombre al caso, el ex 'número dos' del partido en Álava, Alfredo de Miguel. Además, la organización presidida por Andoni Ortuzar ha afirmado que la sentencia del alto tribunal “relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con EAJ-PNV” aunque hay pasajes que hacen alusión a que los condenados se valieron de su posición e influencia políticas para cometer los delitos y que tenían en común su pertenencia a una misma organización.
“La sentencia hoy conocida viene a avalar que el caso no afecta a EAJ-PNV como partido, ni a su financiación. Ni en el auto de apertura de juicio oral, ni en la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, ni en el fallo del Tribunal Supremo había ni hay una sola referencia a esta cuestión”, remarca el comunicado del partido, que ha centralizado toda la comunicación en el Euzkadi Buru Batzar. La nota, en todo caso, elude todas las referencias a los hechos concretos probados -entre ellos que los imputados se han enriquecido, extremo negado por cargos peneuvistas como Joseba Egibar- y denuncia la “excesiva dilación” de todo el proceso judicial, “que ha implicado a un grupo de personas más amplio que el de las hoy condenadas”. El partido, en efecto, se acuerda de los absueltos o no juzgados -Julián Sánchez Alegría, Asier Arzalluz, Miren Bilbao o Pablo Larrabide, entre otros- pero no de la denunciante, Ainhoa Alberdi, que no es afiliada pero cuya familia sí lo era y que en estos años ha recibido numerosos ataques.
Respecto a los condenados, a los que no menciona por el nombre en ningún momento, se remarca que “estas personas entregaron sus carnés” de afiliados. “Fueron apartadas de sus responsabilidades públicas e internas. Durante todo este tiempo, han tenido suspendida cautelarmente su afiliación. Una vez que la sentencia es firme, se procederá a incoar el expediente definitivo de expulsión ante el correspondiente tribunal interno, en cumplimiento de los estatutos vigentes”, indica el PNV, que aprovecha para “poner en valor la honestidad y la entereza de miles de mujeres y hombres de EAJ-PNV, de cargos públicos e internos que dedican su tiempo y el de su familia, su bienestar y su capacidad de progreso al servicio público”.
En ese contexto, el PNV sí “renueva” sus disculpas a la sociedad vasca lanzadas tras la sentencia de primera instancia, de finales de 2019. Hoy renovamos esa disculpa ante el conjunto de la sociedad. “Como en su día hicimos al conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, acatamos el auto judicial y proclamamos, como lo hemos hecho siempre, que cualquier práctica éticamente reprobable, contraria a la vocación de servicio público que debe tener la acción política, está reñida y fuera de la práctica y del ejercicio del Partido Nacionalista Vasco. La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con EAJ-PNV. Al contrario, siempre tendrán a este Partido enfrente. La acción política que practica EAJ-PNV va dirigida a mejorar la vida y el bienestar de la colectividad vasca”, indica el comunicado.
El presidente del Euzkadi Buru Batzar cuando estalló el caso era el hoy lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha publicado un mensaje en Facebook. “Hoy ratifico el contenido de las declaraciones públicas realizadas el día 1 de abril de 2010 una vez conocidos los hechos y el 17 de diciembre de 2019 ante la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, primero como presidente de EAJ-PNV y después como lehendakari. Ratifico mi primera declaración de 2010 como presidente del Partido Nacionalista Vasco: 'Repruebo todo caso de corrupción y mantengo el compromiso total con la transparencia y la ética en la gestión pública y política'. Ratifico también mi declaración de 2019 como lehendakari: 'Mi más absoluto respeto a las decisiones adoptadas por la Justicia'. Estas decisiones deben ser acatadas y cumplidas, respetando también el curso de los procedimientos judiciales. Ratifico el más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y a los valores éticos que defendemos y por los que queremos significarnos”.
Aunque Urkullu sí emplea el término “corrupción”, no figura la palabra en la nota del partido. Hace un mes, en diciembre, el PNV presentó las conclusiones de un proceso interno de reflexión llevado a cabo con opiniones de afiliados, simpatizantes y externos que remarcaba que estas siglas no estaban asociadas a la corrupción, aunque sí admitía la necesidad de combatir “cierta imagen de amiguismo”. En los últimos años no ha sido el 'caso De Miguel' el único, aunque sí el más importante. En Gipuzkoa se acreditaron irregularidades en la puesta en marcha del museo Balenciaga de Getaria y también en la gestión de Hacienda del exsenador Víctor Bravo. Y en Alonsotegi, en Bizkaia, los tres alcaldes anteriores están bajo investigación.