El PNV presenta ahora a De Miguel como “víctima” de la “tardanza” de la Justicia

El PNV ha presentado ahora a Alfredo de Miguel, condenado a doce años de cárcel por liderar una trama de corrupción política, como “víctima” de la “tardanza” de la Justicia en resolver una investigación que colea aún y cuyo inicio data de diciembre de 2009. La palabra ha sido formulada este martes en el Parlamento Vasco. En la Cámara se ha celebrado una tensa sesión en comisión motivada por el hecho de que el ex 'número dos' del PNV de Álava sigue en su puesto en la Administración autonómica como “coordinador” de la entidad de pesca Itsas Garapen Elkartea después de varios ascensos de categoría y subidas de sueldo en estos años, como ha venido publicando este periódico y ha confirmado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, de quien depende la sociedad pública Hazi a la que está adscrito el expolítico. La reflexión la ha hecho Mikel Arruabarrena, portavoz del partido en esa comisión, quien ha considerado que los “principales damnificados” por la gran duración de este sumario son los “enjuiciados” y ha defendido, a continuación, la “transparencia” de Euskadi contra la corrupción.

Se da la circunstancia de que son precisamente las “dilaciones indebidas” en el proceso las que han hecho que las condenas de cárcel sean menores y no las que corresponderían por la gravedad de los hechos confirmados. Además. el proceso ha durado tanto porque ni De Miguel ni otros de los que ahora entrarán en prisión han querido colaborar con la Justicia. De hecho, un grupo de imputados encabezados por el también 'jeltzale' Josu Arruti ya confesó y devolvió el dinero en 2018 y acabaron con su travesía en las diferentes instancias judiciales. Para ellos la sentencia ya es firme desde hace un lustro y De Miguel tuvo la misma oferta de la Fiscalía para lograr una salida pactada y favorable.

Desde la oposición, EH Bildu ha remarcado también que el PNV nunca ha puesto en valor a la denunciante del 'caso De Miguel', la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, quien acudió a la Fiscalía después de que De Miguel le pidiera una comisión de 100.000 euros por la intermediación en la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. Más bien al contrario, ella ha denunciado en estos años haber recibido la recomendación de no presentarse a concursos. También se le comunicó una inspección fiscal tres días antes de que le tocara ratificar su denuncia en el juicio, celebrado en 2018. Igualmente, ha referido que ha necesitado tratamiento por la ansiedad que ha padecido.

En su respuesta, la consejera Tapia ha respondido textualmente: “Va a ser duro lo que voy a decir. Usted habla de que una persona particular denuncia la extorsión. Y que es muy valiente. Bueno, quizás otras personas también tendrían que haber sido valientes y haber denunciado otro tipo de extorsiones en este país”. Hace unas semanas, en un debate en las Juntas Generales de Álava, el PNV también afeó su cobertura a ETA a la izquierda abertzale. Sin embargo, fue De Miguel el que simuló una falsa amenaza terrorista para justificar los movimientos opacos de dinero, entre ellos una operación con 60 billetes de 500 euros en la calle.

Al PP, Tapia también le ha pedido que se ahorre lecciones de cómo gestionar casos de corrupción, lo que ha motivado un gran enfado de su portavoz, Carmelo Barrio. La presidenta de la comisión, Alaitz Zabala, también del PNV, ha cortado a los portavoces de Elkarrekin Podemos-IU y Vox cuando han querido enumerar otros casos o posibles irregularidades. Ha pedido que se ciñan al tema del orden del día. También ha mostrado su enfado ante las quejas de la oposición por la demora de dos meses desde que se conociera la posición real de De Miguel en Hazi y en Itsas Garapen Elkartea hasta que ha tenido lugar el debate.

En ese período, además, se conoció la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de enero que ratifica en buena medida el pronunciamiento inicial en primera instancia de la Audiencia de Álava. En el debate, se ha manejado el argumento de que han pasado 53 días desde que la sentencia es firme y no se ha ejecutado. Lo ha usado la oposición para echar en cara al Ejecutivo que no haya despedido ya a De Miguel y también la consejera para criticar la tardanza de la notificación del fallo. Se ha orillado que uno de los condenados, el exedil del PNV en Leioa y administrador de la empresa pantalla para el cobro de comisiones Errexal, Iñaki San Juan, formuló un “incidente de aclaración” que paralizó la firmeza. Esa aclaración de la sentencia ha llegado solamente hace unos días, el pasado jueves, no hace dos meses. Permitirá a San Juan con toda probabilidad eludir la entrada efectiva en prisión porque ninguno de sus delitos supera los dos años de pena pero abre ya la puerta a la ejecución del resto de penas, aunque ello exige aún formalismos procesales en la Audiencia Provincial. Hasta el momento, tampoco la huelga de secretarios judiciales ha afectado en nada.

El caso de Koldo Goitia

El Gobierno ha recalcado ante la Cámara que, en cuanto reciba la notificación, despedirá a De Miguel de Hazi. También, por cierto, a Koldo Ochandiano, otro exdirigente del PNV de Álava que había vuelto a la misma plaza de contable que tenía en Miñano cuando se cometieron las irregularidades. Se hará con “premura”, ha garantizado Tapia. Además, ha indicado que Hazi ha dado la “orden” a De Miguel para que les informe en cuanto él también reciba la notificación oficial. La oposición ha ironizado que no se puede pretender que actúe ahora con diligencia y honestidad alguien condenado por graves delitos.

De Miguel fue detenido por este caso en 2010, precisamente en marzo. Tenía de su etapa anterior dos excedencias en sendas sociedades públicas. Una era Sprilur, también dependiente del área que ahora dirige Tapia, y la otra en IKT. La de Sprilur la liquidó y se llevó una indemnización de 22.000 euros. Eligió IKT, donde tenía un salario de unos 27.000 euros reducido un 12,5% por motivos familiares. Y en 2012 IKT se fusionó con otras dos entidades para convertirse en la fundación Hazi. Desde entonces De Miguel ha escalado de una categoría laboral C a una categoría A, la máxima. Cobra 30.000 euros más, unos 57.000 euros. Su sueldo no ha parado de subir, ni siquiera después de que se conociera su condena en primera instancia en diciembre de 2019.

Tapia ha indicado que ese salario y esa categoría son “temporales”. Ha indicado que Koldo Goitia dejó Hazi para ser alcalde de Lekeitio (también por el PNV) y que hubo un concurso para ocupar su plaza. Lo ganó De Miguel, informático de profesión pero que ahora se ha especializado en la pesca. Ello le ha permitido saltar dos categorías a la suya y tener pluses salariales de relevancia. Su salario bruto en 14 pagas supera los 4.000 euros mensuales. Entre sus funciones, se le asignó la “secretaría técnica” del GALP o grupo de acción local pesquera de Bizkaia y Gipuzkoa, una entidad llamada Itsas Garapen Elkartea. Este periódico documentó que era referido como “gerente” de ese grupo y que, como tal, había dado entrevistas, realizado viajes oficiales y participado en foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hasta recogió dos premios en nombre de iniciativas vascas innovadoras del mundo de la pesca.

Según la consejera, la palabra “gerente” es una mala traducción de “manager” y ha indicado en el Parlamento que la denominación correcta de sus funciones es la de “gestor” o, a lo sumo, “coordinador”. Además, ha recalcado que no ha representado ni a Euskadi ni al Gobierno vasco, sino exclusivamente a Itsas Garapen Elkartea, donde participan también las cofradías vizcaínas y guipuzcoanas, por ejemplo. Además, ha insistido en que todas sus funciones son en realidad las de Goitia, que ahora dejará la alcaldía de Lekeitio y regresará a Hazi con más responsabilidades y salario que los que tenía cuando la abandonó. Son muchos los excargos del PNV en Hazi, incluido Iñaki Gerenabarrena, el presidente del partido en Álava cuando operaban De Miguel, Ochandiano y el tercer dirigente condenado, Aitor Tellería. Es más, Tapia ha revelado que De Miguel intentó consolidar su ascenso y que presentó un recurso interno para ello. Se le denegó. Por las fechas que ha dado, aquel asunto se resolvió apenas unos días antes de que arrancara el juicio por corrupción.

Como publicó este periódico en 2019, tras la primera sentencia, el convenio de Hazi prevé un despido para personas condenadas a más de seis años de prisión por delitos económicos, entre ellos la malversación. No se alude a que la condena tenga que ser “firme”, como sí ocurre en otros convenios. Sin embargo, el Ejecutivo siempre ha interpretado que tocaba preservar los “derechos” de De Miguel a una “doble instancia”, esto es, a presentar un recurso ante el Supremo. La consejera Tapia ha leído pasajes de informes internos que apuntan en esa dirección. Es por ello por lo que tampoco desde enero se ha despojado al expolítico condenado de sus responsabilidades, porque se espera a una notificación oficial de firmeza.

Lealtad del PSE-EE

Para la oposición, es una forma de proceder inadecuada. Según Josu Estarrona, de EH Bildu, el Gobierno y el PNV han decidido “preservar por encima de todo, incluso por encima de la propia imagen de la institución, los derechos de esta persona”. Y ha lamentado “medias verdades” como cuando Tapia “dio a entender” en enero, tras conocerse el fallo del Supremo, que De Miguel había sido enviado a casa a teletrabajar. Ha enfatizado que ya lo hacía desde meses antes. La consejera ha puntualizado que ahora es una situación permanente y no en función de los días y ha rechazado que teletrabajar implique no hacer nada o estar de “hamaiketako” en casa. Estarrona también ha recordado una comparecencia de Hazi en 2020 en el Parlamento. En ella no se dio el salario real que entonces tenía quien todos conocen como Txitxo.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha planteado que, en estos años, “por lo menos la suspensión de sueldo” sí cabía si no era posible un despido. Carmelo Barrio, de PP+Cs, ha descrito estos años en Hazi con el título de una película, “Uno de los nuestros”. El PSE-EE, en cambio, ha ejercido de socio leal del PNV en las instituciones. Su portavoz este martes, Gloria Sánchez, ha usado la palabra “positivo” asociada a la gestión de Tapia sobre el papel de De Miguel en Hazi en al menos media docena de ocasiones. Hablando en primera persona, ha añadido igualmente: “No podemos actuar por lo que dicen los medios de comunicación”.