PNV y PSE-EE gobiernan en Euskadi en coalición desde 2016. Antes, en 2015, empezaron a colaborar en las tres diputaciones forales y en los principales ayuntamientos. En una primera legislatura, sin mayoría absoluta en el Parlamento, los socialistas gestionaron tres carteras, las mismas en las que se amplió el gabinete anterior del PNV en solitario. Sin embargo, tenían escaso peso político (Trabajo sin competencias en Empleo o Justicia sin servicios jurídicos, por ejemplo) y gestionaban apenas un 4% del presupuesto total. El partido entonces liderado por Idoia Mendia cerró filas con sus socios incluso en el caso de irregularidades en las oposiciones de Osakidetza de 2018, que acabó con la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, y de otros de sus colaboradores. Solamente al final, en pleno confinamiento, la entonces consejera María Jesús San José se quejó de que la parte del PNV cuestionaba todos y cada uno de los pasos dados por Pedro Sánchez para controlar la COVID-19. Aquella balsa de aceite se contrapuso a las disensiones en Madrid entre el PSOE y Unidas Podemos o en Barcelona entre ERC y Junts.
Pero en la actual legislatura, iniciada en 2020, las cosas han cambiado. El PSE-EE le da mayoría absoluta al PNV, gestiona las mismas carteras en número pero con una aportación cuantitativa y cualitativa mayor, la propia Mendia quiso ser vicelehendakari y su sucesor en el partido, Eneko Andueza, ha optado por marcar un perfil propio y no ha dudado en enfrentarse al PNV públicamente. Esta semana, los socialistas han ganado las elecciones generales en Euskadi por delante de los nacionalistas, que han vencido en 54 de las 60 convocatorias con las urnas desde la restauración de la democracia y, a las 72 horas, la parte del PNV del Ejecutivo vasco decidió recurrir al Tribunal Constitucional una de las leyes estrella de Pedro Sánchez, la de Vivienda. Además, estas políticas las gestiona en Euskadi el socialista Iñaki Arriola, abiertamente partidario de la nueva normativa estatal. En un gesto inédito, los tres consejeros del PSE-EE se desmarcaron e hicieron constar en acta que la decisión la avalaba única y exclusivamente la parte del PNV del gabinete de coalición. Éste es el decálogo de desavenencias, aunque, en palabras de Andueza, nadie va “romper” lo que parece un gran matrimonio de conveniencia.
Es el fuego cruzado más reciente. Pero solamente se entiende con el precedente de 2015. Entonces el PSE-EE estaba en la oposición y propuso una ley autonómica para desarrollar el derecho a la vivienda. Logró sacarla adelante por la minoría del Ejecutivo gracias a un extraño pacto con EH Bildu y UPyD. El PNV, con el PP, se mostró claramente en contra. Llegó a alertar de un “efecto-llamada mundial”. Así las cosas, desde 2016 es el socialista Iñaki Arriola el que dirige la cartera de Vivienda en las coaliciones. En 2023, el Gobierno central pactó con EH Bildu y ERC una norma general. El PNV se mostró también rotundamente en contra, en esta ocasión al entender que la nueva ley estatal invadía competencias autonómicas. Socialistas y nacionalistas verbalizaron en la campaña de las generales sus puntos de vista divergentes. Sin embargo, en la primera reunión del Consejo de Gobierno después del 23J, este miércoles, el Ejecutivo anunció que recurriría ante el Constitucional para frenar siete artículos y cuatro disposiciones del texto. Entre ellos, criticaba la posibilidad de declarar zonas tensionadas para controlar los precios. La decisión partió de la consejera que controla los servicios jurídicos, Olatz Garamendi, del PNV, y tenía claramente el criterio contrario del consejero responsable de Vivienda, Arriola. “¿Queremos que la sociedad vasca renuncie a su capacidad para tomar decisiones en materia de vivienda teniendo su propia ley de Vivienda en ejecución?”, argumentaba la propia Garamendi. EH Bildu, en la oposición en Euskadi pero aliado de la ley en las Cortes Generales, ha interpretado que el PNV se escuda en cuestiones competenciales para disfrazar su oposición a esta ley como en su día hizo con la de 2015.
Dentro de las medidas contra la inflación, el Gobierno de Pedro Sánchez planteó ceder fondos a las comunidades autónomas para establecer descuentos en el transporte público. Desde septiembre de 2022, la cartera de Transportes del Gobierno vasco, de nuevo en manos del socialista Iñaki Arriola, diseñó un modelo interinstitucional que iba a resultar en rebajas del 50% cofinanciadas por el Estado, por la comunidad autónoma y por los operadores de turno del tren, autobús o tranvía. Cuando estaba a punto de finalizar el año y, con ello, el período de vigencia de la medida, PNV y PSE-EE se enfrentaron por su continuidad. El dinero autonómico no se incluyó de inicio en los presupuestos vascos, por ejemplo, y tuvo que ser incorporado merced a una enmienda de Elkarrekin Podemos-IU, socio de los socialistas en Madrid pero en la oposición en Vitoria. Entre acusaciones de “deslealtad institucional”, el PNV se sumó 'in extremis' y a disgusto a la iniciativa. Aquella prórroga ya finalizó el 1 de julio y se le volvió a dar continuidad hasta finales de 2023, pero ahora sin tiranteces políticas.
En un foro de la Cadena Ser, Idoia Mendia lanzó la idea de hacer festivo el 8 de marzo de 2024 para dar carácter feminista al calendario laboral. Suyas son las competencias de Trabajo y Empleo y, por lo tanto, la potestad de diseñar las festividades dentro del poco margen que ofrece la legislación española. Pero el área de Igualdad del Ejecutivo, controlada por el PNV, se pronunció en contra de marcar en rojo una fecha como el 8 de marzo, en sintonía con algunos colectivos feministas. Sería imposible volver a hacer una huelga si es una jornada festiva, se alegaba. “Podría frenar -más que impulsar- los objetivos feministas a los que se apuntan en estos días”, se destacaba desde Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, cuya directora está hasta tres rangos por debajo de una vicelehendakari en el protocolo institucional. Sí había consenso en la necesidad de visibilizar una “efeméride feminista”, pero Emakunde rechazaba igualmente el 25 de noviembre, el día contra la violencia hacia las mujeres por motivos similares. Así, Emakunde lanzó un proceso participativo para buscar fechas. Encontró en el año 14 posibles festivos feministas que se iba a someter a debate... pero el 8 de marzo de la vicelehendakari ni siquiera aparecía en el largo listado. Finalmente, la propuesta alternativa fue la del 5 de noviembre, aniversario del día de 1933 en que las mujeres votaron por vez primera, en Euskadi y en España. Historiadores como Antonio Rivera denunciaron que en esa jornada se produjo un pucherazo. Sin embargo, tras meses de tiras y aflojas con el PNV, en el primer Consejo de Gobierno después de las elecciones municipales y forales y por la puerta de atrás se descartó esta posibilidad. No solamente no será festivo el 8 de marzo sino que, al menos en 2024, tampoco lo será otro día de ecos feministas. Será no laborable el 25 de julio, patrón de España, día de Santiago y del Blusa y de la Neska en Vitoria.
Es posiblemente la ley estrella de la legislatura porque afecta a un servicio fundamental y a toda una generación. La reforma educativa está en el Parlamento con la duda de si saldrá adelante en lo que queda de mandato. En abril, y tras varios retrasos, el Consejo de Gobierno aprobó un texto articulado. Los consejeros socialistas lo secundaron pero el PSE-EE expresó públicamente sus grandes diferencias con la propuesta del consejero del PNV, Jokin Bildarratz. El PSE-EE, por ejemplo, afea que se pretenda que las patronales de la privada -que representa al 50% del alumnado en Euskadi- “negocien condiciones laborales” que afecten también a funcionarios, ya que se crea un Consejo Asesor de Condiciones Laborales para todos los colegios independientemente de su titularidad. Y, sobre los idiomas, “el PSE-EE no comparte que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio, sin precisar cómo se va a materializar el modelo plurilingüe” que los vendría a sustituir. “Éstos y otros son elementos deberán ser revisados y corregidos en la tramitación parlamentaria, que desde el PSE-EE esperamos que se produzca con la profundidad que merece una ley con la transcendencia de la de Educación”, estiman los socialistas, que recalcan que los informes preceptivos de órganos internos, como la Comisión Jurídica Asesora (COJUA) o la Oficina de Control Económico (OCE) son bastante duros. ¿Y estos argumentos no chocan con el apoyo dentro del Consejo de Gobierno? “Ha contado con el voto favorable de los representantes socialistas porque no es nuestra intención obstaculizar su tramitación ni la búsqueda de consensos más amplios, pero para contar con nuestro apoyo futuro deberá resolver determinados aspectos”, justificaron.
En puertas del verano de 2022, la consejera de Salud del PNV, Gotzone Sagardui, planteó un “cambio cultural” en relación a la Sanidad pública. Ante la escasez de médicos en atención primaria, deslizó la posibilidad de tener que desplazarse más lejos hasta un consultorio o que solamente hubiera enfermería y no facultativos. El socialista Ekain Rico, leal escudero de Sagardui en la pandemia frente a la oposición, calificó de “muy desafortunadas” esas palabras, como el resto de partidos, agentes sociales y sanitarios. Sería “inaceptable” una Osakidetza no cercana y contravendría el pacto de Gobierno, del que él mismo fue el principal muñidor, alegó en un debate. Desde la bancada del PNV, Luis Javier Tellería, replicó como “inapropiado y desafortunado” el análisis de los socios.
El Gobierno central, en enero, planteó en un edificio abandonado de su propiedad en Vitoria, la Clínica Arana, un centro para refugiados. Y el PNV se opuso en varios niveles institucionales, incluido el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria. En aquel momento, la consejera del ramo era Beatriz Artolazabal, que iba a pasar a ser en breve candidata para las municipales en la ciudad. Los nacionalistas criticaron que el ministro competente, José Luis Escrivá, nunca consensuó con las instituciones locales el proyecto y, alineados con algunas ONG, lamentaron que se apostaran por “macrocentros” y no por un modelo de atención más personalizado, algo que el PNV vino en llamar el “modelo vasco”. “Los discursos xenófobos no son responsables. La consejera Artolazabal, la candidata del PNV, habla de guetización y de conflicto social. Ése es el discurso de la derecha y la ultraderecha”, atacó el líder socialista, Andueza. “Hay cosas que duelen por injustas”, respondió en 'Deia' el lehendakari Urkullu al hilo de estas palabras.
En una sesión parlamentaria de noviembre de 2022, los dos partidos que conforman el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, votaron separadamente en un punto muy concreto de la sesión. La Cámara aprobó un texto que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a poner en marcha de forma “inmediata” una investigación independiente para esclarecer los hechos que el pasado 24 de junio desembocaron en la muerte de al menos 23 personas migrantes en la frontera entre España y Marruecos en Melilla. El texto había sido pactado por Elkarrekin Podemos-IU y el PNV y había salido adelante con la abstención también de EH Bildu, mientras que suscitó el voto contrario no solamente de PP+CS y de Vox, sino también del PSE-EE. La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar denunció las “contradicciones” y las “supuestas irregularidades” que rodean a todo lo ocurrido en la frontera entre Melilla y Nador, y criticó a los socialistas porque “parte de la tragedia se produjo en suelo español”.
El Parlamento, con los votos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, aprobó en vísperas del 14 de abril una tan simbólica como no vinculante resolución en la que se apuntaba que la “necesaria reforma de la Constitución española debe incorporar como cuestiones nucleares la posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República”, y “el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos”. La votación escenificó la división entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE. En solitario, los socialistas llevaron otro texto en el que se hablaba de España como “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, valores todos ellos de gran significación progresista”. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, criticó que el PSE-EE no puede limitarse a ofrecer “líneas rojas” a quienes demandan más soberanía. Para Egibar, ese texto aprobado es la base de un futuro “nuevo estatus” de relación con el Estado. Eso sí, las cuestiones relativas al autogobierno -salvo lo tocante al desarrollo del Estatuto de Gernika- constituyen discrepancias pactadas. Es decir, en temas identitarios sí hay más margen para que ambos partidos actúen por libre.
2023 arrancó en lo político con la sentencia definitiva del Tribunal Supremo en torno al 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que confirmaba penas elevadas para exdirigentes y excargos del PNV. En ese contexto, el principal condenado, Alfredo de Miguel, que fue 'número dos' del partido en Álava, permanecía todavía trabajando para una sociedad pública del Gobierno vasco, Hazi. Durante la investigación e incluso después de la condena en primera instancia, fue ascendiendo y teniendo subidas salariales. Al final, era el responsable de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea. Su salida no se hizo efectiva hasta marzo, cuando se decretó la firmeza del fallo del Supremo. “Lo que sí es exigible por nuestra parte es que, en cuanto sea posible legalmente, el Gobierno vasco responda con toda la contundencia posible ante un caso de la gravedad del que nos ocupa y un condenado por corrupción asuma todas las consecuencias de sus acciones delictivas”, demandó el PSE-EE en aquellas fechas.
PNV y PSE-EE mantienen una relación institucional en todos los niveles institucionales. En el Congreso, el PNV ha sido apoyo habitual de Pedro Sánchez. Los nacionalistas no apoyaron la reforma laboral al considerar que no daba prioridad a los convenios autonómicos. También han sido muy críticos con el Gobierno por los incumplimientos en las transferencias pendientes desde 1979 o por materias como la no reforma de la ley de secretos oficiales. En el ámbito local vasco, ambos partidos cogobiernan desde hace años en la mayoría de instituciones, aunque han tenido enfrentamientos en Eibar o en Irún, por citar los dos casos más relevantes. En Barakaldo, histórico feudo socialista ahora liderado por el PNV, los socialistas también se han alineado con la oposición en algunas materias. Recientemente, el PSE-EE no secundó la tercera investidura de Eneko Goia en Donostia y rechazó asumir las política de Movilidad, aunque ya han cerrado un nuevo acuerdo para seguir gobernando en coalición.
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