La comisión de Educación del Parlamento Vasco, a instancias del PNV, ha propuesto un calendario para aprobar en menos de un mes la redacción definitiva de la reforma de la enseñanza, un plazo de récord en la Cámara para la que es considerada como la ley estrella de la tercera legislatura de Iñigo Urkullu. Se ha presentado el 22 de noviembre como fecha para tener ya un informe definitivo de la ponencia legislativa que se ha constituido este mismo miércoles. Cualquier otro escenario podría comprometer la votación definitiva en el pleno ya que en diciembre tiene prioridad total la tramitación de los presupuestos, enero es un mes 'vacacional' por ser inhábil y es una incógnita cuánto del resto de 2024 quedará dado que toca celebrar elecciones autonómicas.
Las fechas se han dado como “flexibles”, según las fuentes consultadas, pero hay voces de la oposición que ya hablan de un escenario “incumplible” si no se hacen las cosas “manu militari”, entre otras cosas porque hay decenas de documentos que redactar o traducir al euskera o al castellano, en función del idioma en que se presenten. Desde el PNV, fuentes parlamentarias han indicado que la iniciativa venía consensuada por los socios, esto es, que los socialistas están de acuerdo con esa formulación.
La ley tiene en la cuestión idiomática precisamente su punto de mayor fricción. El PNV ha accedido a presentar enmiendas con su socio de Gobierno, el PSE-EE, para preservar los modelos lingüísticos A, B y D, lo que los socialistas consideran una garantía del derecho a elegir de las familias. Eso ha sido interpretado como una deslealtad por parte de EH Bildu, que tenía un acuerdo de bases con el Ejecutivo para esta reforma y que entendía que se iba a un marco único matizado centro a centro con el euskera como eje y unos mínimos en las lenguas oficiales (B2) y en la extranjera (B1). También lo tenía Elkarrekin Podemos-IU pero ya hace meses que se instaló en el 'no' al no ver reflejadas sus exigencias sobre la escuela pública.
El calendario del PNV busca tener ya resuelto el 14 de noviembre los artículos relativos a este punto y una semana después la parte de la “exposición de motivos”, donde se quieren blindar los modelos. 24 horas después, el 22 de noviembre, se quiere votar ya todo el texto de modo que el 29 de noviembre vaya a comisión y después pase a pleno. Lo acelerado de la propuesta lo prueba que otras leyes han estado meses o años en esta fase de ponencia, donde se debate todos y cada uno de los artículos y se estudian todas y cada una de las enmiendas, que son centenares. Son tan cortos los plazos que se desea que ya esta misma semana se hayan redactado las disposiciones generales, los 23 primeros artículos de la ley.
En este contexto, la comisión de Educación ha mantenido también un debate que ha mostrado división entre PNV y PSE-EE, en este caso por la enseñanza universitaria. Se ha votado una resolución pendiente de una sesión anterior sobre una propuesta de EH Bildu para denunciar el afán recentralizador del Estado y, después de no haberlo hecho en la vez pasada, el PNV ha sumado sus votos a los de la coalición abertzale para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez. Elkarrekin Podemos-IU, que gestiona la cartera de Universidades con Joan Subirats, y el PP han votado en contra con los socialistas. En opinión de Ikoitz Arrese, portavoz de EH Bildu en materia educativa, “es importante que el Parlamento incorpore esta denuncia al Plan del Sistema Universitario, dadas las evidentes injerencias del Estado para limitar nuestra capacidad de articular nuestras propias políticas públicas”. Y ha añadido: “Para limitar, por ejemplo, la capacidad de regular las condiciones laborales de los profesores y profesoras sustitutas en la UPV/EHU, por no hablar de la ofensiva judicial de estos últimos días en contra de los avances en el uso del euskera en la Administración. Teniendo en cuenta todo esto, era absolutamente necesario que el Parlamento denunciara con claridad estas injerencias y que esta denuncia se traslade a todos los ámbitos”.
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