La Policía identifica una red que creó 62 identidades falsas para obtener un millón en ayudas sociales

Un total de 23 personas han sido detenidas en Bizkaia en una operación de la Policía Nacional contra una trama de falsificación de documentos para cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), prestaciones sociales autonómicas gestionadas por Lanbide. El ideólogo creó 62 identidades falsas con las que consiguió desfalcar más de un millón de euros, informa Europa Press.

Agentes del Grupo I de UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao han realizado una operación contra una red de falsificación documental para el cobro de ayudas públicas destinadas a personas vulnerables, que se ha saldado con la detención de 23 personas por presuntos delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental. Según ha informado la Delegación del Gobierno de España, la investigación se inició cuando los agentes de Extranjería tuvieron conocimiento de que un hombre de nacionalidad senegalesa se servía de otras personas para cobrar ilegalmente ayudas del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Para ello, se ayudaban de certificados médicos de Osakidetza y empadronamientos en distintos Ayuntamientos, también falsos.

Tras las investigaciones, los investigadores descubrieron que el 'modus operandi' del ideólogo y principal sospechoso de la estafa consistía en crear identidades falsas sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas para el alquiler de vivienda (PCV) y de renta básica (RGI) destinadas a personas y familias sin recursos suficientes. Dirigidos por el cabecilla “y en un segundo plano muy diferenciado”, uno de los integrantes del entramado tenía como cometido presentarse físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes falsificados para dar de alta a la persona ficticia haciéndose pasar por ella y realizar los trámites necesarios. Mientras, otros se dedicaban a alquilar viviendas y empadronar a la supuestas personas en los domicilios.

Para lograr su objetivo, falsificaban pasaportes y certificados de empadronamiento, de forma que podían acreditar que una persona llevaba empadronada en Euskadi tres años, requisito necesario para poder percibir las ayudas, y así cobrar desde el primer momento en que creaban la falsa identidad. Para evitar que desde Lanbide detectara alguna irregularidad, el cabecilla aleccionaba a los integrantes del entramado criminal para que presentaran las solicitudes de ayuda en diferentes municipios de Bizkaia, como Durango, Santurzi, Berriz, Iurreta, Basauri o Getxo. Además, para impedir que les suspendieran las ayudas públicas por la no presentación física del solicitante ante las oficinas del Servicio, falsificaban informes médicos y certificados de realización de cursos de formación.

Los investigadores constataron que el cabecilla había creado 62 identidades falsas. Cada persona dada de alta ingresaba una media de 857 euros mensuales, 625 por la ayuda destinada a la Renta de Garantía de Inserción y 250 por la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), lo que ha supuesto un desfalco de un 1.091.416 euros. Una vez recogidas las pruebas suficientes, los policías llevaron a cabo un total de 23 detenciones en tres fases. En la primera, practicada en enero, procedieron al arresto de un ciudadano camerunés. Durante la segunda, materializada a finales de marzo, practicaron nueve detenciones más, entre las que destaca el principal investigado, y dos entradas y registros en domicilios.

Los investigadores intervinieron 22 pasaportes falsificados, 16 libretas bancarias con identidades falsas, 17 tarjetas de crédito, nueve teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide. En tercera actuación, llevada a cabo este pasado jueves, se produjeron las otras 13 detenciones. Los arrestados son originarios de América y África. Tras prestar declaración en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Bilbao, quedaron en libertad con cargos. La juez Ana Torres, del juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, se ha encargado del caso.

Por otro lado, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha anulado la extinción de una prestación complementaria de vivienda (PCV, una ayuda mensual de 275 vinculada a la RGI) tras la queja presentada al Ararteko por una ciudadana que consideró injusta su retirada. En un comunicado, la defensoría ha explicado que la interesada, de 80 años y con una discapacidad del 59%, planteó al Ararteko su desacuerdo con la decisión de Lanbide de extinguir la prestación después de que rechazara la propuesta de adjudicación de una vivienda por parte de Viviendas Municipales de Bilbao (VVMM) “por encontrarse cerca de un polígono industrial y lejos de servicios esenciales como el ambulatorio, el supermercado o una farmacia”.