La Policía Nacional detiene en Bizkaia a un empresario por explotar a sus trabajadores con jornadas de hasta 26 horas

La Policía Nacional detuvo la semana pasada al dueño de una empresa de la localidad de Zamudio (Bizkaia) por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Agentes del Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao, junto con funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, realizaron una investigación conjunta en la empresa, ubicada en el Polígono Industrial Ugaldeguren, después de que días antes varios empleados acudieran voluntariamente a la Comisaría de la Policía Nacional de Bilbao para denunciar su situación y las condiciones de trabajo en la nave.

Según el testimonio recogido por la Policía y que ha adelantado 'El Correo', los denunciantes explicaron que trabajaban sin contrato porque, al no tener el permiso de residencia, “su jefe no les había formalizado contrato alguno”, y que recibían un sueldo de cinco euros por hora “efectiva” de trabajo. Además, relataron que si sufrían algún accidente laboral y precisaban servicio médico, el dueño de la empresa “les aleccionaba para que no mencionara ni a la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones”. En la denuncia, también consta que “ocasionalmente” el jefe les sometía a lo que él mismo denominaba “maratón”: trabajar de 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente con una sola hora libre para comer y con la obligación de permanecer encerrados durante toda la noche en las instalaciones de la empresa, dedicada a la manipulación y envase de alimentos.

Ante la gravedad de las declaraciones y tras comprobar la veracidad de lo narrado por las víctimas, los investigadores de la Policía optaron por concederles el carácter de testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, y el pasado martes se efectuó una inspección de trabajo en la empresa objeto de la investigación. En ella, se identificó a un total de ocho trabajadores, cuatro de ellos sin permiso de residencia y sin contrato de trabajo, por lo que se detuvo al dueño del negocio, quien, además del delito contra los derechos de sus empleados, se enfrenta a una posible sanción económica superior a los 70.000 euros por haber infringido la legislación en materia laboral y de seguridad social. Tras declarar en dependencias policiales, el acusado ha quedado en libertad y está obligado a presentarse ante la autoridad judicial que instruye la causa.