El Gobierno vasco y central han cerrado finalmente un acuerdo sobre las liquidaciones del Cupo y la nueva ley quinquenal, y los detalles del acuerdo los ofrecerá este mismo miércoles el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu en Vitoria. El mismo consejero-portavoz del Gobierno vasco que la semana pasada no hallaba en el Ejecutivo central del PP “voluntad” política para cerrar un acuerdo en torno al Cupo, la aportación económica de los tres territorios vascos al Estado por los servicios que presta y para la solidaridad interterritorial, ha reconocido que será una magnífica noticia que Euskadi y España, en el marco de las negociaciones de PNV y PP a cuenta de los presupuestos generales, alcancen la “paz fiscal”. “Quince años de paz fiscal no es un logro cualquiera”, ha solemnizado Josu Erkoreka sobre el acuerdo sobre el Cupo, el gran hito de las conversaciones entre ‘populares’ y nacionalistas que han cuajado en un acuerdo que ya recuerda al alcanzado por Xabier Arzalluz y José María Aznar hace ahora dos décadas. “Es una semana importante para Euskadi”, ha ratificado el líder del PP vasco y exministro Alfonso Alonso.
Se referían Erkoreka y Alonso a que no sólo está en juego un litigio en la interpretación del Cupo vasco en los últimos diez años –el Estado reclama a Euskadi unos 1.600 millones que habría abonado de menos- sino la metodología para la estimación de esa cantidad en los próximos cinco años. “Gracias a Dios, hay conflictos que desaparecen”, se ha felicitado Alonso en respuesta a los periodistas sobre la inminencia del acuerdo en las Cortes Generales, un pacto que sería doble, por un lado para la votación de los presupuestos (la primera es el jueves) y por otro para la renovación del Concierto Económico, cuestión en la que el PP espera incorporar también al PSOE en puertas de una siempre peliaguda negociación de la financiación del resto de comunidades autónomas, las de régimen común.
Las negociaciones, en todo caso, han vuelto a poner en primer plano el Concierto Económico, el sistema de financiación propio de Euskadi, un gran desconocido incluso entre un porcentaje importante de los propios vascos, según han recogido históricamente distintas encuestas sociológicas. ¿Qué es el Cupo? Y, sobre todo, ¿cómo se calcula?
La información sobre las liquidaciones del Cupo es ciertamente opaca. En realidad, son tres Cupos, ya que son las tres Haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa las que recaudan los impuestos y las que destinan un porcentaje al Estado, otro al Gobierno vasco y otro a los municipios de su territorio. La Diputación de Gipuzkoa, en su ‘web’, es la que más amplia información ofrece sobre el dinero que los vascos –y no sólo los guipuzcoanos- entregan al Gobierno central.
Según estos datos, la autonomía fiscal permite a Euskadi gestionar el 95% de los impuestos que genera, de los cuales el grueso, el 70%, van al Gobierno vasco para el ejercicio de sus competencias (Sanidad, Educación, Policía, etc.). De los 13.498 millones de euros “derivados de la gestión del Concierto Económico”, el Cupo líquido son apenas 714 millones. Con ese presupuesto, el Estado ofrece tres aeropuertos, toda la red de ferrocarriles, Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas y otros servicios no transferidos prestados por unos 10.000 funcionarios (las pensiones de la Seguridad Social tienen otro sistema de financiación), además de servicios centrales como las Cortes Generales, la política exterior o la Casa Real. A ello hay que sumar las inversiones en infraestructuras con cargo al Gobierno central, previstas en 381 millones en 2017 (449 en 2016).
En pura teoría, el Cupo se calcula teniendo en cuenta el peso relativo de Euskadi en la economía española (el 6,24%, una cifra que ya se ha quedado desfasada y que es superior a la real) y aplicando ese porcentaje a los servicios que no gestionan o el Gobierno vasco o las diputaciones forales. Un ejemplo práctico: si los aeropuertos los gestiona Aena y costasen 100 euros, Euskadi debería pagar 6,24 euros por Loiu, Foronda y Hondarribia. A ello se le añade un pago específico para compensar a las regiones menos ricas de España, la llamada solidaridad interterritorial.
Y esa “metodología del Cupo”, cuya última versión es de 2007 y que está pendiente de actualización desde 2011, ofrece un saldo de 1.211 millones que debe abonar Euskadi en concepto de aportación. Sin embargo, a partir de ahí se aplican deducciones. Como los 31,5 millones que el Estado aporta para el sostenimiento de la Ertzaintza (por las jubilaciones anticipadas) o la financiación “extraordinaria” de 29 millones para Educación. Asimismo, hay un descuento superior a los 400 millones en concepto de “nuevas competencias” asumidas desde 2007 y que ya no hay que pagar al Estado, principalmente Lanbide y la Inspección de Trabajo. Y, según un acuerdo político, el coste que abona el Gobierno vasco por las obras del AVE en Gipuzkoa (350 millones anuales) corren después a cargo del Ministerio de Fomento mediante un descuento en el Cupo.
En definitiva, el Cupo líquido previsto para 2017 (a falta del nuevo acuerdo político) son 714 millones, a tenor de la documentación ofrecida por Gipuzkoa. Según manifestó la pasada semana el lehendakari, Iñigo Urkullu, tan importante como el “huevo” -los euros contantes y sonantes, en especial esos 1.600 millones en disputa desde hace una década- es el “fuero” –un acuerdo político para una nueva metodología de Cupo no sujeta a interpretaciones de parte-.
El entendimiento PNV-PP parece inminente. Alonso reconoce que ha ayudado la “situación de necesidad” de un Mariano Rajoy en minoría, que precisa al PNV tanto como a Ciudadanos y a Coalición Canaria para superar a la oposición en el Congreso. Es la “paz fiscal”.