En la tribuna de invitados del hemiciclo del Parlamento, Aintzane Ezenarro celebraba con un beso a Jonan Fernández la aprobación, unos metros más abajo, de la ley para la reparación de las víctimas de violencia policial entre 1978 y 1999. “Es un buen final para la décima legislatura”, se ha felicitado también desde la bancada del PNV Iñigo Iturrate. El grueso del texto, que cierra el reconocimiento de las víctimas tras las normas específicas para las del terrorismo y para las del franquismo, ha contado con el voto favorable del PSE-EE, partido que la pasada legislatura inició este proceso con las víctimas de abusos policiales desde 1960 a 1978. EH Bildu no se ha opuesto a la promulgación de la nueva ley, pero ha denunciado que se queda muy corta. PP y UPyD, en cambio, sí han votado ‘no’, aunque por lo contrario. Entienden que carece de garantías jurídicas y pronostican que el Estado recurrirá el texto como ya ha advertido.
Iturrate, el único que se ha enfrentado a EH Bildu, PP y UPyD en el debate de la ley –el PSE-EE sólo ha tomado la palabra después de la votación para explicar su posición política-, ha reconocido que el “reto” de aprobar esta ley no ha sido nada sencillo. No ha escatimado en calificativos para resaltar la importancia de la sesión parlamentaria y ha augurado que pronto se producirán nuevos “pasos” para mejorar la protección de este colectivo de víctimas, unas 400 según algunas fuentes que se unirán a las 187 ya reconocidas merced al decreto del Gobierno del socialista Patxi López.
El PNV ha defendido su “pragmatismo” frente a las críticas, la importancia de contar con un marco que garantice los derechos de las víctimas. “Queremos reconocimiento pero sin generar falsas expectativas. Reconocemos que no es la ley del PNV, pero entre las posibles es la mejor. Maximalismo no, pragmatismo y realismo”, ha enfatizado Iturrate, muy aplaudido desde la tribuna por Fernández y Ezenarro.
Era una referencia a EH Bildu, cuyo portavoz, Julen Arzuaga, ha insistido en que muchas posibles víctimas quedan “fuera” y que el reconocimiento que se procura a las sí incluidas es inferior al de los asesinados por ETA. Ha destacado que la indemnización económica prevista es de 125.000 euros, frente a los 250.000 para las víctimas del terrorismo. A su juicio, no es razonable que unas víctimas, económicamente, valgan “la mitad” que otras. Colectivos de víctimas cercanas a esta formación política han asistido a la sesión.
Se da la circunstancia de que, terminado el debate, el Parlamento ha debatido y aprobado una nueva ley, la de Turismo. En ese caso, el Gobierno del PNV ha contado con EH Bildu y no con el PSE-EE como socio y la izquierda abertzale ha defendido el pragmatismo que ha criticado en el punto anterior. “Más vale ley en mano que ciento volando”, ha llegado a decir Iker Casanova sobre la norma que regula el sector turístico vasco.
Mendia defiende que los abusos fueron minoritarios
Ha sido la propia secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que era consejera de Justicia cuando se inició el proceso de reconocimiento de estas víctimas la que ha tomado la palabra en el pleno, después del debate, para explicar su acuerdo con el PNV. Las negociaciones, sin embargo, las llevó a cabo Patxi Elola. Mendia ha venido a decir que con lo aprobado se cubre un vacío porque “hubo quien se valió de la excusa de ETA para abusar de su poder y provocar sufrimientos injustos”.
Igualmente, ha destacado que las aportaciones socialistas al texto del PNV le dan mayor “seguridad jurídica”. El Estado ya recurrió y logró que la Justicia suspendiera un primer reglamento del Ejecutivo del PNV sobre estas víctimas y ahora advierte de nuevo que la ley puede ser inconstitucional. Los socialistas estiman que las mejoras introducidas a última hora blindan la ley del posible veto del Tribunal Constitucional, aunque Mendia ha avisado de que le corresponde al Gobierno de Iñigo Urkullu primero dialogar con el Ejecutivo del PP (como hizo ella en su mandato) para solventar las posibles desconfianzas y segundo articular un protocolo de reconocimiento de las víctimas que no suplante el papel de los jueces y tribunales.
En todo caso, el PSE-EE –y así consta en la ley- ha solicitado que quede claro que la ley no alimenta la ‘teoría del conflicto’, que no se pretende justificar o minimizar el macabro historial de ETA al asumir la existencia de víctimas de la violencia policial. Sobre el papel del Estado, y mirando a la bancada de EH Bildu, Mendia ha añadido: “La inmensa mayoría de los ertzainas, policías, guardias civiles y jueces han sido respetuosos con el Estado de Derecho. Su labor fue imprescindible para acabar con ETA”.
La posición del PP
Desde el PP, Carmelo Barrio ha insistido en que ni las mejoras de redacción fruto del pacto del PNV con el PSE-EE evitan las dudas jurídicas sobre la nueva ley vasca. En similares términos se ha expresado Gorka Maneiro (UPyD) en su despedida del Parlamento, salvo que las urnas den una sorpresa mayúscula.
Barrio, asimismo, ha denunciado que la “tramitación exprés”, que ha incluido el veto a una ampliación de plazo para que la oposición registrase sus propuestas (algo muy habitual en el Parlamento), ha ido en detrimento de un consenso más amplio. La norma se ha tramitado en 93 días. La de víctimas del terrorismo de 2008 se hizo sólo en 109 también, muy por debajo de la media habitual en la Cámara, aunque entonces sí se dio más margen a la oposición.
Iturrate ha respondido que de las 42 enmiendas del PP se han incorporado al texto final 31. Barrio siempre ha defendido que nunca han modificado el tronco de la propuesta original, con la que están en contra.
La sombra del adelanto electoral
Barrio, al final de su intervención, se ha despedido de sus compañeros de Parlamento en el que es el último pleno de la legislatura, sean cuando sean finalmente las elecciones. “Feliz verano a todos si el lehendakari nos deja”, ha bromeado dando a entender que puede haber adelanto electoral a septiembre, decisión que tendría que anunciar Urkullu en las próximas horas.
El lehendakari, antes, había compartido unos minutos con los periodistas para hablar sobre el tema, que copa los rumores en todos los corrillos políticos. En todo momento ha mantenido su cara de póker. “En otoño”, ha respondido insistentemente ante la pregunta concreta sobre la fecha de las autonómicas. Como si los plazos legales no impidiesen hacerlo en otro momento.
Fuentes de su entorno explican que Urkullu se marchará unos días de vacaciones la próxima semana. Apenas una semana de descanso. Y todo apunta a que antes de irse comunicará sus planes, sean cuales sean. Cobra fuerza la hipótesis del 25 de septiembre debido a la incertidumbre política en España, que podría llevar a una nueva repetición electoral en octubre o noviembre. Si es así, tendría que celebrarse un Consejo de Gobierno extraordinario como muy tarde el martes.
Sea como fuere, también en su despedida, el ‘jeltzale’ Iturrate ha parecido iniciar la campaña. Con la anuencia de la presidenta, Bakartxo Tejeria, ha dedicado parte de su discurso a glosar la gestión de Urkullu y del PNV. “Podemos decir, contentos y orgullosos, misión cumplida”, ha remachado Iturrate.