El PP ha presentado este mes de septiembre en el Senado, donde goza de mayoría absoluta frente al Gobierno de Pedro Sánchez, una proposición para modificar la ley orgánica general penitenciaria y acotar el margen de maniobra de las Prisiones vascas con las progresiones de grado y excarcelaciones de presos de ETA. Según la documentación registrada en la Cámara alta, los 'populares' quieren retocar el artículo 72.6 para supeditar el paso a segundo o tercero grado de los condenados por terrorismo a una colaboración “efectiva” con las autoridades policiales y judiciales. También quieren derogar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite la semilibertad, al entender que puede ser logrado con “una simple carta de perdón a las víctimas” y sin contribuir al “esclarecimiento de crímenes”.
Euskadi recibió en octubre de 2021 la gestión de Prisiones, acordada con el Gobierno central unos meses antes pero pendiente desde 1979, cuando se aprobó el Estatuto. Es la única comunidad junto con Catalunya en disponer de esa competencia. El Ejecutivo autonómico dirige los centros penitenciarios (Zaballa, Basauri y Martutene hasta la apertura inminente de Zubieta) pero está sujeto a la misma legislación marcada por el Gobierno central. Este verano, con la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea, el PNV renegoció con el PSE-EE el acuerdo de coalición y uno de los cambios fue que la gestión de Prisiones pasó a manos de los socialistas, en concreto de la consejera María Jesús San José.
Los presos de ETA de España -quedan algunos en Francia, según datos de Etxerat- están en su totalidad en los cárceles de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra una vez finalizada la política de alejamiento y dispersión. Solamente los de Pamplona, apenas una decena, están bajo supervisión directa del organismo estatal de Instituciones Penitenciarias. Aunque el PP lleva desde 2021 criticando un supuesto trato de favor a este colectivo y sugiriendo que la transferencia de Prisiones tuvo que ver con mejorar la situación de los reclusos terroristas -era un clásico escuchar a Carlos Iturgaiz hablar de los penales como “resorts para etarras”-, ha sido con el cambio del PNV al PSE-EE cuando ha registrado una propuesta para reducir el margen de maniobra del Ejecutivo vasco, que siempre se ha escudado en que las progresiones, permisos y otros cambios se aplican con informes técnicos favorables de las juntas de tratamiento y que, después, están sometidos a control judicial de la Audiencia Nacional.
En agosto, la plataforma Sare indicó que en los doce meses anteriores se habían propuesto 34 progresiones a tercer grado para presos de ETA desde las juntas de tratamiento y que la Administración había aceptado 32 de ellos. La Fiscalía recurrió el 16% de ellas, seis casos. La Audiencia Nacional revocó cuatro de las seis concesiones cuestionadas por el ministerio fiscal y en dos dio la razón a las Prisiones vascas.
La reforma legislativa ha salido a colación en un tenso cara a cara entre el líder del PP vasco, Javier de Andrés, y la consejera San José en la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco. El debate, agrio y con acusaciones cruzadas, ha seguido a la tensión entre ambas formaciones por otra reforma legislativa conocida esta semana, la que afecta al cómputo de penas cumplidas en otros países de la Unión Europea y que acelerará la excarcelación efectiva de una cuarentena de presos de ETA.
De Andrés ha sugerido que el PSE-EE no cumple la ley por motivos políticos y ha aludido a los ejemplos de la semilibertad a Harriet Iragui y a Luis Mariñelarena, “que no han cumplido su condena íntegra, no han reconocido el daño causado pidiendo perdón expreso a las víctimas, como dice la ley, y, sobre todo, no han colaborado con la Justicia”, en palabras de De Andrés. La consejera San José ha ironizado que no es creíble denunciar que no se cumple la normativa penitenciaria y a la vez pretender retocarla para acotar el margen de maniobra de las Prisiones vascas. “Y la quiere cambiar justo cuando los socialistas nos hacemos cargo de la gestión penitenciaria en Euskadi, no antes. ¿Casualidad? Lo que no dicen es que esta reforma legal no cambiaría la realidad de quienes ahora están en prisión. La ley no tiene efectos retroactivos, como dice la Constitución”, ha replicado la titular de Justicia y Derechos Humanos, que ya fue consejera de Justicia (sin Prisiones) con Iñigo Urkullu entre 2016 y 2020.
San José ve “cinismo” en el PP. “Cinismo es pretender vincular las progresiones de grado a supuestos pactos políticos. El presidente José María Aznar excarceló a más de 300 terroristas, 64 de ellos con penas mayores a 20 años, mientras ETA mataba. ¿Con qué criterios jurídicos, con qué informes? Quizás lo sepa, porque usted era en ese momento el delegado del Gobierno”, ha manifestado la consejera equivocándose de época sobre el cargo de De Andrés, que ejerció ese cargo con Mariano Rajoy. Y ha seguido: “Uno de los excarcelados mató a mi compañero Juan Priede. No les acuso, pero ni media lección por su parte”.
“Algunos se ponen muy dignos cuando hablan de terrorismo y ahora se ponen a dar lecciones. En vez de venir al Parlamento, van por los platós a decir cómo se tienen que hacer las cosas y lo mal que lo hacía el Partido Popular. Mire, nosotros hemos actuado siempre en relación con el terrorismo conforme al Estado de Derecho. No fue el Partido Popular el que montó una banda criminal para asesinar terroristas”, ha replicado De Andrés en probable referencia a la creación de los GAL. “Primero soltaron a los sediciosos, luego han soltado a los corruptos y acaban soltando a los terroristas”, ha espetado el líder del PP vasco.
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