PP y Ciudadanos en Euskadi van más allá de Sánchez y piden transferir allí la gestión de la Seguridad Social

El Parlamento Vasco ha vivido este jueves un debate político enormemente paradójico. En él, la coalición de PP+Cs ha defendido una resolución “para que la comunidad autónoma vasca asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”, una competencia nunca cedida por el Estado a ninguna comunidad autónoma y el gran punto pendiente del Estatuto de 1979. Lo ha hecho en oposición a una iniciativa de Vox en la que, con argumentaciones exageradas, acusaba a Pedro Sánchez de romper la soberanía española al querer traspasar al PNV la Seguridad Social. Irónicamente, socialistas y nacionalistas han votado que no al texto de PP+Cs, y eso que va más allá de los compromisos del Gobierno de Sánchez, que solamente ha accedido a “iniciar los estudios” para analizar una posible transferencia en esta legislatura.

Vox solamente tiene un escaño en el Parlamento Vasco y se ha valido de él para intentar vetar que “consume” una “afrenta” a la unidad nacional. La Seguridad Social, ha afirmado Amaia Martínez Grisaleña, es “uno de los pilares básicos que sirven para garantizar el principio de igualdad”. “Es la cesión de una parte de nuestra soberanía como nación: todo se puede trocear a costa de mantenerse en el poder. Es la joya de la corona, amor deseado e inalcanzable [para el PNV]”, al que ha acusado de querer la competencia para “enchufar” a personas afines y para “poner boina o txapela” a un nuevo organismo. Lo ha llegado a comparar con “la traición de Santoña”, en probable referencia a la rendición de los combatientes nacionalistas en la Guerra Civil tras las conversaciones con la Italia fascista de Benito Mussolini.

Desde el inicio de la legislatura, todos los grupos salvo PP+Cs no intervienen a dar la réplica a las iniciativas de la ultraderecha. Aplican un cordón sanitario y este debate no ha sido una excepción. Así, el parlamentario Luis Gordillo se ha quedado como única contraparte para Martínez Grisaleña. Ha planteado “que se respete lo que dice la Constitución, el Estatuto y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, lo que habilita a una transferencia mediante “convenios” bilaterales. Ha matizado, eso sí, que no es lo mismo la “Seguridad Social”, el “régimen económico de la Seguridad Social” y la “gestión del régimen económico de la Seguridad”, respondiendo a las confusiones en la intervención de Vox, que daba a entender en todo momento que estaba en riesgo el modelo unitario de pensiones. Es solamente esto último lo que está sobre la mesa y el Estatuto prevé expresamente que el acuerdo ha de respetar la denominada 'caja única' para preservar la solidaridad interterritorial e intergeneracional.

Martínez Grisaleña, en la réplica, ha rescatado declaraciones de Alfonso Alonso, Borja Sémper o Javier Maroto del PP y de Inés Arrimadas o Albert Rivera de Ciudadanos en contra de la transferencia. Ha ironizado que los 'populares' solamente quieren hacer “seguidismo” del PNV fruto de su “vaciado ideológico”. “Agradezco su clase particular, señor Gordillo. Como profesor de derecho constitucional no tiene precio. Pero dé clases particulares a los miembros de su actual partido y del anterior”, ha acusado la parlamentaria de Vox.

Aunque los Gobiernos de José María Aznar o Mariano Rajoy no han contemplado esta transferencia, Gordillo ha afirmado que PP+Cs solamente sigue la estela de lo que ha hecho el PP desde el inicio del Estado autonómico y ha esgrimido resoluciones de “1993, 1995 y 2016” de contenido muy similar a la defendida en 2022. “Siempre lo mismo”, ha recalcado el portavoz de esta coalición, que ha recomendado a Martínez Grisaleña que pregunte a los exmiembros del PP que están en Vox por si recuerdan haber votado a favor de alguna de ellas. También ha afirmado que los funcionarios autonómicos no tienen por qué ser menos leales que los estatales.

PP+Cs, que ha pedido expresamente a PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y particularmente al PSE-EE que voten a favor de la iniciativa, no ha logrado sumar ningún apoyo. La Cámara ya ha pedido esta transferencia formalmente en más ocasiones pero esta vez el PNV ha votado 'no' aunque lleva semanas quejándose de los retrasos de Sánchez en materia de transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Además, el Ejecutivo central introdujo una salvedad en su acuerdo con el PNV y con el Gobierno autonómico ya que prometió todas las transferencias -algunas como Prisiones ya están hechas y la de Cercanías parece la siguiente- salvo la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Ahí el compromiso no pasaba de realizar un informe de viabilidad, aunque el PNV entendió que el acuerdo sobre el IMV -también reciente- abría la puerta a lograr avances en esta materia. En todo caso, el acuerdo inicial aludía al verano de 2021 como momento para iniciar esos “estudios” y no consta que así haya sido.