PP+Cs pide al Tribunal de Cuentas una auditoría de cinco años de contratos de instituciones del PNV al grupo Montai

La coalición PP+Cs ha solicitado en el Parlamento Vasco que el Tribunal de Cuentas autonómico haga una auditoría completa de los contratos públicos formalizados por las instituciones vascas dirigidas por el PNV, tanto áreas del Gobierno vasco como entidades locales o forales, a las empresas del grupo Montai, esto es, a Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Este conglomerado mercantil está dedicado a la organización de eventos y está dirigido por un miembro del partido nacionalista en Gipuzkoa, Aitor Elorza. Como ha venido informado este periódico, en los últimos años han saltado algunas alertas sobre posibles irregularidades, principalmente en el Ayuntamiento de Hondarribia, aunque no exclusivamente. En algunas licitaciones del área de Juventud del Gobierno vasco, por ejemplo, varias marcas del mismo empresario habían participado en una misma contratación como si fueran mercantiles diferentes y simulando competencia.

La petición de PP+Cs se enmarca en la posibilidad que se abre a todos los partidos con representación en el Parlamento para formular propuestas dirigidas al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidido desde hace un año por Ana Helguera, propuesta por el PNV. En este organismo hay siete vocales. Tres están propuestos por los nacionalistas, dos por sus socios socialistas y dos por la oposición, uno de EH Bildu y otro de la propia coalición PP+Cs. Este trámite, que luego ha de ser refrendado antes de pasar a formar parte del plan de trabajo del órgano auditor autonómico, suele ser un reflejo de las prioridades políticas de los partidos en relación con otras formaciones y en 2022 no ha habido una excepción en este sentido.

Sobre los contratos con Montai, PP+Cs recalca la necesidad de un “análisis del cumplimiento de la legalidad en materia de contratación pública y específicamente sobre la adecuación a la Ley de Contratos del Sector Público vigente en cada momento” y pide que se revisen “expedientes de contratación” así como “los correspondientes procedimientos”. Fija los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 como marco temporal de referencia. En concreto, pide al Tribunal de Cuentas que analice la actuación de tres departamentos del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Cultura, Desarrollo Económico y el ya disuelto de Empleo y Políticas Sociales -del que dependía Juventud-, y de los organismos EiTB, Gogora (Instituto de la Memoria), Hazi o la academia de la Ertzaintza (Arkaute). Se da la circunstancia de que no se demanda el análisis de los eventos de la propia Presidencia vasca, con más de medio centenar de adjudicaciones a estas empresas. En cuanto a los ayuntamientos, se pide mirar Hondarribia pero también Vitoria en Álava y Beasain, Errenteria, Galdakao, Tolosa, Villabona y Zarautz. Por error, PP+Cs ha pedido también que se audite a la Diputación de Bizkaia cuando estas empresas no han trabajado nunca para este organismo, sí para Gipuzkoa.

También en el listado planteado por EH Bildu se incluye una petición de análisis de la situación del Ayuntamiento de Hondarribia, aunque acotada a los ejercicios 2021 y 2022. Esta formación ya realizó una petición de información sobre Montai en la Cámara que fue respondida a medias por el Gobierno. Igualmente, en la pasada legislatura otra fuerza de la oposición, Elkarrekin Podemos-IU demandó explicaciones al Gobierno. En 2020, el Ejecutivo respondió a las denuncias de irregularidades con una auditoría propia, elaborada por la Oficina de Control Económico (OCE) que limitaba el alcance de la situación a “algún error técnico”. Igualmente, en el ámbito local de Hondarribia, la plataforma Abotsanitz ha realizado numerosas denuncias sobre las anomalías que ha ido detectando en el municipio, gobernando por Txomin Sagarzazu con mayoría absoluta.