Pradales se estrena ante el poder judicial pidiendo que no sea “revanchista” y que incorpore el euskera

Imanol Pradales ha pronunciado este miércoles su primer discurso como lehendakari en una apertura del año judicial. “En Euskadi creemos en la justicia, pero no en una justicia revanchista. Tampoco en una cuyo último fin sea buscar venganza. Eso no es hacer justicia”, ha solemnizado como reflexión general para pedir también “dignidad” para las personas procesadas y “humanización” de las cárceles, aunque sin olvidar la “acessibilidad” a las víctimas. Sin embargo, cuando ha pasado a analizar la delincuencia común, ha pronunciado otra frase: “La persona delincuente debe saber que delinquir no va a salirle gratis, que delinquir tiene consecuencias y que nos tendrá siempre en frente. Siempre”.

Pradales, que antes de participar en el acto oficial ha mantenido un encuentro privado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, y con la fiscal, Carmen Adán, ha subrayado también la importancia de introducir el euskera en el poder judicial, aunque no ha hecho mención expresa a sentencias controvertidas que han eliminado requisitos idiomáticos para lograr plazas públicas y que, en muchos casos, han contado con la crítica del Gobierno vasco. “Todos los ciudadanos tienen derecho a que la Administración los atienda en euskera y es obligación de la Administración garantizar fehacientemente ese derecho. Tenemos trabajo. Todos. [...] Una pregunta: ¿imagina alguien que no se pueda celebrar un juicio en castellano o que un juez, un abogado o un fiscal no sepa castellano? La respuesta es negativa, claro. Entonces, ¿por qué tenemos que admitir lo contrario con el euskera? Hay que cambiar esta realidad”, ha enfatizado.

El presidente del Superior, de su lado, no ha rehuido el debate sobre la “politización de la justicia” o la “judicialización de la política”, aunque sin citar en ningún momento casos concretos. Ha pedido huir de mensajes simplistas que apuntan a que la Justicia no puede controlar al poder político -una consejera de Pradales, por ejemplo, tiene pendiente una causa penal- y ha remarcado que el poder judicial “disciplina” al ejecutivo y legislativo, que han de estar sometidos a las leyes.

Subijana también ha realizado un “diagnóstico” de la Justicia en Euskadi. Y el resultado no ha sido muy optimista. Ha aportado un dato: “La tasa de congestión denota que cada año empezamos con un carga de trabajo que equivale a medio año”. Es decir, un juzgado por término medio tiene que invertir el tiempo de enero a junio a despachar expedientes del ejercicio anterior. Ha apuntado que la respuesta en primera instancia es de siete meses y de cinco en segunda instancia. No es un “lamento” pero el número de magistrados en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa es “escaso”, ha insistido. “Tenemos 10,1 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17”, ha apuntado. Según sus cifras, la situación ha pasado a ser “lacerante” en Donostia, Bilbao, Vitoria y Barakaldo, lo que es tanto como decir las cuatro ciudades más pobladas.

El problema de las “dilaciones indebidas”, según la Fiscalía

En su intervención, la fiscal superior ha alertado del escaso volumen de delitos que se denuncian y ha apuntado a encuestas que elevan esa cifra negra de criminalidad a casi el 50%. “Un sistema de garantías [para los acusados] no puede convertir nuestro sistema en deficitario en tiempo y respuesta. Siempre serán demasiadas las veces que hay que acudir a aplicar las dilaciones indebidas con sensibles rebajas de la pena”, ha lamentado Adán sobre un atenuante casi común a todos los casos de corrupción conocidos en Euskadi, por ejemplo. “Un sistema procesal de garantías -ha seguido- no debe desmotivar de acudir a él. Sirva de ejemplo que, en los delitos patrimoniales, lo que nos trasladan los testigos [...] no es sólo la queja sino que están disuadidos de la colaboración posterior. [...] No denunciar es un derecho, pero haríamos un flaco servicio a la eficacia del derecho, a la justicia y a otras posibles víctimas si no intentamos que su decisión sea la de denunciar [...]. Constatamos un dato alarmante: que quien tiene que recoger la denuncia o apoyar a la víctima la disuade informando de que el sistema realmente no funciona con su tipo de caso”, ha agregado. Adán ha defendido también los sistemas de videovigilancia para prevenir delitos -aunque con garantías- y ha avisado del incremento de problemas asociados a la “sobreexposición” a las redes sociales por parte de menores. Las familias “no deberían inhibirse” para articular controles en el acceso a determinados contenidos, ha dicho.

Pradales, que ha intervenido después que Subijana y Adán, ha parecido recoger el guante. Les ha realizado dos compromisos. A Subijana le ha hablado de lograr “mayor agilidad, porque una Justicia más rápida es de mejor calidad”. Eso incluye “la necesidad de contar con más juzgados y con más jueces”. Y, al hilo de las reflexiones de la Fiscalía, ha apuntado: “Tenemos muy presente que aún hay algunas personas que renuncian a defender sus derechos porque el sistema les parece complejo o inasequible. También víctimas de violencia contra las mujeres que no denuncian a su agresor porque creen que les va a perjudicar”. En Euskadi, el Gobierno vasco se encarga de la denominada “administración de la Administración de Justicia”, es decir, de proveer de medios materiales y humanos a jueces y fiscales, que son cuerpos del Estado.

En el acto han estado presentes, igualmente, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y su homólogo en Seguridad, Bingen Zupiria, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, la diputada general, Elixabete Etxanobe, el titular del Ararteko, Manuel Lezertua, o la teniente de alcalde de Bilbao, Amaia Arregi. También han participado mandos uniformados de la Ertzaintza, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como magistrados, fiscales y otros cargos judiciales. Estaban invitadas, asimismo, las dos vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial encargadas de asuntos vascos, Esther Erice y María Pilar Jiménez. Como novedad en 2024, el coro tradicional que actuaba en el evento, de Gipuzkoa, ha sido relevado por otro compuesto por jueces, fiscales, secretarios judiciales, letrados y funcionarios del Palacio de Justicia de Vitoria, cuyas piezas han sido muy aplaudidas, particularmente el 'Hegoak ebaki banizkio'.