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Precariedad y falta de inspectores elevan a diez el número de muertes en el trabajo en Euskadi, la mitad en la construcción

Un obrero de la construcción trabaja en un edificio.

Belén Ferreras

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La crisis, la precariedad y la falta de inspectores están elevando el número de accidentes laborales en este arranque del año. Afectan fundamentalmente al sector de la construcción. En lo que va de año han fallecido en el trabajo diez personas en Euskadi. La mitad, cinco, pertenecían a este sector. Eran trabajadores que han muerto tras precipitarse al vacío desde alturas, por lo que carecían en el momento del accidente de cualquier tipo de arnés de seguridad. El último fallecido ha sido un trabajador de 60 años, de la empresa Proyectos y Reformas Leire, que en el momento del accidente el pasado lunes se encontraba realizando reparaciones en el tejado de un pabellón en Eibar “sin que se hubiera adoptado ninguna medida de seguridad”, según han denunciado los sindicatos. El trabajador pisó una zona del zona frágil del tejado, que cedió y se precipitó al vacío desde una altura de cinco metros por “la ausencia de arnés de seguridad”, señalan. Este miércoles y el jueves se llevarán a cabo concentraciones de protesta organizadas por los sindicatos, por separado, como protesta por esta nueva muerte.

Detrás de éste y del resto de los accidentes laborales está el hecho de que “no hay nadie que controle que se cumplen las medidas de prevención”, según denuncia Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral de LAB. En Euskadi no hay más de 41 inspectores de trabajo, dice, “y solo la mitad se dedica a visitar las obras”. “Y si no pones los medios para vigilar estás dando vía a libre a la patronal”, afirma. “Hace falta que haya más inspección porque hoy por hoy es raro que Osalan actúe de oficio” Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi. Ríos recuerda que detrás del drama de los accidentes laborales, sobre todo en la construcción hay, además de una gran falta de prevención, un abuso de la subcontratación. “De los cinco fallecidos en este sector en lo que va de año tres trabajaban en empresas subcontratadas”, recuerda. Una medida que la patronal utiliza para “abaratar costes” y que acaban “pagando los trabajadores”.

De la mano de la subcontratación está el alto nivel de precariedad que se ha incrementado con la crisis económica. De hecho, el año pasado se duplicaron los fallecidos respecto al año 2019, antes de la crisis de la pandemia. Según datos de CCOO de Euskadi en 2021 fallecieron en el trabajo 24 personas, frente a los 22 de 2019. En 2020 murieron 39 personas. Las cifras de Osalan son inferiores porque eliminan los fallecimientos que la mutua ha rechazado como accidente laboral. Según la estadística oficial del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 2021 fallecieron 35 personas, frente a los 27 de 2020.

Al margen de los fallecidos en el sector de la construcción el resto de los trabajadores muertos en accidente en este primer trimestre se reparten entre diversos sectores. Uno de ellos murió de un infarto en un comercio; otro cayó de un tejado pero no era de la construcción; un trabajador pertenecía al sector forestal; otro era un camionero y uno de los fallecidos trabajaba en la industrial del metal. Durante los tres primeros meses del año pasado murieron también diez trabajadores dos de ellos 'in itinere' y solo uno en el sector de la construcción.

En este contexto, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco presenta este miércoles su Estrategia de Salud Laboral en el Parlamento Vasco en la que se reconoce la necesidad de incrementar la labor de inspección. De hecho la intención del Gobierno es aumentar en diez plazas el número de inspectores a lo largo de la legislatura, aunque admite dificultades para cubrir las plazas. Sumando el número de inspectores y subinspectores hay 54 profesionales destinados a esta labor,  con un 19,4% de las plazas que recoge la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Inspección sin cubrir. Aún así desde el área que dirige Idoia Mendia se recuerda que es necesario también la denuncia de las irregularidades porque “no podemos poner un inspector en cada obra”, señalan. El problema, dicen los sindicatos, está en que en que la denuncia de falta de seguridad por parte de los trabajadores es complicada en un contexto de precariedad laboral y de crisis económica.

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