El primer juicio por las denuncias de corrupción en Alonsotegi se celebrará en la Audiencia de Bizkaia el 18 de octubre

Ya hay una fecha. Según explican fuentes judiciales a este periódico, el 18 de octubre arrancará en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio por corrupción contra el exregidor del PNV en Alonsotegi José Luis Erezuma (en el cargo entre 2011 y 2015) y contra el que fuera arquitecto municipal Alberto Zulueta, así como contra los empresarios de Laneder Construcciones, Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga. Esta vista estaba prevista inicialmente para noviembre de 2021, luego se pospuso a enero de 2022 y, finalmente, quedó en suspenso ya que se anunció un acuerdo entre los imputados y todas las acusaciones (Fiscalía, Ayuntamiento de Alonsontegi, Diputación de Bizkaia y la oposición local, EH Bildu). Sin embargo, los acusados nunca llegaron a devolver el dinero, algo a lo que se habían comprometido para recibir una pena simbólica y no entrar en la cárcel, además de para librarse del banquillo.

El caso es uno de los tres que salpican la gestión municipal en Alonsotegi, con tres alcaldes consecutivos investigados, ya que están pendientes de resolución dos causas que afectan también a Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007) y Aitor Santesteban (2007-2011), ambos igualmente del PNV. Se da la circunstancia de que el municipio como tal se constituyó en 1991 como escisión del término de Barakaldo y que están bajo investigación 16 de sus 31 años de existencia. El lehendakari, Iñigo Urkullu, es natural de esta localidad y Erezuma, de hecho, participó en algunos reportajes cuando se presentó a las elecciones.

Esta pieza que llegará a juicio en octubre se originó porque, en 2010, se estimó que la sociedad pública municipal Alonsotegi Eraikiz tenía que abonar 1.066.944,01 euros a Laneder Construcciones por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud. En octubre de 2011, se abonaron menos de la mitad, 450.000 euros. Según las acusaciones, el alcalde, Zulueta, otros asesores municipales y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento.

Aunque jurídicamente solamente es válido de cara a la sentencia lo que ocurra en el plenario y lo que consta en el sumario, Erezuma y el resto de acusados encaran las vistas con la mochila de que 'de facto' confesaron los delitos a ojos de la opinión pública. Sus abogados habían alcanzado un acuerdo verbal con todas las partes, desde la Fiscalía hasta los letrados EH Bildu. El pacto implicaba reconocer que cometieron un delito de prevaricación, otro de falsedad documental y dos de fraude en las subvenciones. Aceptaban una pena de dos años de prisión, calculada para poder ser suspendida en caso de no tener antecedentes, como era el caso, y diez años de inhabilitación. La parte mollar, en cambio, era el compromiso de devolver de manera conjunta casi 900.000 euros, los 681.392,38 euros de las subvenciones más unos 200.000 euros de intereses por el tiempo transcurrido.

Esto fue conocido en enero pero todavía después de Semana Santa -el 20 de abril fue la fecha que se fijó como tope- ni se había devuelto más dinero que los alrededor de 100.000 euros consignados en las cuentas corrientes del juzgado ya con anterioridad para afrontar el proceso ni tampoco se había aceptado un calendario para hacerlo. Es más, en esta fase de conversaciones se ha visto que los acusados disponen de un patrimonio inmobiliario más extenso que lo que era conocido de la investigación, según indican fuentes judiciales. En el caso del Ayuntamiento de Alonsotegi, incluso el PNV local se ha sumado a EH Bildu -beligerante desde hace años con las irregularidades en el municipio- a la petición de que se celebre el juicio una vez constatado que el acuerdo ha quedado en papel mojado. Esto se produjo en un pleno celebrado en mayo no sin tensiones, ya que un familiar de Erezuma, él mismo exedil del PNV, se encaró con sus correligionarios, a los que criticó por hacer el “caldo gordo” a la oposición. Ya se produjeron polémicas en 2019, tras las elecciones, ya que ganó EH Bildu pero el único concejal del PSE-EE dio la alcaldía a Joseba Urbieta, actual cabeza de lista 'jeltzale'. El PNV como partido, en palabras de Andoni Ortuzar, considera lo ocurrido una “chapuza” y no corrupción al no apreciar que haya existido “enriquecimiento ilícito”.