Los Gobiernos central y vasco han acordado abonar entre 2021 y 2024 más de 25 millones de euros a una empresa de Israel llamada Attenti Electronic Monitoring, actualmente parte del grupo estaounidense Allied Universal, por una tecnología para el control continuado de unos 4.000 presos en tercer grado que no pernoctan en la cárcel a través de brazaletes o tobilleras. Excepcionalmente, el sistema adquirido permite también realizar a distancia controles de alcoholemia e incluso de otras drogas. Fuentes de Instituciones Penitenciarias, que gestiona todos los penales de España con excepción de los de Euskadi y Catalunya, aseguran que son únicamente 29 los reclusos en semilibertad que están sometidos a este tipo de pruebas de consumo de alcohol, que no hay ninguno al que se le hagan controles de otras drogas y que todos los penados sobre los que pesa el control telemático firman un documento en el que asumen voluntariamente una vigilancia con este sistema.
La existencia y los detalles de este contrato han salido a la luz a raíz de una pregunta al Gobierno vasco del parlamentario de la coalición Elkarrekin Podemos–IU Íñigo Martínez, que es también responsable de políticas europeas de IU federal. Martínez interpeló tanto en el pleno del Parlamento Vasco como por escrito al Ejecutivo de Iñigo Urkullu por posibles relaciones vigentes entre Euskadi e Israel a la luz de la ofensiva contra la franja de Gaza. Ya era conocida la participación accionarial autonómica en la compañía CAF, que construye un tranvía en territorios ocupados de Israel, y fruto de estas preguntas ha emergido ahora el contrato de las Prisiones vascas.
Explica la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa (PNV), que Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, formalizó en septiembre de 2021 un contrato con Attenti Electronic Monitoring para un “servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de alcohol y ubicación de personas sujetas a control”. Como semanas después, en octubre de ese año, el Estado cedió a Euskadi la gestión de las tres cárceles vascas, las de Zaballa en Álava, Martutene en Gipuzkoa y Basauri en Bizkaia, la comunidad autónoma asumió el personal, los recursos materiales... y también los servicios contratados. En concreto, el 11 de abril de 2022 los Gobiernos central y vasco acordaron la subrogación del sistema de control telemático de presos en tercer grado.
El contrato de 2021, en vigor hasta agosto de 2024, sucede a otro con la misma compañía israelí de 2018 y para los mismos fines. Lo acordado reportará a la tecnológica 2,2 millones en 2021; 9,2 en 2022; 9,3 en 2023 y 7 en 2024. No hay desglose de qué parte ha de se asumir la Administración vasca. La empresa proporciona a Prisiones “dispositivos sujetos a control domiciliario”, lo que incluye la pulsera y un aparato en el domicilio del condenado, las máquinas que hacen análisis remotos de alcohol y drogas que verifican la identidad con reconocimiento facial y “seguimiento continuo”. También ofrece personal para la instalación, desinstalación y mantenimiento del 'hardware'. Las previsiones de cara a 2024 es que se dispongan de 4.500 dispositivos como máximo a razón de 4,5 euros diarios por unidad. La funcionalidad que ofrece controles de alcoholemia cuesta 5 euros y hay un máximo de 275 disponibles.
Attenti Electronic Monitoring publicita un sistema de control de sustancias que se llama SCRAM ( Secure Continuous Remote Alcohol Monitoring, en castellano: “Control remoto continuo y seguro del consumo de alcohol”). Según los folletos publicitarios de sus creadores, la tecnología permite tomar muestras de la sudoración cada 30 minutos desde la tobillera y detectar posibles obstrucciones o manipulaciones del aparato para condicionar los resultados. Ni siquiera bajo el agua deja de funcionar. Según sus propias cifras, 1.000.384 personas han sido “monitorizadas” en todo el mundo y se han realizado 4.900.000.000 de pruebas, con un 99,1% de resultados satisfactorios.
Fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias indican que hay 3.508 presos con un régimen de salidas previsto en el artículo 86.4 del reglamento penitenciario que han firmado ser controlados en remoto con este sistema, lo que les permite no pernoctar en prisión. Añaden que son “muy puntuales” los supuestos en que la junta de tratamiento ha propuesto que se sometan a controles de alcoholemia. En concreto, el 15 de diciembre eran 29 los penados en esta situación. En el caso vasco, a 31 de octubre eran 370 los presos con pulseras, a los que se suman otros 14 condenados con el mismo régimen pero sin control telemático alguno. En Euskadi, se conoce la tecnología pero no hay constancia de casos de controles de alcohol o drogas. Se precisa que sí existen otros programas con entidades sociales para gestionar planes individuales de desintoxicación.
Explican fuentes penitenciarias que esta modalidad de “86.4 telemático” recibió un gran impulso con la pandemia. “Hubo un antes y un después. Antes era usado en situaciones residuales y se empezó a emplear para evitar contactos y contagios. No hubo problemas de delitos y fue un descubrimiento”, explican. ¿Por qué se incluyen controles de alcohol y drogas en los posibles usos de esta tecnología? “A veces son factores criminógenos. No hay que olvidar que el tercer grado es un cumplimiento de condena. El sistema te da una confianza pero también te impone unas condiciones”, señalan. Al igual que existe progresiones de grado –que no beneficios penitenciarios– el incumplimiento de los requisitos de quienes llevan estos aparatos –básicamente no estar a la hora acordada en casa– puede implicar el regreso a un régimen cerrado o, al menos, a un tercer grado más atenuado.
Son técnicos de la empresa suministradora los que instalan las bases de control en los domicilios de los presos a los que se les implanta esta medida telemática. A partir de ahí, el centro penitenciario o de inserción social de referencia es el que recibe la señal y monitoriza las posibles incidencias. Hay equipos de funcionarios que vigilan el “medio abierto” y en los que participan incluso educadores. Fuentes sindicales, eso sí, puntualizan que existe un soporte centralizado externo a la Administración pública en Madrid, gestionado por la contratista, y que también tienen constancia de que la reparación de los aparatos se hace “fuera de España”. “Es una tecnología muy muy buena”, recalcan. La propia empresa publicita que su servicio de apoyo está operativo “24/7”.
Este sistema de control, implantado igualmente en otros países, no debe ser confundido con otro técnicamente muy similar para casos de órdenes de alejamiento, particularmente en supuestos de violencia de género. En ese caso, son medidas cautelares o definitivas restrictivas de derechos decretadas por una autoridad judicial y ejecutadas por una autoridad policial. Por ello, este “86.4 telemático” ha causado sorpresa en fuentes judiciales consultadas, aunque ya estaba previsto en una circular interna de 2006.
Un magistrado en ejercicio recalca que el Código Penal solamente prevé posibles restricciones al consumo de alcohol en casos muy concretos de delitos relacionados con la seguridad vial, aunque se aplica con dispositivos que impidan el encendido de un vehículo a motor y no con estas máquinas. También otro artículo alude a “participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos”. Pero en ambos casos son decisiones atribuidas a un magistrado. Un penalista añade que nunca había conocido un supuesto de esta naturaleza “en 30 años de carrera”.
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