Prorrogada seis meses la investigación judicial de las filtraciones en las oposiciones de la Sanidad vasca

La magistrada de Vitoria encargada de la investigación de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, Cristina Rodríguez Ruiz, ha acordado ya la prórroga por seis meses de la causa, aunque la resolución será notificada formalmente el 1 de febrero, según explican fuentes judiciales. Esta decisión, instada por el sindicato LAB como acusación popular, llega después de que la pasada semana se conociera que la revisión de los exámenes de Traumatología arrojaba nuevos indicios de la existencia de irregularidades.

En una resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico y que está fechada el pasado jueves se hace constar que “resulta imposible” dar por finalizada la instrucción y que se requiere más tiempo. Se recuerda, por ejemplo, que algunas partes han recurrido a la Audiencia Provincial de Álava la denegación de algunas imputaciones, como la citación del que fuera consejero, Jon Darpón, de la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y de otros altos cargos de la Sanidad vasca. LAB, como acusación popular, es quien ha solicitado la comparecencia de todos ellos al entender que las irregularidades no se pudieron producir sin su concurso o, al menos, sin su consentimiento. “Debe estarse a la espera de lo que dictamine dicho órgano superior en cuanto a la práctica de dichas diligencias, por lo que se estima procedente prorrogar la instrucción” hasta el 29 de julio de 2022, entiende su señoría.

Los exámenes de la OPE se celebraron en la primavera de 2018. El 1 de junio de ese año, el mismo día en Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy, se hicieron públicas las primeras denuncias en dos de las categorías médicas, Anestesia por un lado (los sanitarios Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez) y Angiología (el doctor José María Egaña) por el otro. Aun sin conocerse las conclusiones de las investigaciones internas que se pondrían en marcha, la primera reacción del Departamento de Salud fue la de rechazar que hubiera “elementos objetivos” que demostraran las filtraciones. Y fue ésa, precisamente, la conclusión principal de ese trabajo interno de análisis. Ya entonces se amplió el foco a una veintena de especialidades médicas en las que se repetía el patrón de que quienes obtuvieron las notas más altas -algunas de ellas rayanas a la perfección- eran colegas de los autores del examen o de los miembros del tribunal.

Con esos datos, la Fiscalía inició una investigación judicial preliminar. Luego se conoció que Osakidetza no había aportado nada más que sus conclusiones y no los testimonios que fueron apareciendo en ese trabajo interno. Muchos de ellos aludían a un “tongo”, a que había habido sospechas claras de filtraciones o incluso a que los mejores exámenes parecían “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección. Este periódico los publicó todos en 2019. Estos testimonios, grabados en audio, llegaron ya al juzgado de Vitoria después de que el ministerio fiscal remitiera el expediente aludiendo a la necesidad de iniciar una investigación ordinaria.

En este tiempo, la causa ha avanzado lentamente, con momentos de gran actividad pero largos períodos sin novedades, algunos originados por la pandemia y otros simplemente por falta de impulso judicial. Por el juzgado de instrucción 2 de Vitoria han pasado desde entonces tres magistradas, Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta y la actual, Cristina Rodríguez Ruiz. Hasta el momento, en una investigación sobre los exámenes de una OPE no se han revisado aún todos esos exámenes. Y todo a pesar de que, cuando se ha hecho en dos especialidades muy concretas, han aparecido indicios de anomalías. En Anestesia, las mejores opositoras contestaron a un cuestionario aleatorio en el mismo orden -y descartando el mismo ejercicio- y utilizaron expresiones y estructuras gramaticales casi idénticas. Incluso repitieron un mismo error básico. Y, en Traumatología, la lectura de los documentos confirmó la denuncia que hizo en su día un vocal del tribunal, que fue quien aludió a estos exámenes como “fotocopias”. La última de las juezas, Rodríguez Ruiz, llegó a alegar que estos papeles no aportaban nada.

Los imputados hasta el momento son 20. Los más recientes son Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi de la OPE de Angiología, Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología, el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana, que fue citado el pasado viernes. Los once anteriores eran José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía), Iñigo Echevarría (Traumatología) y Thais Salas, Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez (opositora y miembros del tribunal de Cirugía Plástica).

Valoración de ESK

Junto con LAB, el sindicato ESK está personado como acusación popular. En un breve comunicado, la central destaca que es una “causa compleja” que “necesita un estudio detallado de toda la documentación posible” para demostrar lo que “para ESK es evidente, la instauración de un sistema clientelar en la adjudicación de determinadas plazas de especialidades médicas”. Entiende también que los actuales responsables de Salud debería adoptar “las necesarias medidas para que estos hechos no vuelvan a suceder”.