La magistrada de Donostia Silvia Villanueva ha acordado la prórroga hasta abril de 2025 de la investigación penal abierta en 2023 por el envío de unas 5.500 toneladas de lixiviados desde el CMG-I de Gipuzkoa, una planta ubicada en Zubieta y cuyo titular es el consorcio foral GHK, a unas instalaciones en Artajona llamadas Ecofert Sansoain y también a Sader, en Bilbao. En un auto emitido el 25 de septiembre y en puertas de que el 3 de octubre expirara el plazo ordinario de un año para completar las averiguaciones, la instructora argumenta que sigue pendiente de ser entregado un informe pericial de la Guardia Civil, que ejerce de Policía judicial, y que practicar diligencias sin esta prórroga podría comprometer la “nulidad” de todo el proceso, según indican fuentes judiciales.
El caso se originó en agosto de 2023 con una denuncia de la Fiscalía. En ella, daba carta de naturaleza a una información entregada con anterioridad por la plataforma GuraSOS. Se apreciaron indicios de un doble delito, ya que no solamente se enviaron de modo irregular residuos líquidos (presunto delito ambiental) sino que se codificaron como lodos para sortear el hecho de que la planta de destino, Ecofert Sansoain, no tuviera autorización para recepcionar ese tipo de material (presunto delito de falsedad documental). Formalmente, el asunto fue admitido a trámite en octubre de 2023 y es ahora cuando se agotan los doce meses de plazo ordinario de investigación. La propia Fiscalía y también GuraSOS habían venido pidiendo desde comienzos de septiembre más tiempo y la magistrada ha estimado que es “adecuada” una prórroga de seis meses.
Básicamente, se está a la espera de un informe de la unidad central del Seprona de la Guardia Civil, el UCOMA, que es la brigada contra los delitos ambientales de este cuerpo. Ya se ha decidido que solamente tras la recepción del atestado policial se citará a declarar a las personas investigadas, incluido el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio, que es el presidente del consorcio foral GHK. La Fiscalía denunció también a Nagore Peñalva, que es la directora técnica de GHK, a Manuel Franco, ingeniero del consorcio, y a Andoni Sánchez de Luis, directivo de la empresa Sader. El informe acumula varios meses de retraso,
Está prevista, asimismo, la comparecencia como testigo de la directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ana Bretaña. Y es que el Gobierno de Navarra, a quien compete el control de Ecofert Sansoain por estar en su territorio, ha llegado a acordar la clausura temporal de la planta de Artajona. El Ejecutivo foral insiste en que la recepción de lixiviados fue irregular, tanto en lo tocante a los llegados desde Zubieta como en otros casos probados, tales como los de las empresas Oleofat (con domicilio social en Vitoria pero planta de producción en Tudela) o Viscofan (de Pamplona y Cáseda). Es más, instó a Medio Ambiente del Gobierno vasco a proceder también a sancionar a Ekondakin, que es la empresa que gestiona el CMG-I de GHK, aunque por el momento ni con Iñigo Urkullu ni con Imanol Pradales se ha considerado oportuno dar ese paso.
elDiario.es/Euskadi está en X, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en WhatsApp y en Threads. Cada semana, te enviamos un boletín a tu correo electrónico. ¡Apúntate! Recuerda que puedes ser socio o socia de elDiario.es clicando aquí. Y, para más información, puedes llamar o escribirnos al 625 88 87 80.