La situación de las ambulancias de Osakidetza, buena parte de ellas externalizadas, ha protagonizado este jueves el pleno del Parlamento Vasco pero también, especialmente, lo ocurrido en el exterior al tiempo que se celebraba la sesión. Mientras se debatía una moción de EH Bildu para denunciar la mala gestión en el área de Emergencias y que incluía una propuesta de “publificación”, una protesta de los sindicatos de las empresas contratistas, como La Pau, ha cortado el tranvía de Vitoria durante una hora sin que la Ertzaintza haya tenido más capacidad operativa que la de instar a los convocantes a que retrasaran la línea de la protesta para dejar circular a los convoyes parados. No ha habido incidente alguno, en todo caso.
La protesta, que ha reunido a unas 150 personas, estaba comunicada y prevista de 10.30 a 11.30 horas y, sin embargo, en todo ese tiempo la Policía no ha sido capaz de asegurar la presencia de la Brigada Móvil, la encargada de este tipo de actuaciones. Y, siguiendo el precedente de los propios ertzainas en sus protestas laborales, los trabajadores de las ambulancias, con banderas de ELA, LAB, ESK, CCOO o UGT, han adelantado la línea autorizada e invadido las vías. Incluso se han sentado sobre ellas mientras una unidad con destino a Abetxuko se quedaba bloqueada con pasajeros dentro. Todas las líneas han quedado cortadas durante prácticamente 60 minutos.
Con cuentagotas, han ido llegando al Parlamento las patrullas de seguridad ciudadana de toda la ciudad, pero no han pasado de media docena al término de ella. Se han sumado un coche no rotulado, un todoterreno y la propia seguridad de la Cámara. Los agentes se han colocado defensas, cascos y verduguillo y han formado una línea custodiando la entrada del edificio. Todo lo más ha sido un intento de solicitar a los organizadores que se retiraran y dejaran pasar al tranvía, pero la protesta ha continuado con normalidad. No han realizado ninguna identificación. Ha sido un acto ruidoso, con sonidos de sirenas, y en el que se han arrojado un par de botes de humo y petardos. El paso de una ambulancia ha traído una ovación de los presentes, que han recibido el arrope en sus demandas de las formaciones de izquierdas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.
El ámbito de las Emergencias de Osakidetza vive una época convulsa. Por un lado, la organización propia interna ha vivido un nuevo relevo. Esta semana ha trascendido que Ane Beitia Arriola (Elgoibar, 1965) ha sido nombrada como nueva directora. La exalcaldesa del PNV de su localidad natal releva a Óscar Aller, cuya dimisión ya trascendió en verano. Este entró en 2020 por la forzada salida de Jon Sánchez, que infringió normativas sanitarias durante el confinamiento con un viaje a Cantabria. Antes, su predecesor se marchó por desavenencias con el modelo.
Precisamente la iniciativa de EH Bildu buscaba demandar un perfil con “conocimientos” en la materia para dirigir la OSI Emergencias y no “gestores” para evitar “conflictos” con el personal. No ha prosperado. Al contrario, el Gobierno ha impulsado un texto alternativo genérico para “optimizar” el servicio pero teniendo en cuenta la “falta de profesionales especialistas”, que condiciona el servicio en períodos como las vacaciones. Asimismo, ha fracasado igualmente la petición de “publificar” el servicio, apoyada por Elkarrekin Podemos-IU igualmente y para lo que se proponía un estudio en tres meses.
La protesta del exterior, en todo caso, era de esta parte de Emergencias externalizada. El 1 de agosto, de hecho, entró en vigor el nuevo contrato. Muchas miradas se posan en Grup La Pau, empresa catalana que llevaba el servicio de Álava y ahora también el de Bizkaia. Una de las manifestantes llevaba un cartel en el que lamentaba que “pasa hambre” gracias a esta compañía. Por impulso de ESK, la Fiscalía ha abierto una investigación penal por presuntas irregularidades y, antes, la Inspección de Trabajo ha impuesto ya sanciones.
“Estamos aquí reivindicando un convenio digno”, ha explicado Aitor Gutiérrez, delegado de ELA. Y ha añadido: “Llevamos dos años en ultraactividad, con una pérdida de poder adquisitivo del 13%”. Según ha indicado, el nuevo convenio “está bloqueado tanto por la patronal como por el Gobierno”. Denuncian que la nueva contrata ha mejorado un 30% los ingresos de empresas como La Pau pero que la oferta de mejora salarial se limita al 2,5%. Demandan que el Gobierno vasco se “implique”, como ocurrió con el conflicto de la limpieza externalizada. “Son responsables de la subcontratación del servicio”, ha dicho sobre el equipo de Gotzone Sagardui. Hay huelgas convocadas para los días 9, 10 y 11 de octubre, como también las hay en otros muchos sectores, lo que enerva al lehendakari, Iñigo Urkullu.