Las protestas toman Bilbao: asociaciones se unen contra la precariedad y empresas en huelga salen a la calle
Todas ellas trabajan en asociaciones privadas que reciben dinero público para su gestión, y, pese a las diferencias del tipo de entidad en cuanto a número de trabajadoras y de pacientes con diversidad funcional a los que atienden, la mayoría coincide en lo mismo: la precariedad de su sector es insostenible. Se trata de las trabajadoras del sector de diversidad funcional de Bizkaia, que en su gran mayoría (según denuncian los sindicatos, el 99%) son mujeres, de asociaciones como Gorabide, APNABI (Asociación de familias de personas con un Trastorno del Espectro del Autismo), Gaude y Madres Mercedarias de Orozko.
La situación de las trabajadoras de las asociaciones coincide en cuanto a carga de trabajo, la eventualidad del sector y la pérdida de poder adquisitivo, que según denuncian, es de “cerca de 300 euros al mes”, pero cada una de las entidades vive su propia realidad. Todas ellas se han unido este miércoles en una huelga y una manifestación en el centro de Bilbao que ha finalizado frente a la Diputación de Bizkaia, organismo público que subvenciona estas empresas. “Las entidades dicen que la Diputación no les da el suficiente dinero como para mejorar nuestras condiciones, mientras, la Diputación sostiene que no puede subir las subvenciones”, critican las trabajadoras.
No es solo por las cargas laborales, es también por la nula conciliación y por el hecho de que cada vez hay contratos más precarios
Begoñe Martina es trabajadora y representante sindical de Gorabide, asociación de padres y madres con hijos con diversidad funcional, y considera que su queja y las de sus compañeras “no es solo por las cargas laborales, es también por la nula conciliación y por el hecho de que cada vez hay contratos más precarios para quien hace sustituciones”, confiesa a elDiario.es/Euskadi. Gorabide, con representación sindical de LAB, ELA y ESK, lleva 60 años en el sector, cuenta con 37 centros y cerca de 5.000 usuarios. Este miércoles celebra su primera jornada de huelga. “La Diputación es el pagador de estas asociaciones, pero la nuestra es más bien una empresa, porque engloba a más de 600 trabajadoras. Lo que ocurre es que las asociaciones dicen que no tienen medios económicos para sufragar mejores salarios y condiciones laborales y a su vez Diputación insiste en que ya ha paga suficiente”, explica.
Silvia Gago es delegada del sindicato LAB en la asociación de apoyo a personas con discapacidad intelectual Gaude, que actúa principalmente en la Margen Derecha de Bizkaia. Según detalla Gago, en su asociación, además de el fin de la precariedad y la mejora de las condiciones laborales, las trabajadoras reivindican la equiparación de su salario al IPC y el fin de las dobles tablas salariales. “Hay distintas categorías salariales, pero con las mismas funciones, lo que supone que contraten a la categoría inferior para cubrir a categorías más altas. Es algo que sigue ocurriendo porque así lo permite la Diputación de Bizkaia”, asegura.
A pesar de que el estado en el que se encuentran en todas las empresas del sector es mejorable, la situación que actualmente vive Madres Mercedarias de Orozko, en Bizkaia, es crítica. El centro, externalizado Fundación Aliados por la Integración, congeló el sueldo de las trabajadoras y aumentó su jornada laboral en 2019. Desde entonces, las empleadas llevan 21 jornadas de huelga y 14 más convocadas para los próximos meses. Sin embargo, las 43 trabajadoras y las 73 mujeres con discapacidad intelectual que atienden ven que su situación puede empeorar próximamente dado que el pasado diciembre la empresa comunicó su intención de dejar de ofrecer sus servicios y cerrar el centro.
“La Diputación de Bizkaia ha mirado para otro lado, siendo esta administración quien tiene la titularidad del servicio público que realizamos y a quien hacemos responsable directo de la situación de precariedad en la que nos encontramos. Recordamos que los salarios que cobramos son de entre 900 y 1.100 euros. La Congregación Madres Mercedarias nos ha comunicado recientemente que abandona el servicio y que si nadie viene a comprarles el negocio cerrarán. También nos han comunicado que la Diputación de Bizkaia conoce la decisión. Han contratado a la Fundación EDE para que gestione la actual situación. La gestión de EDE, hasta ahora, ha sido retirar a la Congregación de cualquier negociación con las trabajadoras y transmitir a la plantilla que es mejor no 'hacer ruido', es decir, intentar asustarnos y que no luchemos por nuestros derechos”, explica a este periódico Olaia Armendariz, trabajadora y delegada del sindicato LAB del centro, que cuenta con la representación de dos delegadas de LAB y una del sindicato ESK.
La situación es muy grave, no solo para nosotras, sino también para las mujeres a las que cuidamos
No es la primera vez que salpica la polémica en Madres Mercedarias de Orozko. Como ya recogió este periódico, el pasado mayo el sindicato ESK denunció que el centro cobrara a las familias de los usuarios cantidades económicas por material de protección contra la COVID-19 y que se aprovisiona a través del Banco de Alimentos cuando tiene un convenio con la institución foral para la financiación de 63 de sus 74 plazas. En esa ocasión Murillo admitió que las religiosas empezaron a tener problemas hace unos años para garantizar los cuidados de los usuarios -por elevada media de edad o falta de relevo, principalmente- y que ello condujo a una “profesionalización” a través de la empresa externa, antes llamada Fundación Grupo Norte. “Otra cuestión distinta son las relaciones laborales -ha seguido el diputado-. Y estaremos vigilantes. Al menor atisbo de duda sobre la atención, actuaremos, como lo hemos hecho siempre en estos casos”, garantizó al tiempo que ha asegurado que en los últimos meses los inspectores han pisado más el convento que nunca antes.
“La situación es muy grave, no solo para nosotras, sino también para las mujeres a las que cuidamos. Para estas mujeres este centro residencial es su hogar. La Diputación de Bizkaia es, ahora más que nunca, la responsable directa de este conflicto y la vamos a interpelar directamente”, asegura Armendariz, quien explica que han solicitado una reunión con el Diputado de Acción Social Sergio Murillo y que, por el momento, las trabajadoras secundarán una huelga de siete días desde el 6 hasta el próximo 12 de febrero. “Anunciamos que no serán las últimas si nuestros derechos no se respetan”, avisa.
Vulcanizados Zuloaga y Novaltia se concentran frente a Inspección
Media hora antes y en un emplazamiento cercano, pero diferente, otros dos conflictos laborales también han salido a la calle este miércoles en Bilbao para protestar por la mejora de sus convenios. Se trata de Vulcanizados Zuloaga y de Novaltia, cuyos trabajadores llevan una larga temporada en huelga. Concretamente, en la primera empresa los paros comenzaron hace un año y medio, mientras que en la segunda hace más de tres años, lo que la ha convertido en “la huelga más larga de Europa”, según denuncian.
Ambas se han concentrado de forma conjunta frente a Inspección de Trabajo en Bilbao para denunciar “la vulneración constante del derecho a huelga que sufren ambas plantillas y la inacción por parte de inspección”. La actuación de la Inspección ha sido nefasta. En el caso de Novaltia, hay sentencias de los juzgados posteriores a resoluciones de inspección que han corregido las malas praxis de esta última. Otro ejemplo de esa práctica es lo sucedido en verano en Vulcanizados Zuloaga. El comité presentó una denuncia de carácter urgente el 28 de junio de 2022. Sin embargo, la inspectora todavía no ha acudido a la empresa a inspeccionar los hechos denunciados -el comité no tiene constancia de ello-, y tampoco ha emitido informe alguno 7 meses después“, critican desde el sindicato ELA, quien denuncia que la Inspección de Trabajo en Bizkaia ”se ha convertido en cómplice de las empresas en casos de vulneraciones del derecho de huelga, dando la espalda a los trabajadores“.
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