El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del nuevo Gobierno de Imanol Pradales es el que más avanzada tiene su estructura. Es un cartera muy simbólica porque áreas como Prisiones y Memoria Histórica pasaron de manos del PNV al PSE-EE. Este miércoles, el equipo de la consejera socialista María Jesús San José ha comunicado el fichaje de la magistrada Inés Soria para ser asesora penitenciaria, un puesto con rango de viceconsejera y que hasta ahora ha ocupado el también juez Jaime Tapia, que cesará el 16 de julio.
Soria ya ha pedido pasar a “servicios especiales” al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se espera su incorporación efectiva para el 17 de julio. Entró en la carrera en 2001, llegó a Euskadi en 2007 y está adscrita a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Es la responsable del juzgado de primera instancia 2 de Bilbao y miembro de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Antes también estuvo destinada en Barakaldo y en otros juzgados de España.
“La magistrada Soria tiene un perfil que buscaba para liderar el área de Instituciones Penitenciarias, por la experiencia en la gestión de las políticas públicas relacionadas con la Administración de Justicia, por sus responsabilidades en la sala de Gobierno y el decanato [de Barakaldo], que le permite conocer a fondo las relaciones con el poder judicial y los distintos órganos judiciales. Pero también por su vocación de protección de derechos de las personas vulnerables, las que tienen más dificultad de relacionarse con la Administración y, por tanto, de asumir su paso a prisión y acogerse a su derecho constitucional de reinsertarse en la sociedad compatible con la debida protección a las víctimas”, ha manifestado sobre su nueva asesora la consejera San José, que ha insistido en que fue su “primera opción” y que ella “inmediatamente” aceptó.
“En su trayectoria profesional ha sido ponente y participante en diversos cursos y jornadas formativas, con especial atención a la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, la salud mental y, en general, a las personas vulnerables que requieren una protección específica cuando entran en prisión, como es que comprendan su situación, y el acompañamiento a sus familias para que también la entiendan”, agrega el Ejecutivo.
Soria releva a Tapia (Bilbao, 1962). Euskadi asumió en 2021 la competencia de Prisiones y el PNV, por medio de la consejera Beatriz Artolazabal, fichó al magistrado de la Audiencia de Álava. No era afiliado y el Euzkadi Buru Batzar tuvo que autorizar su nombramiento y, además, venía de ser el presidente del tribunal que había emitido la condena para la mayor red de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel', que ha acabado con cuatro exdirigentes o excargos del PNV en prisión. Nerea Melgosa mantuvo a Tapia, que ha sido el impulsor del denominado “modelo vasco” penitenciario, es decir, la puesta en marcha de las bases de las Prisiones vascas.
Tapia regresará por un período de menos de dos meses a la Audiencia de Álava pero en septiembre se jubilará de la carrera judicial, aunque mantendrá otras actividades como la docencia en la UNED o su participación en grupos de apoyo a reclusos, una labor que ya hacía dentro de la pastoral penitenciaria antes de acceder al Ejecutivo y que le ha llevado a encontrarse en la cárcel con personas condenadas por él mismo.
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