El PSE-EE de Barakaldo, que forma parte del equipo de gobierno municipal con el PNV, se ha sumado a la oposición para criticar a la alcaldesa Amaia del Campo y el conflicto que mantiene con los responsables hasta ahora de los servicios jurídicos del consistorio, cuyo último episodio ha supuesto la jubilación forzosa del letrado jefe de servicio a los 66 años y dos meses de edad, pese a que en abril del año pasado se le autorizó prolongar la actividad hasta los 70 años. El conflicto arrancó hace ya hace cuatro años y se ha saldado con cuatro sentencias judiciales contrarias al ayuntamiento, que llegó incluso a despedir a una de las trabajadoras que ha tenido que readmitir. Son unas decisiones que el PNV ha tomado con la oposición en contra, y también con el voto contrario de su socio en el Gobierno, el PSE-EE, según consta en las actas municipales. Ahora los socialistas dan un paso más, y fuentes del grupo municipal del PSE-EE critican el “via crucis” al que se ha sometido a estos trabajadores por parte de la alcaldesa, desde “intentos de cese, negativa a darles el salario que les correspondía o rebajarles en sus funciones”.
El PNV se encontró con este equipo jurídico, constituido por José María Pablos (jefe de servicio y ahora jubilado de manera forzosa ) y María Dívar, asesora de letrado titular que en estos momentos se encuentra de baja médica, en el momento de acceder a la alcaldía en 2015 tras desbancar al anterior Gobierno socialista por primera vez en 32 años, un triunfo que Amaia del Campo revalidó cuatro años después. De hecho, recuperar este feudo socialista de la Margen Izquierda es uno de los objetivos fundamentales del PSE-EE en Bizkaia de cara a las elecciones municipales del año que viene para las que el partido ha confiado en Carlos Fernández, mientras que Amaia del Campo intentará por tercera vez dar el triunfo al PNV.
Desde 2018 se han sucedido diversos episodios que han enfrentado al equipo jurídico del Ayuntamiento con las decisiones de la alcaldesa y que han acabado en los tribunales en cuatro ocasiones, que el consistorio ha perdido. “Se trata de una persecución laboral a dos personas que sigue”, han señalado desde el PSE-EE, refiriéndose a la “jubilación forzosa de jefe de servicio, que los socialistas consideran una maniobra más contra el letrado titular. También Elkarrekin Barakaldo, coalición formada por Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-Berdeak e independientes, ve en esta jubilación forzosa ”una oportunidad perfecta para que la alcaldesa Amaia del Campo siga gastando miles de euros de las arcas municipales en contratar ‘a dedo’ abogados o despachos legales privados“, como ha denunciado ya en reiteradas ocasiones. De hecho, Elkarrekin Barakaldo elevó hasta casi 300.000 euros el dinero pagado a bufetes de abogados de ”forma irregular“ por parte del Ayuntamiento por haber eludido los concursos públicos mediante la fragmentación de las facturas. Unos pagos de los que se alertó en informes internos del propio Ayuntamiento.
Fuentes de la alcaldía de Barakaldo han señalado a elDiario.es/Euskadi que la jubilación forzosa del letrado titular “se ha hecho cumpliendo la legalidad” y que no ha existido en ningún momento ningún tipo de animadversión contra este trabajador ni contra la letrada que en estos momentos se encuentra de baja. La Alcaldía, mediante un decreto fechado el 9 de septiembre de este año, decretó la “jubilación forzosa” del funcionario aduciendo que, según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, esta prolongación del servicio activo se liga “al cumplimiento de la edad necesaria para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad”. Y este trabajador en cuestión tenía la cotización completa para el cobro de la pensión sin reducción con 66 años y dos meses de edad. Argumenta el consistorio en el decreto que, llegado a ese punto temporal, que se cumplía el 11 de septiembre, el funcionario debería haber solicitado una prórroga, tal y como se recogía en el decreto de la alcaldía primero en el que se autorizaba continuar la actividad, “y no consta que el funcionario haya vuelto a solicitar prorroga a esta administración”. Por ello, “considera que no se cumplen, por tanto, los requisitos necesarios para la prolongación del servicio activo”.
Sin embargo, José María Pablos sí presentó la solicitud de prórroga de servicio activo, ese mismo día 9, dos horas antes de que se registrara el decreto de la Alcaldía, según consta en un documento al que ha tenido acceso este periódico. En dicho documento, registrado a las 9:13:04 horas del día 9 solicita continuar hasta los 70 años, pese a que entiende que el decreto en el que se concedió alargar su edad de jubilación “no establece condición alguna” para la prórroga. Sin embargo la Alcaldía decretó la jubilación forzosa a las 11:19:46 horas, desoyendo la petición del letrado. Desde el Ayuntamiento han insistido en que los hechos están recogidos en el decreto en el que se establece la jubilación y que por lo tanto, se entiende como no presentada la prórroga requerida.
Cuatro años de conflicto y “falta de confianza”
El conflicto de la Alcaldía con estos dos trabajadores arranca en 2018, cuando María Dívar, funcionaria interina, solicita que se le equipare el puesto en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) con el de su compañero, José María Pablos, al considerar que realizan las mismas funciones. Aunque el Pleno se posicionó mayoritariamente a su favor (su postura tiene el apoyo de PSE-EE, EH Bildu e Irabazi, la marca de la izquierda entonces) finalmente se desestimó el recurso de la trabajadora. Una sentencia judicial obligó al Ayuntamiento a notificar a Dívar el acuerdo de dicho pleno.
Tras varias reclamaciones de María Dívar para que se reconozcan determinados complementos retributivos que la Alcaldía rechaza por decreto, se produce en 2019 uno de los momentos de mayor tensión entre la Alcaldía y los servicios jurídicos cuando Pablos y Dívar elaboran un informe sobre la defensa judicial en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación Miranda contra una moción aprobada por el Pleno Municipal en septiembre de 2018. En ese informe, los letrados recomiendan revocar ese acuerdo plenario, ya que consideran que no se tenían competencias para aprobarlo y no se había seguido el procedimiento legal establecido. La alcaldesa decidió seguir adelante y defender la moción en los tribunales, que finalmente perdió. A partir de ese momento, la Alcaldía deja constancia en un decreto fechado en marzo de 2019 que los letrados siguen la práctica procesal de solicitar por su cuenta suspensiones de procedimientos cuando consideran que no se ajustan a derecho sin contar para ello con la Alcaldía o el área concernida y Amaia del Campo dispone de una serie de instrucciones para obligarles a comunicar de forma previa todas las decisiones en el ámbito procesal. Este decreto, que restringe las funciones de los letrados, fue posteriormente declarado contrario a derecho y nulo por los tribunales, tras admitir el recurso contencioso-administrativo presentado por María Dívar y José Mari Pablos.
Unos meses más tarde, en octubre de 2019, la alcaldesa aprobó iniciar el procedimiento de “remoción” -privación de cargo o empleo- de José Mari Pablos de su puesto de trabajo, alegando “falta de confianza”, por un lado, por las actuaciones ante el juzgado sin contar con los órganos municipales, y, por otro, por el apoyo a la funcionaria interina en sus reclamaciones salariales. En enero de 2020 Amaia del Campo firma un decreto para destituir al jefe de servicio de la asesoría jurídica, José Mari Pablos, y le degrada al puesto de letrado asesor. Al día siguiente, también por decreto, despide a la que entonces era letrada asesora porque, al ser funcionaria interina, su puesto desaparecía al ser ocupado por el hasta entonces jefe de la asesoría jurídica. Otro decreto que un año después fue anulado por el juez y condenó al Ayuntamiento a restituirles en sus puestos, pagándoles lo que han dejado de percibir durante ese tiempo, incluida la Seguridad Social. El TSJPV desestimó posteriormente el recurso de apelación de Ayuntamiento contra esta sentencia.
Posteriormente el juzgado estimó también el recurso contencioso-administrativo interpuesto por María Dívar, y reconoce su derecho a los complementos retributivos que reclamaba. Precisamente en junio de este año en la Junta de Gobierno se da cuenta de la sentencia del TSJPV que ratifica al abono durante los últimos 4 años, más intereses, de las cantidades adeudadas a María Dívar en concepto de complementos retributivos. El último episodio se ha producido el 9 de septiembre con el decreto la jubilación forzosa de José Mari Pablos, que está por ver si recurrirá en los tribunales.