La purga franquista de miles de funcionarios vascos, una represión “sistemática y duradera”

El 19 de junio de 1937, con la caída de Bilbao, hubo un antes y un después para los miles de funcionarios que trabajaban en las distintas administraciones vizcaínas. Antes ocurrió lo mismo en Gipuzkoa, que fue tomada previamente. Y pasó desde el mismo golpe de Estado en Álava, ya que Vitoria fue el primer ayuntamiento de España asaltado por los franquistas. Solamente en Bizkaia y Gipuzkoa, más de 13.000 empleados públicos fueron sancionados y separados de sus puestos. Fue una depuración franquista que supuso una “represión sistemática y duradera”, o al menos así lo describe el doctor en Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Aritz Ipiña Bidaurrazaga, autor de tres libros y diversos artículos sobre este suceso histórico.

“La depuración franquista es un proceso de represión más. Es un proceso punitivo en el que se decide exterminar a todo empleado público para determinar si es apto o no apto para el régimen franquista. Es un proceso de castigo que va a perdurar en el tiempo. Las consecuencias son que a quien se le destituye en el 1937 no vuelve a recuperar su puesto hasta la Ley de Amnistía de 1977, y ahí no recupera su puesto de trabajo, sino los derechos pasivos, o sea, la jubilación. Es una purga con la que se investiga todo, desde la militancia propia hasta la familiar”, explica a este periódico Ipiña tras protagonizar la conferencia Depuración franquista de funcionarios, una represión sistemática y duradera que ha tenido lugar en el Congreso Estatal de Memoria Democrática que se celebra durante esta semana en Irún (Gipuzkoa).

A grandes rasgos, según detalla el investigador, la depuración la realizaban las máximas autoridades, en este caso, los alcaldes. Sin embargo, había un instructor de cada expediente, informes y delatores: “Era un proceso en el que participaban muchas personas. Un proceso extenso en documentación, pero que se hizo en un periodo corto de tiempo”.

¿Cómo averiguaban si un funcionario estaba o no a favor del régimen? Ipiña aclara que era algo que se descubría gracias a las “acusaciones y delaciones de los compañeros”. Como los años previos al franquismo fueron años “convulsos”, no era de extrañar que todos supieran la ideología del compañero de al lado.

“La gente hablaba de política, iba a manifestaciones y más o menos todos sabían de qué pie cojeaba el de al lado. No solo se vigilaba a quien tuviera actividad política, también a aquellos que se quejaran de las actividades del franquismo, como por ejemplo, los bombardeos. Quien los delataba era el vecino o el jefe”, sostiene.

Los funcionarios, para no perder su empleo, trataban de justifica su ideología diciendo cosas como 'soy nacionalista vasco, pero soy católico' o 'soy de izquierdas, pero soy español'

Una de las cuestiones que más sorprendió a Ipiña durante la investigación de los miles de expedientes, fue el hecho de que los funcionarios no negaban su ideología de izquierdas, pese al peligro que corrían por tenerla. “La gente no lo negaba, algunos porque estaban comprometidos con la causa, pero otros porque sabían que era absurdo negarlo o mentir, porque tarde o temprano lo descubrirían, entonces trataban de justificarlo, decían cosas como 'soy nacionalista vasco, pero soy católico' o 'soy de izquierdas, pero soy español'.

Los dos castigos a los que se enfrentaban cuando las autoridades franquistas descubrían que no eran afines al régimen eran la “destitución fulminante”, la que conllevaba también el derecho a la pérdida de la jubilación y, en el mejor de los casos, la reposición con sanción. Según informa Ipiña “las sanciones podían llegar a ser, como en el caso de los funcionarios del Ayuntamiento de Bilbao, desde los 15 días sin sueldo hasta los 6 meses con la pérdida de cargos hasta ocupar el último lugar en el escalafón laboral”. A las personas de ideología franquista o afines al régimen, se les reponía sin castigo y recuperaban su empleo.

Investigar a los fusilados para depurar a sus familiares

Otra de las cuestiones que llama la atención a Ipiña y al resto de los investigadores es el hecho de que también se investigaba a los funcionarios ya fusilados, con el objetivo de depurar a sus familiares. “Es algo perverso, porque negaban los derechos básicos a la persona fusilada y a su familia. Así negaba puestos laborales a los hijos, pensiones a viudas y becas escolares a niños”, advierte, pero reconoce que en aquella época, lo más sensato era “obedecer sin criticar”. “Era mejor que te destituyeran a que te pegasen dos tiros, esa era la máxima. No hubo ningún tipo de queja, todo lo contrario, los delatores estaban encantados porque había sed de venganza, ya que muchos de ellos fueron detenidos por los republicanos”, explica. Por delatar no se obtenían recompensas monetarias, pero sí beneficios laborales o ascensos.

Los delatores estaban encantados con la situación porque había sed de venganza, ya que muchos de ellos fueron detenidos por los republicanos

Cada Administración tenía total libertad y autonomía para aplicar las depuraciones como considerase. Es por ello que los procesos son distintos, también en Euskadi. En Bizkaia, por ejemplo, al llegar los franquistas todos los funcionarios fueron expulsados y tuvieron que solicitar su puesto laboral otra vez. Para ello, existían declaraciones juradas en las que tenían que justificar que estaban a favor o al menos que no estaban en contra del régimen franquista. A modo de ejemplo, Ipiña señala que en el Ayuntamiento de Bilbao había que rellenar un documento genérico en el que los trabajadores debían justificar su ideología, militancia y opiniones. “A algunos con rellenar una única hoja les valía, mientras que otros escribían tres o cuatro para justificarse y ni así eran aceptados”, detalla para ejemplificar la arbitrariedad del sistema.

Más de 13.000 funcionarios depurados en Bizkaia y Gipuzkoa

En sus investigaciones ha analizado a más de 13.000 casos de funcionarios depurados en Bizkaia y Gipuzkoa, pero reconoce que “no todos fueron destituidos”. “En el Ayuntamiento de Bilbao se destituyó al 58%, en la Diputación de Bizkaia al 42% y en la Diputación de Gipuzkoa en torno al 40%. Como mínimo en los Ayuntamientos de las tres capitales vascas se destituyó en torno al 40% del funcionariado”, recuerda Ipiña, que reconoce que comenzó con esta investigación “de casualidad” hace 20 años y que desde entonces se ha convertido en algo que “le apasiona”, pero pide “más facilidades” para poder acceder a archivos públicos. “Nos ponen muchas trabas en algunos archivos y eso dificulta nuestras investigaciones, muchas veces porque a los propios trabajadores del archivo y a algunas instituciones no les gusta que estemos investigando sobre esto”, confiesa.

A pesar de que muchos investigadores se hayan centrado en los últimos años de sacar a la luz la purga del franquismo contra la enseñanza, para Ipiña hay otros colectivos de funcionarios, como, por ejemplo, el cuerpo de Bomberos, donde las sanciones fueron más cuantiosas. En Bizkaia, concretamente, el 96% de la plantilla fue destituida. Esto se debe a que se buscaba controlar, cuando no eliminar “a todos los jóvenes con edad militar”. “En aquella época el cuerpo de Bomberos estaba compuesto por chicos jóvenes, sanos, montañeros y en su mayoría nacionalistas vascos que habían combatido en la guerra. La intención del régimen era tratar de evitar nuevos enfrentamientos y más con personas que sabían utilizar armas”. Aun así, la intención del franquismo era crear un nuevo Estado, por lo que, a pesar de que tuvieran una ideología que entrase en controversia con el régimen, había algunos funcionarios, como los médicos, a los que sancionaban, pero no destituían, porque “era difícil y caro sustituirlos y hacían falta”.

Depuraciones en Vitoria desde el mismo golpe de Estado

Según investigaciones propias, en Álava y, en particular, en Vitoria también se produjo una purga de funcionarios que fueron leales a la legalidad. Solamente un dato, cuando Rafael Santaolalla asumió la alcaldía de la ciudad a las 24 horas de iniciarse la sublevación, seis trabajadores municipales no se cuadraron ante el izado de la bandera no oficial, la roja, amarilla y roja. Se interpretó como un “gesto despectivo de suma gravedad” y fueron identificados. Eran dos oficiales, dos botones (Juan Apellániz y Jesús Armentia) y dos temporeros (Prudencio Herrero y Javier Ochoa). Las siguientes semanas, Santaolalla prosiguió depurando al personal no afecto al nuevo régimen. En los pueblos de Álava también fueron ubicadas en las instituciones personas afines.