La Audiencia Provincial de Álava ha entregado al Estado, a través del Tesoro Público, la cantidad de 186.488,89 euros, un dinero que devolvió el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, justo antes de entrar en la cárcel por corrupción el pasado mes de julio en concepto de “decomisos”. Estas cantidades resarcen el quebranto producido por las comisiones ilegales percibidas por el político en la promoción de un polígono en Zambrana, en el parque tecnológico de Miñano o en la reforma de su vivienda en Gorliz a costa de un constructor, cifrado en su día en unos 171.000 euros.
Sobre el 'caso De Miguel', que ha sido el mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi y cuyas penas ya se están ejecutando desde que el Tribunal Supremo diera por firmes el grueso de penas impuestas por la Audiencia Provincial de Álava en 2019, en no pocas ocasiones se ha tratado de minimizar su efecto económico arguyendo que apenas suponía unos pocos miles de euros. Sin embargo, además de las cuantías ahora recogidas, las responsabilidades económicas son muchas más. También el Gobierno vasco recuperó unos 146.000 euros por el fraude en las contrataciones de la dirección de Juventud y, antes, en 2018, la familia Arruti abonó unos 130.000 euros por fraude fiscal también relacionado con Zambrana. Como dato de referencia, en el caso concreto de De Miguel se acercaba la suma de todos los conceptos a 700.000 euros. Se pueden ver aquí más detalles sobre las condenas.
Indican fuentes judiciales que “en cuanto al decomiso solidario por 17.070,59 euros al que estaba condenado De Miguel junto con los otros dos exdirigentes del PNV en Álava Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, queda pendiente de pago al Tesoro Público la cantidad de 1.895,70 euros ya que no ha sido consignada en el juzgado a fecha de este miércoles”. Ochandiano también está ya encarcelado desde julio pero no así Tellería, pendiente aún de que se analicen sus alegaciones sobre problemas de salud.
Por otro lado, la Audiencia Provincial de Álava -a través de una sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Ana Jesús Zulueta y Francisco Javier García Romo- ha ordenado ya la disolución de las mercantiles pantalla de la trama, en concreto, de Kataia Consulting, Ortzi Muga y Errexal. Kataia es un nombre que deriva de las iniciales de los nombres de De Miguel (Txitxo era su apodo), Ochandiano y Tellería, así como de sus respectivas esposas, que eran las testaferros del negocio opaco. Como Ortzi Muga, ya no existía desde años. Sin embargo, la medida sí golpea de lleno a Errexal, donde De Miguel tenía como socio el exedil de Leioa Iñaki San Juan, que ha evitado la cárcel a pesar de tener una condena próxima a los cinco años por ser una suma de delitos pequeños. San Juan había cambiado el nombre de la mercantil a Perexila Proyects (o Karabansarai) y seguí trabajando incluso con contratos públicos, también en su Leioa natal.
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