La opositora Thais Salas tuvo unos 25 fallos en un examen de unas 100 preguntas de de Cirugía Plástica que realizó el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dentro de la gran oposición de especialidades médicas de 2018. Lo llamativo es que en la mitad del cuestionario que elaboró su suegro, el doctor Alfredo Martínez Flórez, apenas tuvo dos fallos y que, en la otra mitad, llegó al aprobado raspado. Con todo, fue la mejor nota y a nadie entre la veintena de opositores causó sorpresa el resultado. Hay voces que llevan años alertando de que es “vox populi” en la mayor empresa vasca que las plazas médicas están previamente determinadas mediante filtraciones selectivas.
Sin embargo, saltó una alerta en un despacho y movilizó a dos altos cargos de la Administración vasca. Uno era el entonces director de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, ya destituido por el ocurrido. El segundo era (y es) el secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Fulgencio Aledo. Precisamente la Sanidad vasca externalizó la elaboración de parte de las pruebas al IVAP para garantizar la limpieza del proceso, pero como no tiene médicos especialistas acabó solicitando a Osakidetza que le eligiera quién iba a poner las preguntas. Soto y Aledo convocaron allí mismo a Salas y a Martínez Flórez, en el propio edificio de Vitoria en que se realizó el examen. Les hicieron ver lo llamativo de lo ocurrido y les plantearon que si la doctora renunciaba a la nota no habría consecuencias disciplinarias y todo quedaría en casa.
48 horas después del examen, el asunto aún no estaba resuelto. Y Soto y Aledo llamaron a Martínez Flórez para que se desplazara desde Donostia, donde está destinado, hasta la sede central de Osakidetza, en Vitoria. De nuevo, le volvieron a hacer el mismo planteamiento. Y esta vez accedieron, ya que Salas envió un mensaje por correo electrónico a Aledo comunicándole la renuncia. Lo hizo desde una cuenta personal de Hotmail y no desde los cauces corporativos. Aledo, sin más comprobaciones, lo dio por bueno y lo reenvió acto seguido al responsable de Recursos Humanos. El nombre de la opositoras fue eliminado del listado y su nota se esfumó.
Ésta es la reconstrucción realizada por el sindicato LAB de los testimonios de testigos e imputados que han pasado esta semana por el juzgado de Vitoria que investiga el fraude en aquellas oposiciones. Como ESK, LAB ejerce la acusación popular. La denuncia de Cirugía Plástica llegó a oídos de los investigadores desde los propios opositores una vez iniciada esta causa por las irregularidades ya conocidas en Anestesia, Digestivo o Angiología, entre otros exámenes. El patrón es que los opositores relacionados con los autores de las preguntas -principalmente por trabajar en el mismo hospital- sacaron las mejores notas, en algunos casos perfectas cuando los ejercicios eran de elevada dificultad. El martes declaró Aledo como testigo y este jueves, en calidad de imputados, Salas, Martínez Flórez y otros dos vocales del tribunal.
Según el abogado de LAB, Iñigo Santxo, su delegado en Osakidetza, Jesús Oñate, y la responsable de Servicios Públicos, Eider Casanova, haber conocido estos hechos ha sido un “golpe de suerte”. En la investigación interna que realizó el propio Servicio Vasco de Salud no constaba nada de estas reuniones y comunicaciones. El propio consejero en 2018, Jon Darpón, aseguró que en Cirugía Plástica no había anomalía alguna. Y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, añadió: “El expediente concluye que el tribunal ha actuado en todo momento de conformidad con las bases de la convocatoria. Las actuaciones del tribunal han garantizado la objetividad”.
El testimonio clave que destapó estos hechos fue el de Aledo, el martes. Compareció en calidad de testigo, esto es, con obligación de contestar a todas las preguntas y de decir la vedad. En su declaración -siempre según la versión de LAB- manifestó que Múgica les “ordenó” que “arreglaran” lo ocurrido a Soto y a él. Lo llamativo es que este alto cargo ya había comparecido en dos ocasiones anteriores. Una en la investigación interna y otra también como testigo en el juzgado. Nunca había contado estos hechos. Alega que “no consideró que tuvieran entidad suficiente”. Este periódico ha tratado de conocer la versión del aludido, pero ha optado por no hacer comentarios en tanto que el asunto está judicializado, según fuentes del IVAP. Tampoco Múgica cuando fue testigo, una comparecencia cuya fotografía fue hurtada a los medios de comunicación porque contó con la ayuda de agentes de la Ertzaintza para escabullirse.
LAB: “Osakidetza de se dedicó a tapar las evidencias”
Salas y Martínez Flórez, en su condición de imputados, tienen derecho a no contestar, a no incriminarse e incluso a mentir. En ejercicio de esta prerrogativa, no atendieron las preguntas de LAB sobre estos hechos, pero sí admitieron a instancias de la representante de la Fiscalía en el interrogatorio que las reuniones, al menos, existieron. Eso sí, rechazan que se produjeran las filtraciones. LAB remarca que no hay actas de nada de aquello, por lo que asume que se decidió “ocultarlo”. “[Osakidetza] Se dedicó a tapar las evidencias más llamativas y a ocultarlas hasta que el escándalo saltó a la opinión pública. En definitiva, hizo lo que venía haciendo en todas las OPE, neutralizar las denuncias”.
Se da la circunstancia de que en junio y julio de 2018, cuando saltó a los medios de comunicación el caso, el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, solía repetir que no había “elementos objetivos” para probar las denuncias de filtraciones. Es más, criticó que se hicieran “quinielas” ante notario –Elkarrekin Podemos y ESK pronosticaron quiénes iban a sacar plaza en algunos exámenes- sin que previamente se diera la alerta internamente a Osakidetza para detener lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el equipo de Darpón no solamente conocía el caso de Cirugía Plástica sino que en esas mismas fechas mantuvo otra reunión con un vocal del examen de Cardiología que llevaba semanas alertando de irregularidades, Ángel Loma-Osorio, sin que de ella se desprendiera ninguna actuación. Además, en una tercera especialidad, en Traumatología, parte del tribunal se reunió de manera extraoficial en el hotel Astoria de Donostia (ahora Zinema7) para ajustar los criterios de corrección.
En este contexto, LAB quiere que se amplíe la nómina de imputados más allá de los once actuales. Quiere que sean citados como tal Soto y Aledo y sus superiores, Múgica en Osakidetza y, en el caso del IVAP, Maite Iruretagoyena. Se da la circunstancia de que ella dejó el cargo justamente a finales de junio, algo que el sindicato atribuye a estos acontecimientos pero que el Gobierno niega. Demandará también el procesamiento de Pilar Uriarte, actualmente responsable de Recursos Humanos de Salud por no haber colaborado con la investigación. Además, insiste en acusar de “asociación ilícita” a la cúpula de la Sanidad vasca, incluido Darpón, por haber organizado una OPE “a medida para que hubiera filtraciones”.